El Gobierno se niega a dar a los inmigrantes irregulares a los que no puede expulsar un documento que regularice su situación hasta que los echen. El Defensor del Pueblo pidió a la Secretaría de Estado de Inmigración que otorgase un permiso de trabajo temporal a los extranjeros cuyo origen no puede precisar y que no tiene más remedio que poner en libertad. El ejecutivo replica que ese documento estimularía a las mafias que trafican con personas y convertiría a esos extranjeros en "residentes". El Defensor cree que el Gobierno se equivoca y pide que lo reconsidere. Ya lo ha hecho: no, otra vez.
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