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Una funcionaria acusada de dar papeles a inmigrantes alega que lo hizo por estado de necesidad ante pagos hipotecarios – Inmigrantes ilegales –

Una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid ha reconocido en un juicio que dio papeles de forma irregular a inmigrantes a cambio de cantidades de entre 2.000 y 5.000 euros, alegando que lo hizo por la difícil situación económica que atravesaba ante pagos hipotecarios de su vivienda y personales relacionados con varias intervenciones quirúrgicas por la enfermedad de obesidad mórbida que sufría.

Un Jurado Popular ha comenzado a juzgar a los miembros de una trama encabezada por una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que prestaba sus servicios en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid. Salvo la principal acusada, el resto de procesados niega su participación en los hechos.

"Yo modificaba los papeles o bien recogía documentos que no se correspondían con los que había que entregar. Por ejemplo, si había que entregar un certificado de penales y no lo traían, yo decía que sí se había entregado. A cambio, cobraba entre 2.000 y 5.000 euros. Lo hice entre diez y doce veces. Sé que era irregular y estoy muy arrepentida por ello. Con ese dinero pagaba las deudas", ha manifestado Ana María L.V., la principal acusada.

En el banquillo de los acusados se sientan Ana María L.V., Lester D.M., Virgilio S.L., Ashley H.R. y Alejandra L.A. por los delitos de falsedad documental y cohecho continuado. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 12 años por autor de las infracciones y los cinco años de cárcel como cooperador necesario.

Otro de los acusados, Lester D.M., ha asegurado que no sabía que los papeles que le iban conseguir podían proceder de documentos falsificados y que era ajeno de esas irregularidades, por lo que ha negado que haya participado como cooperante necesario de esta trama irregular. Además, ha dicho que si es algo, sería un perjudicado de la trama.

De igual modo, Virgilio S.L. ha asegurado que no era consciente de la actuación ilegal de la principal acusada. Su defensa ha recalcado que no ha prueba suficiente de que su cliente conociera los hechos irregulares de la acusada y si tuvo algún tipo de lucro.

Según el fiscal, Ana María L.V. alteró durante los años 2005, 2006 y 2007 al menos en 30 ocasiones, a través de los datos informáticos de su ordenador, el tiempo de permanencia de los extranjeros en España.

Así, hacía constar un periodo mínimo de permanencia en España de dos años, carecer de antecedentes penales y el país de origen de los referidos extranjeros, así como existir vínculos laborales en España por periodo no inferior a un año.

La alteración de los documentos se realizaba para conceder el permiso de residencia a cambio de una cantidad de 2000 y 5000 euros. Los otros acusados se encargaban de captar a ciudadanos extranjeros que necesitaban obtener dichos permisos teniendo pleno conocimiento de las circunstancias previas.

EuropaPress

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