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Medio millón de inmigrantes irregulares se quedarán sin la cobertura sanitaria

Más de medio millón de inmigrantes perderán la cobertura sanitaria integral de la que ahora gozan en España porque se encuentran en situación irregular y, de salir adelante la modificación de la Ley de Extranjería anunciada por el Gobierno el pasado viernes, ya no bastará con estar empadronado para acceder a una tarjeta sanitaria.
En la actualidad, 573.712 inmigrantes figuran en las estadísticas oficiales como residentes en España sin autorización, ya que 3,2 millones de personas nacidas en países de fuera de la Unión Europea están empadronadas en el país pero son 2,6 millones los permisos expedidos a ciudadanos de estas nacionalidades.

Estos datos son fruto de cruzar el avance de resultados del Padrón Municipal a 1 de enero de 2012 que elabora el Instituto Nacional de Estadística con el balance oficial de permisos de residencia cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
La ley vigente garantiza a los 'sin papeles' empadronados las mismas condiciones que los españoles
No obstante, la cifra está sujeta a variaciones, principalmente porque el Padrón Municipal se actualiza cada dos años, por lo que pueden figurar inmigrantes que hayan fallecido o abandonado el país y que aún no hayan salido del registro de sus municipios de residencia. Además, esta cadencia en la depuración de los datos hace que sólo cada dos años se eliminen las posibles duplicidades.

Esta puede ser una de las razones por las que sólo un año antes, en 2010, la diferencia entre ambas estadísticas arrojaba un balance de 872.556 personas residiendo en España sin permiso para hacerlo y 835.530 en el año 2009. Con todo, un extranjero puede regularizar su situación en España reuniendo una serie de requisitos de empleabilidad al cabo de tres años de residencia en el país, antigüedad que estas personas acreditan con el registro del Padrón.

Además, inscribiéndose en el registro municipal los extranjeros no comunitarios pueden acceder a una tarjeta sanitaria estén o no en situación irregular, ya que el artículo 12 de la Ley de Extranjería reconoce que los inmigrantes "inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".

Este derecho fue introducido en 1999 por el Congreso a través de una Proposición de Ley de Extranjería que partió de varios grupos parlamentarios y de la que, pese a participar en un consenso inicial, el Grupo Popular se descolgó por entender, entre otros motivos, que la normativa hacía imposible expulsar a extranjeros irregulares. Pese a ello, la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vio la luz porque por aquel entonces el Gobierno no gozaba de mayoría suficiente para imponer su criterio.

Caso aparte son los extranjeros procedentes de países europeos. Del cruce de datos del INE y la Secretaría General destaca la diferencia entre el número de europeos que figuran en el padrón y quienes tienen una tarjeta de residencia. Dado que la libertad de circulación, residencia y trabajo en la Unión Europea les exime del imperativo de gozar de autorización para vivir en España, hay muchos europeos que residen en el país y no llegan nunca a empadronarse.

De hecho, según los datos hay 2,4 millones de europeos registrados en España, 100.000 menos que los que gozan de una tarjeta de residencia. Con todo, estos ciudadanos necesitan estar registrados para realizar trámites administrativos o acceder a la Sanidad y a la Justicia en España, entre otros, y lo hacen mediante la obtención del Número de Identidad de Extranjero (NIE), una tarjeta similar al DNI para cuya obtención no es preciso estar empadronado.

Sobre este asunto, un estudio publicado en 2010 por el Real Instituto Elcano reveló que el 21% de los dos millones y medio de europeos que viven en España son jubilados que en la mayoría de los casos no se empadronan por no pagar impuestos, porque no están integrados (no hablan el idioma), por no perder derechos sociales en sus países de origen o por desconocimiento.

El informe, señaló que "la población extranjera retirada tiende a no empadronarse" en el municipio de residencia, "a pesar de lo cual acceden a determinados servicios y beneficios sociales", lo que "causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de los Ayuntamientos y otras administraciones públicas para planificar la dotación de servicios".

Fuente: elmundo.es

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