La infame reforma laboral del Gobierno socioliberal de Rodríguez Zapatero, el mismo que prometía no recortar derechos a los trabajadores, se ha impuesto con todas las de la ley –las del capital y las del Estado capitalista- al punto de tenerse por «la más ambiciosa de la democracia», y defendida por el «cueste lo que cueste».
Se trata, como se sabe, de la sexta reforma laboral, a contar desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores (1980), y comparte con sus predecesoras la «faena» de vincular la salida capitalista de la crisis a la creación de empleo por la vía de la desregulación del mercado de trabajo y, en consecuencia, a través de políticas de empleo que pasan invariablemente por el fomento de peores condiciones de trabajo y salario, y que redundan en los recortes de los derechos laborales.
Por eso las políticas neoliberales que esgrimen, como un disco rayado, las supuestas «rigideces» o «ineficiencias» de los mercados de trabajo, trasunto del conflicto fundamental entre el capital y el trabajo, y en las que se inscribe, primero, la retórica de la «flexibilidad», luego la «empleabilidad», y después la «flexiseguridad», eufemismo de la flexiprecariedad, han sido necesariamente regresivas.
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