EFE
Los extranjeros que llegaron a España en la última década podrían comprar buena parte del excedente de viviendas que ahora mismo no se vende, con lo que el precio no bajaría sustancialmente, según un informe sobre los efectos económicos de la inmigración.
No obstante, añade que España deberá afrontar el reto de recolocar a buena parte del colectivo, que ha aportado casi un 11 por ciento al Producto Interior Bruto (PIB) y ha retrasado en siete años el problema de sostenibilidad de la Seguridad Social.
Éstas son algunas de las conclusiones que se extraen del primer informe anual sobre los efectos económicos de la inmigración en España elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y presentada hoy en el Banco de España.
Según el coordinador del informe, Michele Boldrin, sin la inmigración, España sería un país "mucho más pobre" y tendría mayores dificultades para volver a la senda de crecimiento a la que, según sus cálculos, se podría llegar en poco más de un año.
Por su parte, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien presentó el informe, aseguró que se puede atribuir a la inmigración el 25 por ciento del crecimiento de la renta per cápita de la última década.
Boldrin apuntó además que el potencial de crecimiento económico de España no sería el mismo sin la inmigración y consideró "razonable" la idea de que el colectivo contribuya cada año con 7 décimas al crecimiento del PIB.
La crisis económica de España es "seria", pero el coordinador del informe consideró que un crecimiento del empleo como el de la última época, en la que se crearon más de siete millones de puestos de trabajo "no podía seguir siempre" y recordó que el PIB sigue avanzando.
Lo que hay que hacer ahora, en su opinión, es recolocar a los inmigrantes que han constituido un capital humano, que en el caso de que se marcharan, se desperdiciaría y tendría difícil reemplazo.
Boldrin advirtió de que en la actual crisis habrá quiebras de empresas y un crecimiento económico más débil, al tiempo que destacó la capacidad de la banca española para seguir obteniendo crédito a pesar de la restricción de los mercados.
El informe apunta que los inmigrantes, que en su mayoría tienen entre veinte y cuarenta años, han rejuvenecido la población española y han retrasado en siete años los problemas de sostenibilidad a los que se enfrentará la Seguridad Social si no se reforma adecuadamente.
Boldrin, que se mostró "muy partidario" de un sistema mixto de pensiones, sugirió que habría que trabajar un "poco más", retrasando la jubilación.
Asimismo, criticó las prejubilaciones y los incentivos que reciben colectivos como los autónomos, que aportan el máximo posible sólo en los últimos quince años, para recibir la mayor prestación de jubilación.
En este sentido, el gobernador del Banco de España señaló que es erróneo pensar que la inmigración soluciona el problema de las jubilaciones porque, aunque hasta el momento las contribuciones del colectivo han sido mayores que las prestaciones recibidas, esto no será así en dos décadas.
El informe también estudia las consecuencias que ha supuesto la llegada de inmigrantes en el mercado laboral y apunta que no ha tenido un impacto negativo sobre los salarios de los trabajadores españoles, puesto que nativos y extranjeros se han especializado en ocupaciones diferentes.
Así, mientras que los inmigrantes realizan trabajos más manuales, los españoles han pasado a desempeñar tareas administrativas o de servicios.
En cuanto a los aspectos sociales, el estudio explica que, aunque la tasa de criminalidad es más elevada en el caso de los inmigrantes, esto se debe básicamente a que la mayoría de ellos pertenece al colectivo con mayor propensión a los delitos, los varones de entre veinte y cincuenta años.
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