La Dirección General de la Policía da por supuesto que este tipo de redadas no se estén produciendo y asegura que la circular persigue "desarrollar por escrito pautas para aportar mayor claridad y concreción a la actuación policial" en los "dispositivos operativos preventivos" que solo persiguen erradicar las redes de inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
La circular recoge la "improcedencia" de trasladar a comisaría a los extranjeros que a pesar de no tener los papeles en regla y se constate su estancia irregular en España, hayan podido demostrar su identidad (es decir, están documentados) y puedan justificar un domicilio.
Varias ONG de inmigrantes llevan denunciando ya unos años que se siguen produciendo en las grandes ciudades, como en Madrid y Barcelona, redadas indiscriminadas de extranjeros sobre todo en puntos de transporte, como las bocas del metro o las paradas de autobús. El Ministerio del Interior, gobernado por el PSOE cuando surgió la polémica, siempre defendió que no se producían y que las identificaciones perseguían como objetivo solo la prevención del delito.
La polémica nació a principios del año 2009, cuando se filtró a la prensa un documento interno de una comisaría de Madrid en la que se pedía a los agentes un cupo semanal de detención de inmigrantes.
"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recogía una nota interna fechada en febrero de 2009.
El documento daba prioridad a identificar a ciudadanos marroquíes, ya que si estaban en España en situación irregular, "se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible". Las redadas se siguieron produciendo meses después, según denunciaron algunos sindicatos policiales. Ahora, la circular especifica que las identificaciones de personas que infundan sospechas se realizarán de manera "proporcionada, respetuosa y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo".
Dos caminos hacia la expulsión
Cuando un policía identifica a un inmigrante irregular, este suele seguir dos caminos. Interior le incoa un expediente de expulsión y le retiene la documentación que pudiera llevar. Es detenido y el juez decide si lo ingresa en un CIE o lo deja en libertad por falta de plazas. En el CIE puede estar un máximo de 60 días hasta que se identifica de que país procede y se le expulsa. Si no ingresa en un CIE, se tramita su expulsión y se le comunica que tiene que abandonar voluntariamente España. Si no lo hace, se le expulsa.Fuente: - 20minutos.es
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