Es la prueba del nueve de que aquello que aparentaba ser inmigración irregular es, además, a veces, trata de seres humanos. En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se hicieron, en verano, las pruebas de ADN a un puñado de hombres y mujeres subsaharianos llegados recientemente con menores, en patera, a la ciudad.
“Había conductas que hacían sospechar a los trabajadores sociales porque los supuestos padres no se preocupaban por sus hijos”, explica Carlos Montero, director del CETI donde se hospedan actualmente cerca mil inmigrantes, el doble de su capacidad. Las pruebas han dado negativo. No son sus hijos.
Milagros Núñez, responsable del programa de atención de Cruz Roja a inmigrantes, también señala que sus voluntarios han observado a veces, en sus centros de acogida Andalucía, que “hay mujeres que no recuerdan cuanto tiempo amamantaron a su hijo, cuando le salió el primer diente y hasta les da asco cambiar el pañal”.
A los que en Melilla se sometieron a la prueba de paternidad y el resultado fue negativo se les retiró a los niños que ingresaron en centros de menores dependientes de la ciudad autónoma. “Esa separación no provocó aparentemente dolor”, según Montero.
Falsos progenitores subsaharianos logran niños para evitar que les expulsen
“Algún falso padre incluso se adelantó y nos confesó que el hijo no era suyo”, recuerda Montero. Los que rechazaron hacerse el examen genético son ahora vigilados más de cerca por el personal del CETI.
¿Cómo llegaron esos críos, generalmente muy pequeños a manos de los falsos padres? “Ellos nos dicen que se les encontraron en el camino hacia Melilla; que estaban abandonados y les recogieron”, señala Montero. “No sabemos la verdad ni tampoco donde están los padres biológicos”, prosigue. “Hay mucho que investigar”, asevera. Se cree que han podido ser robados, “alquilados” o secuestrados.
Entrar en Melilla con un menor era hasta ahora una garantía de dar rápidamente el salto —la duración media de estancia en el CETI es de un año— a la Península y hasta de no ser expulsado de España. “Era casi un pasaporte”, comenta un inspector de policía que pide que no se publique su nombre.
“El fenómeno arranca en 2008 cuando en las pateras de subsaharianos empiezan a llegar primero mujeres solas, después embarazadas y finalmente con niños”, recuerda Milagros Núñez. También aparecen varones, supuestos padres de esos niños.
Desde que las voluntarias en costas, donde atienden a los pasajeros de la precaria embarcación, y en los Centros de Internamiento de Extranjeros, sospecharon de la existencia de la trata hasta que las autoridades han empezado a tomar conciencia ha transcurrido casi un lustro.
Durante esos años decenas, acaso cientos, de niños y las adultas que les acompañaban han sido víctimas de redes mafiosas que en origen eran nigerianas, pero ahora son también camerunesas, congoleñas, guineanas etcétera.
En los seis primeros meses del año la Cruz Roja ha identificado a 27 menores —uno de cada cinco— y a 44 mujeres —una de casa siete— llegados irregularmente a España por mar y susceptibles de ser víctimas de trata.
La primera institución en alertar del fenómeno fue el Defensor del Pueblo en su informe de 2012 (La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles) seguida por la fiscal de sala coordinadora de menores, Consuelo Madrigal.
Tras recalcar en una circular el “notable incremento (...) de mujeres que alcanzan las costas españolas con menores” lactantes o embarazadas, Madrigal advierte de que en algunos casos detrás del “traslado de menores se esconden actividades delictivas de trata de seres humanos”. Constituyen una “gravísimas amenaza” para los menores.
A principios de año ha sido la policía la que ha reaccionado. En el traslado de algunos “menores se esconden indicios de trata de seres humanos o de instrumentalización del menor”, afirma Emilio Baos, comisario general de extranjería y fronteras, en una instrucción reservada que envió a las comisarías.
A partir de marzo, ordena, todo menor extranjero no acompañado o en compañía de adultos que no pueden probar la filiación “será fehacientemente objeto de la reseña policial” que incluirá su fotografía y, sobre todo, la impresión decadactilar.
“Ahora, una vez que hemos conseguimos filiarlos, evitaremos que desaparezcan como desgraciadamente ocurría en muchas ocasiones”, se alegra Soledad Becerril, Defensora del Pueblo. En el mundo de las ONG dedicadas a la protección de la infancia se preguntan por qué han tardado tanto en poner en práctica estas medidas.
La policía hace ahora pruebas a los adultos para comprobar si son los padres
El último en actuar ha sido, por ahora, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Tras reunirse con ONG, representantes de la Junta de Andalucía y de las fuerzas de seguridad del Estado, ha elaborado un protocolo de intervención coordinada para hacer frente a la explotación y trata de menores inmigrantes. “Hablamos de pederastia e incluso de tráfico de órganos”, advirtió. Lo expondrá el 4 de diciembre en el Parlamento andaluz.
La fiscal Madrigal abogaba en su circular por instar a someterse a la prueba de ADN a los que alegan ser padre o madre de la criatura que traen en brazos. “El problema es que el test cuesta unos 700 euros”, precisa Montero. Para abaratarlo la Consejería de Bienestar Social de Melilla, que se hace cargo en la ciudad de los menores no acompañados, ha firmado un convenio con la Universidad de Granada.
José Palazón, que encabeza en Melilla una ONG de ayuda a la infancia (Prodein), advierte, sin embargo, de que en algunos casos “es peor el remedio que la enfermedad”. Narra la historia de un adolescente congoleño ingresado en un centro de menores de la ciudad al que sus padres “enviaron a Europa con un vecino que se deshizo de él en el camino”.
“Lo recogió en Casablanca una mujer subsahariana —hospedada en el CETI— que se ocupó de él como una madre y le trajo hasta Melilla”, añade. “No creo que haya sido una buena idea separarles”.
Los niños son un “pasaporte” para aquellos que fingen ser sus padres y son también un instrumento de coacción sobre aquellos que sí son sus progenitores biológicos. Desde Vigo hasta Tenerife varias investigaciones policiales han puesto el descubierto, en lo que va de año, cómo los hijos de mujeres nigerianas son retenidos por una cabecilla de la red mafiosa, a la que llaman madame, que solo se los entregará cuando hayan pagado la deuda contraída con la organización criminal. Puede alcanzar los 40.000 euros y para devolverla deben prostituirse durante años.
La Guardia Civil y la Brigada provincial de extranjería detuvieron, por ejemplo, en abril en Puente Genil (Córdoba) a una madame nigeriana que tenía a su cargo a varios niños. Provocó lesiones en el tórax y en el cráneo que causaron la muerte de un bebé de nueve meses. Su madre ejercía la prostitución en Barcelona. La mujer fue condenada el mes pasado a 18 años de cárcel y la red para la que trabajaba quedó parcialmente desmantelada.
ElPais
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