europapress.es
MADRID, 26 Nov.
La reforma de la Ley de Extranjería llegará hoy a su fase final con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde previsiblemente alcanzará la mayoría absoluta (176 votos) necesaria para salir adelante, con los votos de PSOE, CiU y Coalición Canaria y pese a la oposición del PP y el grupo formado por ERC-IU-ICV, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
Es muy probable que el PNV vote en contra de la reforma, porque las mismas fuentes señalan que con casi toda seguridad, el PSOE y CiU tumbarán una enmienda que los nacionalistas vascos introdujeron en el Senado y que consideran imprescindible para dar su apoyo. La enmienda en cuestión reclama un reparto ponderado de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
En cuanto al Grupo Popular, no apoyará el texto porque en su opinión, se trata de una "reforma cosmética" que pasa "del papeles para todos al maletas para todos" y no incluye "ni una" de sus propuestas, entre las que figuraban la restricción de la regularización por arraigo, la prohibición expresa de las regularizaciones masivas y la implantación de un contrato de integración para los recién llegados.
Por su parte, en IU-ICV-ERC la discrepancia reside en la restricción que aplica la ley a la reagrupación familiar, las modificaciones en materia de justicia gratuita y la no incorporación en el texto de una reforma del Código Civil que permita nacionalizarse en menos de diez años a los extranjeros no latinoamericanos. El grupo pedía además que quedara recogido el derecho a voto de todos los inmigrantes en los comicios municipales.
Esta modificación, la cuarta de extranjería en ocho años, comenzó su andadura el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma y ordenó su tramitación por vía de urgencia. La iniciativa se justificó entonces por la necesidad de corregir el articulado de la ley vigente que había sido declarado inconstitucional y adaptar la normativa a las directivas europeas.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
En su redactado actual, la ley afianza las competencias que ya tienen algunas comunidades autónomas en su estatutos sobre la concesión de permisos iniciales de trabajo y los trámites de renovación, reconociendo su potestad para elaborar informes acerca de la situación y el grado de integración en la región de los solicitantes.
También reconoce la capacidad de los gobiernos regionales de establecer acuerdos de colaboración con los países de origen de la inmigración en materia de menores extranjeros desamparados, así como les autoriza a transferir la custodia de estos niños y jóvenes a entidades privadas, ONG y otras administraciones autonómicas.
Por otra parte, la reforma incorpora mayores sanciones para quienes trafiquen con personas o promuevan la inmigración irregular y contempla la ampliación a 60 días del plazo máximo que puede permanecer un extranjero privado de libertad en un centro de internamiento en espera de que se ejecute su expulsión del territorio.
El texto incluye asimismo, una restricción de la reagrupación familiar al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores) dejando fuera a los parientes en grado de ascendencia del extranjero, que sólo podrán ser reagrupados si han cumplido los 65 años de edad y existen razones que lo justifiquen.
Otra de las grandes novedades es la mención expresa a las víctimas de violencia de género. Aunque las fuerzas policiales seguirán incoando expedientes de expulsión a las extranjeras en situación irregular que presenten una denuncia, en estos casos el expediente quedará paralizado hasta que se produzca una sentencia judicial. Además, se contempla facilitar permisos de residencia y trabajo a quienes se encuentren en esta situación.
MADRID, 26 Nov.
La reforma de la Ley de Extranjería llegará hoy a su fase final con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde previsiblemente alcanzará la mayoría absoluta (176 votos) necesaria para salir adelante, con los votos de PSOE, CiU y Coalición Canaria y pese a la oposición del PP y el grupo formado por ERC-IU-ICV, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
Es muy probable que el PNV vote en contra de la reforma, porque las mismas fuentes señalan que con casi toda seguridad, el PSOE y CiU tumbarán una enmienda que los nacionalistas vascos introdujeron en el Senado y que consideran imprescindible para dar su apoyo. La enmienda en cuestión reclama un reparto ponderado de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
En cuanto al Grupo Popular, no apoyará el texto porque en su opinión, se trata de una "reforma cosmética" que pasa "del papeles para todos al maletas para todos" y no incluye "ni una" de sus propuestas, entre las que figuraban la restricción de la regularización por arraigo, la prohibición expresa de las regularizaciones masivas y la implantación de un contrato de integración para los recién llegados.
Por su parte, en IU-ICV-ERC la discrepancia reside en la restricción que aplica la ley a la reagrupación familiar, las modificaciones en materia de justicia gratuita y la no incorporación en el texto de una reforma del Código Civil que permita nacionalizarse en menos de diez años a los extranjeros no latinoamericanos. El grupo pedía además que quedara recogido el derecho a voto de todos los inmigrantes en los comicios municipales.
Esta modificación, la cuarta de extranjería en ocho años, comenzó su andadura el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma y ordenó su tramitación por vía de urgencia. La iniciativa se justificó entonces por la necesidad de corregir el articulado de la ley vigente que había sido declarado inconstitucional y adaptar la normativa a las directivas europeas.
PRINCIPALES MODIFICACIONES
En su redactado actual, la ley afianza las competencias que ya tienen algunas comunidades autónomas en su estatutos sobre la concesión de permisos iniciales de trabajo y los trámites de renovación, reconociendo su potestad para elaborar informes acerca de la situación y el grado de integración en la región de los solicitantes.
También reconoce la capacidad de los gobiernos regionales de establecer acuerdos de colaboración con los países de origen de la inmigración en materia de menores extranjeros desamparados, así como les autoriza a transferir la custodia de estos niños y jóvenes a entidades privadas, ONG y otras administraciones autonómicas.
Por otra parte, la reforma incorpora mayores sanciones para quienes trafiquen con personas o promuevan la inmigración irregular y contempla la ampliación a 60 días del plazo máximo que puede permanecer un extranjero privado de libertad en un centro de internamiento en espera de que se ejecute su expulsión del territorio.
El texto incluye asimismo, una restricción de la reagrupación familiar al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores) dejando fuera a los parientes en grado de ascendencia del extranjero, que sólo podrán ser reagrupados si han cumplido los 65 años de edad y existen razones que lo justifiquen.
Otra de las grandes novedades es la mención expresa a las víctimas de violencia de género. Aunque las fuerzas policiales seguirán incoando expedientes de expulsión a las extranjeras en situación irregular que presenten una denuncia, en estos casos el expediente quedará paralizado hasta que se produzca una sentencia judicial. Además, se contempla facilitar permisos de residencia y trabajo a quienes se encuentren en esta situación.
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