Los artistas Walter Vergara y María Silvia Álvarez, el primero perteneciente al ballet oficial de la Orquesta del Teatro San Martín, en la provincia de Córdoba (centro), viajaron desde Buenos Aires a la península y arribaron el 17 de noviembre de 2007 al aeropuerto para, según ellos, asistir a la boda de un familiar en la ciudad condal.
Pero al presentar sus pasaportes al policía nacional en el aeropuerto internacional de El Prat fueron retenidos y llevados a una oficina. Ahí empezaron las preguntas hasta que supieron que no ingresarían a España porque aparentemente no cumplían con las normas migratorias.
El abogado que patrocina la demanda, Alejandro Severín, sostuvo que las autoridades migratorias españolas argumentaron que Vergara y Alvarez "no tenían profesión alguna, ni medios de vida, ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país".
Sin embargo, el letrado aseguró en la demanda que los ambos bailarines "son reconocidos artistas, uno de ellos es miembro del elenco estable del ballet del máximo teatro de la provincia de Córdoba, tenían medios económicos suficientes, inclusive tarjetas de crédito internacionales". E incluso, según el abogado, tenían "alojamiento reservado para la permanencia en España y sus respectivos pasajes aéreos con regreso establecido a sólo 18 días del ingreso".
La pareja de bailarines se quejó de haber recibido un supuesto trato discriminatorio durante las 48 horas que permaneció retenida en El Prat y aseguró que varias veces fueron llamados despectivamente "sudacas".
Por todo ello Vergara y Alvarez radicaron la denuncia penal contra las autoridades migratorias españolas y les acusan de "hecho discriminatorio por tratos inhumanos y degradantes", "lesiones graves psíquicas", "privación ilegal de la libertad" y "falsedad ideológica".
A raíz de ello, reclaman un resarcimiento monetario de 1.500.000 pesos, equivalente a 360.576 euros.
El juez federal de la ciudad de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, declaró su competencia para intervenir en la causa penal y, en breve, el consulado de España en esa ciudad deberá designar a un abogado defensor que lo represente en el expediente judicial.
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