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Los primeros efectos de la reforma laboral

Las "agresivas" medidas de la reforma laboral "no van a tener efectos a corto plazo" pero "sentarán las bases para el crecimiento y la creación de empleo futuros". Así defendió en febrero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la transformación de las leyes que rigen el mercado de trabajo, cambio que ha coincidido además con una recaída en recesión de la economía española.

Ya se conocen algunos ejemplos reales de su aplicación, aunque aún es pronto para un análisis completo. El decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros el 10 de febrero está en proceso de modificación en el Parlamento, y el propio Partido Popular ha propuesto enmiendas que suavizan algunos aspectos clave, como los requisitos para el despido por absentismo y la limitación de las causas económicas para el despido procedente.

A falta de conocer la evolución del paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en el mes de abril, el primer mes y medio de la reforma se saldó con 151.038 personas más apuntadas al paro. Es decir, se mantuvo la línea del último año: este repunte tuvo lugar tras ocho meses consecutivos de aumento del desempleo. En total, 4,75 millones de personas apuntadas al Servicio Público de Empleo Estatal.

Por su parte, la Encuesta de la Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que en el primer trimestre el paro repuntó en 365.900 desempleados, lo que supone 5,6 millones de parados, un 24,4% de la población activa.

Las administraciones públicas pueden utilizar el nuevo marco legal que permite despedir personal laboral. Una de ellas es la Generalitat Valenciana, que prepara un expediente de regulación de empleo para gran parte de los 1.800 trabajadores que forman la plantilla de Radio Televisión Valenciana (RTVV).

La Diputación de Albacete fue una de las primeras en reducir personal al anunciar en marzo un expediente de regulación de empleo para 42 bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei). Tras negociar con los sindicatos, en abril acordó el despido de 18 de estos trabajadores fijos-discontinuos con 32 días por año de indemnización, la jubilación de tres y la reubicación en otras tareas del resto.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha presentado a los sindicatos un plan para el sector público que incluye la reducción en un 15% de jornada y sueldo para 6.800 interinos y la posibilidad de traslado geográfico y funcional de hasta 45.000 trabajadores, 32.000 funcionarios y 10.000 contratados laborales.

Los sindicatos CCOO, UGT e IAC denunciaron que estas medidas son posibles por la reforma laboral y criticaron que el ERE es "despótico" porque la Generalitat rechaza negociarlo, según informó Efe.

En Andalucía, la alcaldesa socialista de La Línea de la Concepción aprovechó la reforma laboral para anunciar otro ERE para 65 trabajadores municipales, medida con la que espera ahorrar 1,7 millones de euros en nóminas al año.

No obstante, la reforma laboral también ha sido planteada por empresas privadas. Una de ellas es Iberia. Inmersa en un conflicto con sus pilotos por la creación de Iberia Express, filial de bajo coste, la compañía convocó a sus trabajadores para anunciarles la necesidad de "proceder a la inaplicación de determinadas condiciones del convenio colectivo de pilotos por causas de carácter productivo, económico y organizativo".

En concreto, Iberia quiere negociar un recorte salarial del 20% a través de una bajada de sueldo del 12% y un 'tijeretazo' adicional del 8% mediante la supresión del IPC y de las dietas. Precisamente la reforma laboral permite modificar algunas condiciones laborales, como horarios y salarios, por causas económicas si la empresa acumula seis meses consecutivos de caída de ingresos o ventas.

Para denunciar los casos ya aplicados, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han publicado sendas 'listas negras' de la reforma laboral.

La reforma laboral entró en vigor con la publicación del decreto Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de marzo. Los últimos datos de contratación del Servicio Público de Empleo, cerrados a finales de aquel mes, muestran que entre enero y marzo se firmaron 248.878 contratos indefinidos -incluido el nuevo bonificado- y 2,7 millones de temporales.

Es decir, un 19,2% y un 6,6% menos, respectivamente, que en el primer trimestre de 2011. Y en plena recesión.

Fuente: elmundo.es

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