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Los abogados ven inconstitucional negar la asistencia al inmigrante

La Constitución española consagra el “derecho a la protección de la salud”. Varios estatutos autonómicos van más allá y establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”. Tratados internacionales suscritos por España completan esa visión de la sanidad como un derecho humano, universal e igualitario. Este es el argumento con el que los colegios de abogados dieron ayer motivos para un posible recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que restringe la cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular.
Ese punto colisiona directamente, según el Consejo General de la Abogacía (que agrupa a todos los colegios) con la Carta Magna y con los Estatutos de Autonomía de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Gobierno de esta última comunidad y también el PSOE estudian la reforma sanitaria para determinar si invade competencias autonómicas y si incurre en inconstitucionalidad. No descartan recurrirla. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, asegura que la ley está muy estudiada y que no choca en absoluto con la Carta Magna.

El real decreto presenta varios problemas, según el Consejo General de la Abogacía. El Gobierno tiene, según la Constitución, potestad para aprobar normas con rango de ley —como la publicada la semana pasada en el BOE— por razones de necesidad urgente. Sin embargo, esa potestad no permite afectar derechos fundamentales, como el derecho a la salud. “Tampoco los estatutos de autonomía pueden ser modificados por un real decreto aludiendo a esa vía urgente”, explica Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía, que agrupa a 162.000 abogados.

Y alude a estatutos como el de Aragón, que recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.

El derecho a la salud está recogido también de manera expresa en el Estatuto de autonomía de Cataluña, que tiene rango de ley orgánica y que fue aprobado en 2006. El artículo 23 del Estatut se refiere expresamente a los “derechos en el ámbito de la salud” y el primer párrafo es muy claro cuando dice que “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública en los términos que establezcan las leyes”, informa Pere Ríos.

"El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si está no puede desasistirle", dice un experto
En el País Vasco concurre, además, el hecho de su especial sistema de financiación, explica Juanjo Álvarez, catedrático de la Universidad del País Vasco. Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, cree que en la manera de tramitar las reformas del Gobierno hay un “menosprecio al valor normativo”. Este experto admite que el título VIII de la Constitución permite al Ejecutivo legislar a base de decretos leyes, ya que le autoriza a modificar la legislación básica. Pero Álvarez indica que esto es “un señuelo”, porque el propio Gobierno decide qué es básico, informa Emilio de Benito.

Ante esta “clarísima intromisión en las competencias autonómicas”, a las comunidades solo les queda la posibilidad del recurso al Constitucional. “No sé si el Gobierno central es consciente del alcance de la medida. A lo mejor aquí se decide que la sanidad y la educación son prioritarias. El tema de la atención a inmigrantes no se siente como un problema, y el real decreto restringe unilateralmente la capacidad normativa”, dice Álvarez. Los estatutos “hablan de ‘todas las personas’ y no todos los aragoneses o los catalanes...”, explica Aguelo, que recuerda que en el derecho a la salud no cabe la discriminación. “Cualquier persona que se encuentre en territorio español tiene derecho a la atención sanitaria en idénticas condiciones. Otra cosa es hasta donde podemos llegar en esa atención y más ahora con una complicada situación económica. El Estado tiene capacidad para alejar a una persona en situación irregular pero si están en territorio español lo que no puede hacer es dejar de atenderle, desasistirle”, añade.

El PSOE y la Junta de Andalucía estudia el decreto y no descartan recurrirlo al TC
El Consejo General de la Abogacía cree que la medida puede provocar, además, situaciones muy complicadas. “Se está condenando a la muerte a muchas personas, y si se produce cualquier situación de ese tipo por falta de asistencia, el Estado responderá patrimonialmente y saldrá más caro el remedio y la enfermedad. Existe el derecho a reclamar esa atención médica”, afirma el presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo.

Sanidad, no obstante, asegura que la reforma no incurre en inconstitucionalidad. “Respetamos todas las opiniones, pero este real decreto, como todas las normas que elabora el Gobierno, es sometido a los criterios de abogados del Estado y a la secretaría general técnica que analizan el contenido de la ley”, dice la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. “En este caso han intervenido varios ministerios, como Presidencia, Sanidad y Justicia, que han analizado con detalle su contenido y dieron su visto bueno”, asegura.

El PSOE comparte la opinión del Consejo de la Abogacía y cree que hay indicios de que el decreto ley incurre en inconstitucionalidad. “También creemos que invade competencias jurídicas de las comunidades y de derechos universales”, explica José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad de este partido. Por eso está estudiando la reforma para determinar si cabe algún recurso. “Estamos hablando de sanidad, una de las prestaciones más importantes que tienen los ciudadanos”, dice Olmos, que asegura que el real decreto no solo invade competencias sino que tiene también muchos agujeros prácticos que perjudicará a los ciudadanos. “¿Qué pasará, por ejemplo, con el transporte sanitario urgente por avión entre las islas y la península?”.

Fuente: elpais.com

8 comentarios

Anónimo dijo...

Los abogados de donde. Pues bien, que pongan los dineros ellos para que reciban asistencia. Que bonito es administrar el dinero de los demás, listillos de abogados.

Anónimo dijo...

lo que les pasa a estos es que se les acaba el chollo de la inmigración de la que muchos en sus puestos de abogados de ONGS viven,inconstitucional es estar sin papeles en un país,ademas de un delito,supongo que eso también lo habrán estudiado estos mindundis,me parece increíble que la ÚNICA medida que ha hecho bien por ahora el PP sea criticado por todos los partidos de la oposición y todos ellos vean inconstitucionalidad al hecho de retirarles la tarjeta sanitaria que no es la asistencia a los inmigrantes ilegales que no pagan ni impuestos y solo son un carga para el restos de españoles y de inmigrantes que si pagan, vergüenza de supuestas izquierdas que tenemos en España criticar esta medida.

Anónimo dijo...

ojala kerido anonimo q nunca te veas obligado a emigrar y emfermrmar tan lejos de tu tierra, nunk.sabems los q nos puede pasar el dia de mañana emigrar no es facil y mas aun q cuando gente kmo tu habre el piko sin saber ni conocer la realidad de los demas no juzgues sin conocer mi amigo soy un sinpa

Anónimo dijo...

cotiza como el resto y tendrás tus papeles y tu derecho como el resto que cotiza a la sanidad,lo que no se puede es decir darme de todo porque soy de fuera pero a la hora de pagar igual que el resto decir que no que tu eres ilegal y que como tal no pagas,a los que cotizamos nos quitan un buen pedazo de sueldo para mantener la sanidad que tu hasta ahora disfrutabas sin dar un solo euro,eso amigo no es justo o pagamos todos o no paga nadie pero claro haber entonces como se sostiene el sistema, estáis mal acostumbrados en cualquier país del mundo vosotros no habríais tenido sanidad alguna,bastante ha hecho España ayudándoos mas que nadie en este mundo pero es que ahora no hay dinero y vosotros podríais tener un poco de vergüenza y emigrar a otros países en mejores condiciones que el nuestro y no seguir pidiendo a un escaparate vació como es el de España,que estamos de liquidación,no se si te habrás dado cuenta.

Anónimo dijo...

Pero, ante todo, hay un derecho fundamental, que no puede ser vulnerado. Cosa distinta es la financiación y las fórmulas que pudieran llegar a implementarse. Si una persona llegase a contraer una enfermedad infectocontagiosa, que podría haberse evitado si hubiera recibido atención médica adecuada, en el momento oportuno, será responsabilidad del Estado que se llegue a producir una ola de contagios. Y lo propio si la persona muere, porque, en ese caso, los familiares podrán demandar al Estado.

Anónimo dijo...

Un aplauso al Español Anónimo!
Soy inmigrante. Vine de Argentina buscando algo mejor.
Vine con mi hijo, pero a trabajar!
Jamás pedí ayudas por mi condición.
Jamás pretendí q se me diese mas de lo correspondido.
España dio mucho, no se le debe ni puede pedir mas!
Igual como siempre la culpa no es del q pide, sino del q da!
La falta de control en los aeropuertos, la falta de control en los sellados del pasaporte,
La falta de control y vista gorda en los comercios donde trabajamos inmigrantes.
La seg Social se queja, pero hay mas delito del q creemos...y no todo viene de mano de los extranjeros.Los sueldos en negro también afectara al país, no?
....y existe en España....

Anónimo dijo...

es que no se va a dejar de atender a nadie,por supuesto no somos nazis para dejar a nadie morir,de lo que se habla es de la tarjeta sanitaria aquella que solo debería darse a los que cotizasen sean de aquí o no,pero no veo justo que una persona que no cotiza tenga los mismos derechos que otra que si lo hace porque eso es una injusticia,que las cotizaciones no salen baratas es un buen cacho de sueldo que ahora vendría muy bien,si alguien esta malo de verdad solo tiene que ir a urgencias donde se les va atender igual que si fuera en la consulta con la diferencia de que los que cotizan no tendrán que ver como un servicio que pagan esta saturado por personas que no aportan,en cuanto a lo de la demanda pues que quieres que te diga haber si encima de que se saltan la ley y permanecen en España sin permiso nos denuncian,pues muy bien que lo hagan aunque dudo mucho que pase eso que tu dices ya que no se va a dejar a nadie morir como un perro,si están enfermos de verdad serán atendidos en urgencias,punto y no hay ninguna inconstitucionalidad en eso ya que se les va atender si se encuentran enfermos de verdad no como ahora que llenaban las consultas por gilipolleces o al menos era así donde yo vivo,en una ciudad del corredor del henares en Madrid,yo solo hablo de lo que conozco.Y otra cosa España era uno de los pocos países del mundo que daba asistencia sanitaria gratuita a ilegales,del mundo,no se muy bien quien eran los otros 3 creo que eran, así que menos tonterías con lo del derecho fundamental, porque democracias y países mucho mas avanzados que el nuestro como Alemania no permite estas cosas por poner un ejemplo,que ya vale de tanto buenismo inútil con el barco hundiéndose ostias.

Anónimo dijo...

por supuesto mano dura con el empresario,penas de cárcel por no tener asegurados a sus trabajadores,pero de lo que hablamos es del tema sanitario que ya era hora que si hiciera un poquito de justicia para los que cotizan y pagan impuestos que son los que realmente sostienen el país y la asistencia en urgencias esta garantizada,no entiendo tanto revuelo cuando en otros países mas avanzados esta esto de siempre.