La entrada en vigor ayer en Italia de la ley sobre seguridad, que considera delito la inmigración ilegal y autoriza las rondas callejeras de voluntarios, ha causado ya las primeras detenciones, mientras se mantienen las posturas encontradas sobre su aplicación.
Fuentes de la jefatura de Policía de Pescara (centro-Este), confirmaron a Efe que la Policía arrestó a dos marroquíes en situación irregular, que serán procesados mañana, lunes. A estas detenciones se suman numerosas denuncias interpuestas contra inmigrantes ilegales en ciudades como Bolonia, Milán o Sanremo.
La nueva ley prevé multas de entre 5.000 y 10.000 euros a los inmigrantes sin papeles, así como un proceso judicial en el que los irregulares podrán ser expulsados de Italia de inmediato. Asimismo, se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados y se fija la necesidad de tener documentos en regla para acceder a las oficinas públicas.
Este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado, ya que la oposición advirtió de que algunas madres no podrán inscribir en el censo a sus hijos. La nueva ley también contempla penas de cárcel de seis meses a tres años para los italianos que alquilen una casa a indocumentados y endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana por matrimonio.
Otro de los puntos que ha causado mayor polémica ha sido la introducción de rondas para vigilar las calles, medida que refleja la preocupación del Gobierno de Berlusconi por la seguridad, especialmente por parte de la federalista Liga Norte (LN), principal impulsora de la medida.
Las rondas no podrán estar formadas por más de tres personas, ni llevar armas, medios motorizados o animales. Asimismo, los voluntarios no podrán tener antecedentes penales, ni pertenecer a asociaciones que inciten a la violencia o la discriminación, y deberán superar unos cursillos municipales.
La ley cuenta con más apoyo entre los ayuntamientos del Norte que entre los del Sur. Así, el teniente de alcalde de Nápoles, Sabatino Santangelo, manifestó que esa ciudad apoya que «la seguridad y la legalidad sean responsabilidad de las fuerzas del orden». Por el contrario, el alcalde de Verona, Flavio Tosi, de la Liga, subrayó que, durante los últimos nueve meses, en los que se han puesto en marcha una serie de pruebas con rondas ciudadanas en esa localidad, se han obtenido «óptimos resultados».
«La presencia del Ejército y de los voluntarios en las ciudades comportará un descenso de los crímenes, asegurará la tranquilidad de los ciudadanos y tan sólo asustará a los delincuentes», afirmó, a su vez, el portavoz parlamentario del partido de Berlusconi (Pueblo de la Libertad), Italo Bocchino.
Fuentes de la jefatura de Policía de Pescara (centro-Este), confirmaron a Efe que la Policía arrestó a dos marroquíes en situación irregular, que serán procesados mañana, lunes. A estas detenciones se suman numerosas denuncias interpuestas contra inmigrantes ilegales en ciudades como Bolonia, Milán o Sanremo.
La nueva ley prevé multas de entre 5.000 y 10.000 euros a los inmigrantes sin papeles, así como un proceso judicial en el que los irregulares podrán ser expulsados de Italia de inmediato. Asimismo, se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados y se fija la necesidad de tener documentos en regla para acceder a las oficinas públicas.
Este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado, ya que la oposición advirtió de que algunas madres no podrán inscribir en el censo a sus hijos. La nueva ley también contempla penas de cárcel de seis meses a tres años para los italianos que alquilen una casa a indocumentados y endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana por matrimonio.
Otro de los puntos que ha causado mayor polémica ha sido la introducción de rondas para vigilar las calles, medida que refleja la preocupación del Gobierno de Berlusconi por la seguridad, especialmente por parte de la federalista Liga Norte (LN), principal impulsora de la medida.
Las rondas no podrán estar formadas por más de tres personas, ni llevar armas, medios motorizados o animales. Asimismo, los voluntarios no podrán tener antecedentes penales, ni pertenecer a asociaciones que inciten a la violencia o la discriminación, y deberán superar unos cursillos municipales.
La ley cuenta con más apoyo entre los ayuntamientos del Norte que entre los del Sur. Así, el teniente de alcalde de Nápoles, Sabatino Santangelo, manifestó que esa ciudad apoya que «la seguridad y la legalidad sean responsabilidad de las fuerzas del orden». Por el contrario, el alcalde de Verona, Flavio Tosi, de la Liga, subrayó que, durante los últimos nueve meses, en los que se han puesto en marcha una serie de pruebas con rondas ciudadanas en esa localidad, se han obtenido «óptimos resultados».
«La presencia del Ejército y de los voluntarios en las ciudades comportará un descenso de los crímenes, asegurará la tranquilidad de los ciudadanos y tan sólo asustará a los delincuentes», afirmó, a su vez, el portavoz parlamentario del partido de Berlusconi (Pueblo de la Libertad), Italo Bocchino.
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