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La reforma de las pensiones de la que no se habla

Un sistema de pensiones de "cuentas nocionales". Puede que a la mayoría de los españoles este nombre les suene a chino, pero a partir de ahora quizás empiecen a escucharlo mucho más a menudo. Numerosos expertos creen que es la única salida para salvar el actual modelo de reparto. En Suecia, ya se puso en marcha hace más de una década, y otros países europeos están caminando en esa dirección. En España, los políticos han esquivado el tema, pero cada día será más complicado no hacerle frente.
Este viernes, el Consejo de Ministros tiene por delante una de sus reuniones más esperadas. El Gobierno presentará su segundo plan de reformas, con las medidas que ha pactado en Bruselas para, teóricamente, impulsar el "crecimiento económico y la creación de empleo". Y de entre todos los anuncios, quizás el que más expectación ha levantado ha sido el de la posible reforma de las pensiones. En principio, no debería haber novedades sobre las prestaciones actuales; más bien, lo que se planteará es un esquema a medio plazo, para modificar el sistema de pensiones actual y hacerlo "sostenible", quizás el adjetivo más utilizado por los políticos cuando hablan de esta cuestión.
Hasta ahora, todo lo que se ha hecho son retoques sobre un modelo que casi todos los expertos advierten que está al borde de su capacidad de aguante, quizás no ahora, pero sí a medio plazo (y los cambios en pensiones hay que hacerlos a una década vista). De esta manera, subir a los 67 años la edad de jubilación o cambiar las reglas para el período de cálculo son sólo un parche, lo que los expertos llaman "cambios paramétricos".
Hace unas semanas, la patronal de las aseguradoras, Unespa, presentó un documento que podría muy bien servir de base para esa reforma en profundidad del sistema: Un sistema de cuentas nocionales para España. Por un sistema de pensiones solidario, sostenible y transparente y está realizado por un grupo consultivo encabezado por el exministro socialista Juan Manuel Eguiagaray, y que se completa con Rafael Doménech, José María Fidalgo, José Luis Leal Maldonado, Víctor Pérez Díaz y Felipe Serrano. De hecho, la presencia de estas personalidades es especialmente significativa. No sólo son algunos de los expertos más reconocidos en la materia, sino que varios de ellos forman parte del Comité sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones que presentó el Gobierno hace dos semanas.
Reparto, pero menos
Lo primero que hay que decir es que el sistema de cuentas nocionales sigue siendo un modelo de reparto, con todo lo que esto implica. Esto quiere decir que se basa en la llamada "solidaridad intergeneracional": los trabajadores del presente le pagan la jubilación a los pensionistas con sus cotizaciones. Por lo tanto, no hay un ahorro real detrás de las pensiones como ocurriría en un modelo de capitalización.
Sin embargo, el sistema nocional tiene algunas novedades muy importantes que lo diferencian del actualmente vigente. El principal cambio es que pasa de un modelo de "prestación definida" a uno de "aportación definida". De esta manera, a cada trabajador, cuando comienza su carrera laboral, se le abre una "cuenta virtual" en la que se van acumulando las cotizaciones que realice. Cuando llegue el momento de la jubilación, la Seguridad Social le informará de cuánto ha logrado atesorar y esa cantidad se convertirá en un derecho que se irá devengando durante el resto de su vida.
Ejemplo: un trabajador de 65 años tiene 300.000 euros en su cuenta virtual, que corresponden a la suma de las cotizaciones durante toda su vida laboral, ajustadas por un factor de revalorización. La Seguridad Social le informa de que tiene "derecho" a recibir ese dinero en prestaciones a lo largo de los años. Y la cantidad que cobrará mensualmente dependerá de la esperanza de vida que tenga por delante en el momento de la jubilación.
¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Para José Manuel Equiagaray, presidente del Grupo Consultivo de Unespa, la clave está en que es "claro y diáfano". De esta manera, los trabajadores sabrán "cuánto han aportado y tomarán sus decisiones", sobre su vida laboral y sobre cuándo jubilarse. Y todo esto redundará en que las pensiones saldrán del debate político, porque la prestación ya no dependerá de la decisión del Gobierno de turno, sino del ajuste de los parámetros del sistema. En estos momentos, la mayoría de los ciudadanos reconoce que no sabe cuánto cobrará cuando se jubile. De hecho, en general, se tiende a sobreestimar la paga que se recibirá en ese momento.
En cuanto a su sostenibilidad, el informe admite que "en sistema de cuentas nocionales no es exactamente sostenible per se. También está sometido al peligro de encontrarse en un punto en el que hay más compromisos que dinero". Sin embargo, la novedad radica en que "al ser muy transparente, los problemas de sostenibilidad pueden localizarse con inmediatez, y corregirse de forma menos traumática. Más aún, si está bien diseñado y las reglas de reequilibrio están decididas previamente, el sistema conoce siempre lo que debe hacer para garantizar su balance".
Además, el modelo nocional tiene otra ventaja: premia a aquellos que han contribuido por sus aportaciones durante toda su vida activa. En este sentido, se asemeja al sistema de capitalización. Ya no habrá períodos de cálculo de las pensiones que beneficien a unos u otros. Cada uno tendrá lo que ha puesto, lo que incentivará la "responsabilidad" de cada trabajador. Hace unas semanas, alertábamos de "la reforma oculta" de las pensiones, esa tendencia a estrechar la diferencia entre máximas y mínimas que se está produciendo desde hace años y que amenaza con dinamitar el carácter contributivo sobre el que se fundó el modelo.
Los problemas
Como apuntamos, hay que tener muy en cuenta que la bolsa que cada trabajador acumularía es completamente virtual. Para pagarle la pensión seguirá dependiendo de la cotización de otro. Por lo tanto, los problemas demográficos que prevemos para el futuro también le afectan. Es decir, en el cálculo de la pensión también habrá que introducir la sostenibilidad de todo el sistema a medio plazo. Siguiendo con nuestro ejemplo, no es lo mismo que ese trabajador que ha acumulado 300.000 euros se jubile cuando hay 20 millones de cotizantes y una perspectiva demográfica positiva, con millones de jóvenes a punto de entrar en el mercado laboral; que le toque con 10 millones de trabajadores y sin relevo a la vista. En uno y otro caso, la prestación podría cambiar sensiblemente.
Eso sí, este ajuste será menor que el que nos esperaría sin cambios porque el modelo vigente es, directamente, insostenible a unas décadas vista. De hecho, Eguiagaray confía en que, "si crece la economía y la productividad", los ajustes serán menores y, en cualquier caso, serán "transparentes y previsibles".
El segundo problema del modelo nocional es más político y, quizás por eso, más complicado de solventar. En general, desde que se creó el sistema de la Seguridad Social se han otorgado "derechos" en forma de pensiones que son superiores a las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral.
Por lo tanto, si igualamos pagos e ingresos, lo que ocurrirá en la práctica es que habrá un descenso en las pensiones medias. Eguiagaray lo admite pero recuerda que "todas las reformas conducen a una rebaja de la pensión media, no hay que hacerse trampas al solitario. Todas tienden a reducir la tasa de sustitución, pero ahora no se hace de forma tan clara. De hecho, seguir con reformas como hasta ahora tiene sus límites. La variable más eficaz es retrasar la edad de jubilación pero, ¿hasta cuándo podemos alargarlo?".
En este sentido, los autores del informe apuntan a que será imprescindible un "período de transición" que podría suponer "un esfuerzo de transferencia de recursos que equilibrasen en alguna medida esos problemas; recursos que sólo pueden proceder del caudal de ingresos impositivos. La transición puede tener un coste para las finanzas públicas o puede demandar la instrumentación de figuras tributarias específicas hoy no existentes". En este sentido, surge la cuestión de dónde poner "la edad de corte para la reforma", es decir, quién se mantendría en el sistema antiguo y quién en el nuevo.
Por último, está el tema de las pensiones no contributivas. Hasta ahora, buena parte de estas prestaciones se pagaban con cargo a la Seguridad Social. De hecho, el año pasado ya hubo que sacar del sistema a algunos beneficiarios, puesto que no había suficiente con el dinero de las contribuciones. Lo que ocurre es que entonces habrá que pagarlas con fondos provenientes de los impuestos.
El modelo sueco
En cualquier caso, lo que parece evidente es que el sistema de financiación de las pensiones tal y como está planteado actualmente no es sostenible a medio-largo plazo. Los treintañeros que se incorporaron hace una década al mercado laboral saben que no cobrarán pensiones públicas como las que disfrutan sus padres. Pero España no es el primer país que se enfrenta a esta situación.
En Suecia, por ejemplo, en la década de los noventa, se vieron ante la misma problemática. En 1998, gracias al acuerdo entre los grandes partidos suecos, se aprobó un cambio de un sistema de reparto puro a uno mixto, en el que empresarios y trabajadores aportan un 19,5% del sueldo en forma de cotizaciones, de las que un 17% cubre un sistema nocional parecido al descrito en este artículo y un 2,5% se destina a un fondo de capitalización obligatorio y personal para cada trabajador (este último punto está fuera del análisis de Unespa). Por ahora, nada indica que algo así vaya a ser aprobado en nuestro país. Pero los expertos ya avisan de que algo habrá que hacer y no será suficiente con pequeños parches.
"Tanto cotizas, tanto recibes". Desde que se instauró el actual sistema público de pensiones, los políticos de todos los partidos han hecho suyo este lema. Suena a justicia retributiva y a premiar el trabajo duro. A los contribuyentes, se les asegura que cada mes, con su cotización, van adquiriendo un derecho que pasará a ser efectivo cuando se jubilen. De esta manera, aquellos que trabajen más años y aporten más a la bolsa común tendrán luego una paga más elevada.
Sin embargo, la afirmación de que los jubilados reciben en función de lo que pagaron cada vez es menos cierta. Evidentemente, sigue habiendo diferencias entre lo que cobran los que más han cotizado y los que menos. Y las seguirá habiendo, porque políticamente sería muy complicado explicar que quien aporta mucho recibe los mismo que el que casi no ha puesto nada. Pero el margen entre una y otra cifra cada vez es menor. Se trata de la reforma oculta o silenciosa del sistema de pensiones público. Una forma relativamente sencilla de reducir su coste, sin demasiada contestación social. Eso sí, además de una forma de ahorrar, es profundamente injusta.
El sistema de pensiones está abocado a la quiebra. No a la quiebra total que supondría que desaparecieran las pensiones públicas. Sino a decenas de quiebras parciales. Es decir, a los trabajadores cada vez se les pagará menos por trabajar más. Hasta hace poco más de un año, para cobrar la pensión máxima era necesario haber cotizado 35 años y sólo se tenían en cuenta los últimos 15 antes de la jubilación, que llegaba a los 65 años.
Sin embargo, la última reforma cambió todo esto: ahora para cobrar el 100% habrá que tener al menos 37 años cotizados, se tendrán en cuenta los últimos 25 y la edad legal será de 67 años. Si esto lo hiciera una empresa privada se hablaría de impago (porque incumpliría una promesa), pero como lo hace el Estado se dice que es por la "sostenibilidad" del sistema.
Este tipo de cambios tienen una pega para los políticos: son muy visibles. Por mucho que se escondan tras el consenso del Pacto de Toledo, este tipo de movimientos generan muchísima polémica en la sociedad. Por eso, desde hace décadas, los gobiernos de todo color y condición han escogido otra forma de reducir las pensiones, de una manera mucho más silenciosa y que afecta a las mismas bases sobre las que se asienta el sistema.
El actual gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, lo denunciaba en un artículo publicado en Actualidad Económica en marzo de 2011, unos meses antes de llegar a su actual cargo. En 1984, la pensión mínima era de 2.116 euros (en aquel momento, unas 350.000 pesetas al año), mientras que la máxima alcanzaba los 15.812 euros (es decir, era 7,5 veces más alta). En 2010, estas cifras eran de 34.526 y 8.978 euros (menos de 4 veces). Y la tendencia se mantiene en los últimos ejercicios.
Esta convergencia se está produciendo tanto porque sube la pensión mínima, como porque se está limitando la máxima. Desde hace décadas, la prestación más elevada que paga el sistema público sube por debajo de lo que crece la base de cotización. Así, para ganarse el derecho a cobrar el máximo permitido por el sistema, hay que cotizar más cantidad y durante más años.
La "reforma silenciosa"
Los profesores José I. Conde-Ruiz y Clara I. González lo han puesto de manifiesto en un trabajo, publicado el pasado noviembre por la propia Seguridad Social, titulado La Reforma silenciosa: los efectos de los límites máximos y mínimos (de cotización y pensiones) sobre la sostenibilidad del sistema. Según los autores, "la política seguida durante los últimos 15 años muestra dos tendencias claras: el ratio pensión mínima y base mínima ha aumentado hasta el 1,2 (lo cual quiere decir que si un trabajador cotiza por la base mínima toda su vida laboral la pensión que percibe es un 20% superior a dicha base), mientras que el ratio pensión máxima y base máxima se ha estabilizado en el 0,9 (lo cual quiere decir que si un trabajador cotizase toda su vida por la base máxima la pensión que percibiria será un 10% inferior a la base por la que cotizó)".
Este año, por ejemplo, según la propia web de la Seguridad Social, la base máxima de cotización de los trabajadores españoles alcanza los 3.425 euros al mes; mientras tanto, la pensión más alta alcanzará los 2.548 euros (un 25% menos). Según el proyecto de la Seguridad Social para 201, la base máxima de cotización debía subir un 5% y la pensión máxima un 1%.
¿Y qué implicaciones tiene esto para el sistema? Pues básicamente tres:
Ahorro: es evidente que, si se mantiene la tendencia, será más barato pagar las prestaciones de jubilación del futuro. Según los cálculos de Conde-Ruiz y González, "en el caso más extremo puede suponer un ahorro de 3,2 puntos del PIB en 2050 y 6 puntos en 2070", más que la mayoría de las reformas del sistema propuestas hasta el momento.
Más pensiones máximas: la tendencia en los próximos años será que cada vez un mayor porcentaje de pensionistas tenga derecho a cobrar el máximo. Esto es así porque, los trabajadores cada vez trabajan más tiempo y cotizan por una base más elevada. En el escenario más extremo de los calculados por los autores de este trabajo, "en el año 2050 el 75% de todas las altas serán pensiones máximas".
Pensiones más bajas: lograr el ahorro del que hablamos en el primer punto, teniendo cada vez más pensionistas cobrando el máximo, sólo se puede hacer de una manera, consiguiendo que ese máximo sea mínimo. De esta manera, si se mantiene la tendencia, la aplicación de esta reforma puede llegar a suponer una reducción de la pensión media real "de hasta un 50% para los trabajadores con estudios superiores".
Un modelo "asistencial"
La suma de todas estas circunstancias casi está provocando un cambio en la naturaleza misma del sistema, "convirtiendo uno como el nuestro, de tipo contributivo o bismarkiano en otro más asistencial". Es decir, de seguir con esta tendencia, en unos años la diferencia entre los que más y los que menos cobran será mínima. La pensión ya no será un "compensación" por las contribuciones mensuales de los trabajadores, sino una "dádiva" que los políticos conceden a los pobres viejecitos.
Hay que recordar que en un sistema de reparto como el actual, las pensiones siempre se deciden en los Presupuestos Generales de cada año. Y las pagan los trabajadores en activo. Los pensionistas no tienen ninguna bolsa propia de ahorro. Sin embargo, si hay una fuerte relación entre lo que se cotiza y lo que se recibe, al menos los jubilados pueden sentir una cierta justicia en el sistema.
Romper esto es muy peligroso, por dos motivos. Primero, porque los trabajadores en muchas ocasiones no saben con seguridad a cuánto ascenderá su pensión. Así, alguien que sabe que va a cobrar el máximo puede confiarse, creyendo que tendrá un buen pasar en el futuro, y encontrarse con que en el momento de su jubilación, la paga más elevada es en realidad bastante baja. El riesgo para la economía de muchas familias es evidente.
En segundo lugar, rompe los incentivos del sistema por completo. Si no hay mucha diferencia entre cobrar mucho y poco, habrá quien prefiera dejar de trabajar antes, pedir a su empresario que le pague en negro, cotizar como autónomo por el mínimo,... Es decir: una medida de ahorro puede provocar el efecto de reducir los ingresos de la Seguridad Social. Nadie trabaja si no va a poder recoger el fruto de su esfuerzo.

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