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El portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró ayer que los ayuntamientos "tienen que cumplir con la ley y empadronar sin establecer diferencias de si las personas son extranjeras o no, son legales o ilegales". El portavoz se pronunciaba así en la cadena SER ante la polémica surgida por los criterios de empadronamiento que se implantarán en Vic y por los que ya funcionan en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Hernando sostiene que, en el caso de Torrejón, lo que se exige desde 2008 a las personas no comunitarias para empadronarse es "el permiso de residencia y, si carecen de él, copia y original del pasaporte en vigor en el que no conste el visado de turista", a fin de "controlar de alguna forma el abuso que se venía produciendo en materia de empadronamiento en pisos pateras".
El dirigente popular especificó que esto ya ocurre en "numerosos" ayuntamientos españoles, "especialmente donde existe una presión masiva de inmigración y donde ha existido un abuso al empadronar a determinadas personas". Hernando entiende que las condiciones para empadronar "son competencia de los ayuntamientos" por lo que, siempre que sean "de sentido común", serán legales. No obstante, insistió en que "lo que no es legal es establecer discriminaciones basándose en que una persona sea de origen extranjero o no".
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