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El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, sin el apoyo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la Ley de extranjería, que permite a las ONG y a las a las comunidades autónomas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los 40 días actuales a 60. Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP ha anunciado que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.
La han rechazado PP, IU, ERC y UPyD En declaraciones posteriores a la prensa, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha avanzado que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, aprobado en 2004. Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso ha aceptado casi 300.
Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia -éste último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante-, el BNG se ha abstenido, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE han respaldado la norma.
Contenido de la Ley
El nuevo texto de la Ley de Extranjería "blinda" las competencias autonómicas, permite el traspaso de la tutela de menores no acompañados a las comunidades autónomas y a las ONG y regula la situación de las víctimas de trata sexual o de los malos tratos.
Las CC AA podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes Con la nueva ley las comunidades autónomas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes. También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar "concedidas en su territorio".
Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la "atención e integración social de los menores".
En cuanto a los menores no acompañados, el nuevo texto afirma que el Estado y las Comunidades Autónomas "podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de los menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria" de los mismos.
Integración de los inmigrantes
Tras su paso por la comisión de Trabajo e Inmigración, la ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre "valores constitucionales y estatutarios", derechos humanos "tolerancia e igualdad" y conocimiento de las lenguas oficiales. Además, la ley prevé que las administraciones autonómicas o locales elaboren un "informe de integración" que se "valorará especialmente" a la hora de determinar las renovaciones de permisos y el nivel de arraigo.
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