Almería cuenta, en la actualidad y aproximadamente, con unos 43.000 trabajadores inmigrantes dados de alta a la Seguridad Social, pero todos sabemos que la realidad es bien diferente. Ateniéndonos a las propias declaraciones del Subdelegado de Gobierno, en nuestra provincia puede haber entre 90.000 y 100.000 inmigrantes de 120 nacionalidades diferentes. De este volumen de trabajadores podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el 35% se encuentra en situación irregular.
En CC. OO somos de la opinión de que cualquier Ley de Extranjería debería recoger de una manera clara el respeto a los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras extranjeros dándoles seguridad jurídica en origen y en destino, lo que significa una política de inmigración laboral basada en la ordenación y gestión de los flujos migratorios, generando un sistema garantista para las personas que quieran y puedan venir a trabajar y para aquellos extranjeros no comunitarios que ya estén aquí y que son muchos en nuestra provincia. Sin olvidar la necesidad de establecer procesos de regularización permanente y de renovaciones ágiles.
Sin embargo, con la aprobación del Proyecto de Ley se ha perdido una oportunidad de hacer una reforma integral. Si nos detenemos a analizar nuestra situación, vemos que en la provincia, dado el importante volumen de población inmigrante, las personas que se encuentran en situación irregular han aumentado considerablemente desde el último proceso de normalización en el año 2005. Y una de las características que tiene la población inmigrante en esta provincia es el alto número de personas que se encuentran en una situación tanto documental como laboral irregular.
El fenómeno de la irregularidad alimenta una vieja y conocida realidad de la economía española, pero en la actualidad, y centrándonos también en Almería, no parece de recibo que con tan malos datos en el desempleo, en lugar de arrimar el hombro y hacer del futuro de la Seguridad Social un seguro a largo plazo, algunos empresarios se beneficien de la vulnerabilidad en que la que se encuentran estos trabajadores inmigrantes para beneficiarse a su costa. Sería bueno que entre los empresarios se recapacitara y en lugar de pedir reformas laborales, flexibilidad en la contratación y rebajas en las cotizaciones, se hiciera un seguimiento de aquellos que incumplen las reglas del juego haciéndolo, además, con el eslabón más débil de la cadena. La economía de Almería se ha visto beneficiada en años precedentes por una importante mano de obra de trabajadores inmigrantes, no hagamos que en los malos tiempos sean estos mismos los que paguen los platos rotos. Existen mecanismos legales para regularizar a estos trabajadores a través del arraigo. Esperamos que el paso por el Senado mejore este Proyecto de Ley.
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