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Inmigración irregular

Las recientes avalanchas de inmigrantes irregulares en la frontera sur de Europa, especialmente Melilla y Sicilia, así como en la isla de Lampedusa y también en Chipre, hacen notar que la crisis económica no impide que muchos subsaharianos y magrebíes mantengan el propósito, muchas veces arriesgado, de llegar a Europa. Pero en España, la política migratoria es objeto de contienda política y el inmigrante se convierte así muchas veces en el vehículo de un debate que a menudo solo busca erosionar al rival sin buscar soluciones reales al problema.

En España, la regulación de la inmigración es muy confusa, deliberadamente confusa y necesita un pacto de Estado estable que garantice una acción común con independencia del partido que gobierne, un acuerdo nacional permanente que evite los bandazos ideológicos, muchas veces realizados solo para congregar el aplauso ocasional y electoralista de los votantes y pocas veces con sentido de la responsabilidad.

La primera regulación postconstitucional de los derechos y libertades de los extranjeros en España es la ley orgánica 7/1985 de 1 de julio. Entonces, la inmigración no constituía propiamente un problema y la actual situación de las fronteras, acosadas por la presión humana de cuerpos en la valla de Melilla y de cadáveres sobre el Mediterráneo italiano, o de pateras en el Estrecho, estaba todavía muy lejos de ser una realidad cotidiana y cruel. Cuando las cosas empezaron a cambiar, los grupos políticos se entregaron a la estéril discusión.

Como resultado, España ha promulgado la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, modificada ya unos meses después, en diciembre del mismo año por la ley orgánica 8/2000 que no pudo mantener su vigencia sin los nuevos cambios que se introdujeron por la ley orgánica 14/2003, modificada, a su vez, por la ley orgánica 2/2009, y después por la última hasta el momento, la ley orgánica 10/2011 de 27 de julio.

Como se ve, no existe estabilidad reguladora, ni acuerdo duradero, ni una política definida y mantenida: cinco leyes en once años. Mientras España no se dote de una legislación duradera, de un marco normativo estable, esto es, mientras no exista una política de Estado, no podrá invocarse ninguna ayuda comunitaria, ninguna apelación a Bruselas para poner de acuerdo a toda la Unión europea en la dimensión del problema y en los modos de solucionarlo. España debería saber qué quiere y qué necesita. Y después, buscarlo y exigirlo en el concierto internacional y europeo.

Pero la campaña electoral para las elecciones europeas no parece que señale a los españoles qué partido se ocupará de estos asuntos importantes ni cómo defenderá políticas eficaces en Europa. La política migratoria y el modo en que será decidida en el Parlamento europeo que surja de las próximas elecciones es suficientemente importante como para que constituya materia de campaña. Y no solo un planteamiento de alusiones inconcretas, sino propuestas firmes que hagan pensar al elector que la política migratoria española va a ser defendida en Estrasburgo.

Fuente:  - elEconomista.es

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