Más del 90 por ciento de las mujeres inmigrantes que están en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en la capital española, fueron internadas sin haber cometido algún delito.
Así se desprende del informe “Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento”, divulgado en mayo pasado y elaborado por investigadoras de las Universidades Autónoma, Complutense y Rey Juan Carlos, de Madrid.
Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y directora del estudio, explica que “el objetivo de realizar el trabajo era indagar sobre las razones por las que las mujeres se encuentran en los CIE”.
Un aspecto “difícil de investigar”, ya que a los tres meses de comenzar las entrevistas con las mujeres, el Centro de Internamiento de Aluche les denegó el permiso. La conclusión es bien clara: a la mayoría de las mujeres se les encierra sin cometer delito, sino por causas administrativas.
Las investigadoras hicieron 24 entrevistas, a lo que sumó información proveniente de otras fuentes para llegar a las conclusiones en un informe que acusa al Ministerio del Interior de “inflar artificialmente” el porcentaje de “expulsiones cualificadas” (inmigrantes que han delinquido) en sus balances anuales de lucha contra la inmigración sin documentos, al excluir de forma “injustificada” aquellas motivadas por vulnerar la prohibición de entrada en el país o por entrar de forma irregular.
Si se incluyeran las expulsiones por infracciones administrativas, el porcentaje de “expulsiones cualificadas” se reduciría de 87 a 49 por ciento. Es decir, 49 por ciento de las expulsiones estaría relacionada con hechos delictivos y no 87 por ciento como apunta el Ministerio del Interior.
El informe enfatiza en que la estancia en los CIE por infracciones administrativas tiene una “enorme incidencia” cuando según la ley de extranjería estos hechos conllevan una multa, y sólo “en casos excepcionales” el internamiento y posterior expulsión de la persona inmigrante. “Con la ley en la mano se están incumpliendo las garantías”, sentencia Margarita.
Maltratos
Respecto a las mujeres, según datos brindados por la policía, 153 de las 195 detenidas (78.41 por ciento) en el CIE de Madrid fueron internadas para ejecutar su expulsión por estancia irregular.
Además, 14.87 por ciento estaba en el centro para ejecutar sus devoluciones tras intentar entrar irregularmente al país o por haber infringido una prohibición administrativa de retorno.
Según el informe, sólo en 6.66 por ciento de los casos el internamiento de las mujeres en el CIE de Madrid estaría relacionado con comportamientos delictivos.
Para las investigadoras, esta información sólo admite dos interpretaciones: o es “falso el discurso oficial” según el cual la mayoría de las personas en el CIE fueron recluidas por haber cometido algún delito o, en comparación con los hombres, las mujeres serían tratadas “con mucha mayor dureza” en cuanto a que la mayoría es privada de la libertad por “simples infracciones administrativas”.
Víctimas de trata
La investigación revela que entre las internas en el CIE de Aluche hay víctimas de trata y muestra la vulnerabilidad de la migración femenina subsahariana, población mayoritaria entre las internas.
De las conversaciones con las mujeres en el CIE y de otros indicios, las investigadoras advirtieron una “sobrerrepresentación de mujeres que ejercían la prostitución”.
Si bien las expertas aseguran que “es un aspecto que debería ser objeto de mayor estudio”, interpretan que dicha sobrerrepresentación “probablemente se deba a su mayor exposición pública y propensión a verse sometidas a más controles de identificación”.
También se apunta como posible causa que, “bajo el paraguas de la lucha contra la trata, se estarían llevando a cabo operaciones poco selectivas que recaen sobre prostitutas en general, que se saldan con un elevado número de mujeres detenidas por no tener papeles que terminan ingresadas en los CIE”.
Al CIE van a parar también víctimas de trata. Ello, según las autoras del informe, evidencia que, a pesar de avances a nivel normativo en su protección, “existe una profunda brecha entre los derechos reconocidos en las normas y su aplicación en la práctica”.
Como expresa Victoria García del Blanco, profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos: “El problema básico que hay en los CIE es humanitario”.
Explica que las 24 entrevistas con mujeres indican “que las personas que llegan lo hacen con mucho sufrimiento”. Muchas de estas mujeres habían atravesado un “recorrido difícil, a merced de las mafias, de matrimonios concertados, violaciones, etcétera”.
Las académicas insisten en obtener permiso para continuar con las entrevistas a mujeres encerradas en los CIE y tener acceso al espacio habitual en el que se desarrolla la vida de estas inmigrantes.
“Probablemente no tuvimos acceso a las mujeres más vulnerables”, lamenta Margarita. Su compañera Victoria se queja del miedo que sentían estas mujeres, por la manipulación a la que estaban sometidas: “Hasta el cuarto día no se mostraban, creían que les íbamos a hacer cualquier cosa”, comparte.
El caso de Samba Martine
Durante la presentación del texto se homenajeó a Samba Martine, inmigrante que murió en diciembre de 2011 tras ser trasladada al CIE de Aluche.
El informe acredita que durante los 38 días que estuvo encerrada en el CIE de Aluche, Samba solicitó asistencia a los servicios médicos del CIE al menos en 10 ocasiones, sin que se le prescribiera ni un análisis de sangre.
En el CETI de Melilla, de donde procedía, sabían que Samba Martine estaba gravemente enferma. Un año y medio después de su muerte ni siquiera se ha averiguado qué pasó con su historia clínica, si se quedó en el CETI de Melilla o si llegó al CIE de Aluche.
“Los medios de comunicación tienen que dar a conocer el problema, transmitirlo para que podamos cambiar”, advierte García del Blanco.
“La trágica historia de Samba Martine nos obliga a recordar que cuando el Estado priva de libertad a una persona encerrándola en un CIE, se convierte en el garante de sus derechos fundamentales, de forma muy destacada de su vida y de su salud. Si el Estado no garantiza los derechos básicos de estas personas, la consecuencia, jurídicamente exigible, es que los CIE deberían cerrarse.”
ladoB.com
0 Comentarios