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El Ayuntamiento de Vic no empadronará a ningún inmigrante que se encuentre en situación irregular mientras no acredite que ha cursado la solicitud o prórroga del permiso de residencia. Así lo ha decidido el equipo de gobierno municipal, formado por CiU, el PSC y ERC, en una modificación local de los requisitos de empadronamiento que entrará en vigor en breve.
La medida no tiene carácter retroactivo ni afectará a quienes quieran regularizarse por la vía del reagrupamiento familiar. La posición del equipo de gobierno ha levantado ampollas en diversos sectores, ya que vulnera el derecho y la obligación de empadronamiento que determina la Ley de Bases de Régimen Local, de 1995.
En aplicación de esta norma, "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", con independencia de su nacionalidad y situación administrativa. Entre los datos que se exigen a los que se empadronen figura la tarjeta de residencia en vigor o, en su defecto, el documento de identidad o pasaporte expedido por el país de procedencia. Es decir, no es imprescindible estár regularizado en España, pero la falta de empadronamiento sí impide a estas personas acceder a derechos universales como la salud y la educación, y las expone a situaciones de alta vulnerabilidad.
Las dos asociaciones municipalistas de Cataluña acordaron, en una reunión celebrada el pasado 26 de octubre, un documento en el que se insta a los ayuntamientos a cumplir sus obligaciones legales y se recuerda que "dificultar el empadronamiento de vecinos y vecinas es inhibirlos de asumir sus obligaciones y derechos respecto de la administración local".
Asociaciones de inmigrantes, sindicatos y oposición acusan al tripartito municipal de Vic de electoralista y de querer desactivar a la xenófoba Plataforma per Catalunya cayendo en sus mismas estrategias. El Ayuntamiento asegura que lo que pretende con esta modificación legal es exigir el cumplimiento de la ley. "Es una obligación de la Administración ofrecer seguridad y las situaciones irregulares pueden favorecer actividades delictivas", asegura el portavoz socialista del tripartito de Vic, Josep Burgaya, en defensa de la medida.El Colegio de Abogados de Barcelona calificó ayer de "decisión inédita" la negativa del Ayuntamiento de Vic a empadronar a los inmigrantes y aseguró que es "extremadamente nociva" para afrontar la integración social de este colectivo. Jorge de Tienda, diputado responsable de la comisión de extranjería, considera que "una medida así no hace más que abocar a la marginalidad y a la clandestinidad" a estas personas. "Si es así como se dice, la decisión del Ayuntamiento implica una escasa sensibilidad a los derechos fundamentales de estas personas".
Mientras que el concejal de Acción Social de Vic, Joan López (ERC), asegura que hay que ayudar a "digerir" la entrada masiva de inmigrantes, la oposición municipal, excepto Plataforma per Catalunya, ha cargado duramente contra el equipo de gobierno. Laia Jurado, de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), lamenta que se quiera a los inmigrantes para unas cosas y no para otras, y el edil de ICV-EUiA Xavier Tornafoch considera que la negativa al empadronamiento provocará más desorden y descontrol.
Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, sonríe y aplaude una decisión que cree que se ha tomado gracias a la presión de su partido. Ufano, asegura: "No han tenido ninguna otra salida que darme la razón", y manda un mensaje de "bienvenida al club de racistas y xenófobos, tal como nos acusa la gente". Anglada afirma que ahora velará por que esta decisión no sea tan sólo un intento de salir en la foto.
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El Ayuntamiento de Vic no empadronará a ningún inmigrante que se encuentre en situación irregular mientras no acredite que ha cursado la solicitud o prórroga del permiso de residencia. Así lo ha decidido el equipo de gobierno municipal, formado por CiU, el PSC y ERC, en una modificación local de los requisitos de empadronamiento que entrará en vigor en breve.
La medida no tiene carácter retroactivo ni afectará a quienes quieran regularizarse por la vía del reagrupamiento familiar. La posición del equipo de gobierno ha levantado ampollas en diversos sectores, ya que vulnera el derecho y la obligación de empadronamiento que determina la Ley de Bases de Régimen Local, de 1995.
En aplicación de esta norma, "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", con independencia de su nacionalidad y situación administrativa. Entre los datos que se exigen a los que se empadronen figura la tarjeta de residencia en vigor o, en su defecto, el documento de identidad o pasaporte expedido por el país de procedencia. Es decir, no es imprescindible estár regularizado en España, pero la falta de empadronamiento sí impide a estas personas acceder a derechos universales como la salud y la educación, y las expone a situaciones de alta vulnerabilidad.
Las dos asociaciones municipalistas de Cataluña acordaron, en una reunión celebrada el pasado 26 de octubre, un documento en el que se insta a los ayuntamientos a cumplir sus obligaciones legales y se recuerda que "dificultar el empadronamiento de vecinos y vecinas es inhibirlos de asumir sus obligaciones y derechos respecto de la administración local".
Asociaciones de inmigrantes, sindicatos y oposición acusan al tripartito municipal de Vic de electoralista y de querer desactivar a la xenófoba Plataforma per Catalunya cayendo en sus mismas estrategias. El Ayuntamiento asegura que lo que pretende con esta modificación legal es exigir el cumplimiento de la ley. "Es una obligación de la Administración ofrecer seguridad y las situaciones irregulares pueden favorecer actividades delictivas", asegura el portavoz socialista del tripartito de Vic, Josep Burgaya, en defensa de la medida.El Colegio de Abogados de Barcelona calificó ayer de "decisión inédita" la negativa del Ayuntamiento de Vic a empadronar a los inmigrantes y aseguró que es "extremadamente nociva" para afrontar la integración social de este colectivo. Jorge de Tienda, diputado responsable de la comisión de extranjería, considera que "una medida así no hace más que abocar a la marginalidad y a la clandestinidad" a estas personas. "Si es así como se dice, la decisión del Ayuntamiento implica una escasa sensibilidad a los derechos fundamentales de estas personas".
Mientras que el concejal de Acción Social de Vic, Joan López (ERC), asegura que hay que ayudar a "digerir" la entrada masiva de inmigrantes, la oposición municipal, excepto Plataforma per Catalunya, ha cargado duramente contra el equipo de gobierno. Laia Jurado, de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), lamenta que se quiera a los inmigrantes para unas cosas y no para otras, y el edil de ICV-EUiA Xavier Tornafoch considera que la negativa al empadronamiento provocará más desorden y descontrol.
Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, sonríe y aplaude una decisión que cree que se ha tomado gracias a la presión de su partido. Ufano, asegura: "No han tenido ninguna otra salida que darme la razón", y manda un mensaje de "bienvenida al club de racistas y xenófobos, tal como nos acusa la gente". Anglada afirma que ahora velará por que esta decisión no sea tan sólo un intento de salir en la foto.
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Lo que dice la ley de régimen local
- Inscripción obligatoria. "Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente" (art. 15).
- Datos imprescindibles. El padrón contendrá, entre otros, el número de tarjeta de residencia en vigor o el documento de identidad o pasaporte del país de procedencia (art. 16. 2).
- La responsabilidad municipal. "La formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento", que realizará las actuaciones y operaciones necesarias para mantenerlo actualizado (art. 17).
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