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Tensiones actuales de la libertad y los derechos

En el curso de verano de El Escorial
Conferencia sobre política y derecho migratorio

Quiero, en primer lugar, agradecer a los responsables de este encuentro la invitación que me han cursado para participar en el mismo y que he aceptado encantada. He participado ya en otras ocasiones, en años anteriores, en las actividades de la Universidad de Verano de El Escorial y quiero manifestarles que para mi es un orgullo formar parte de alguno de sus cursos y encuentros.

También quiero añadir que la presencia del Colegio de Abogados es todo un aval del rigor de este curso y aprovecho esta oportunidad para valorar, en mi calidad de responsable público, de manera inequívocamente positiva la labor que se viene desempeñando desde su Aula de Inmigración. Una valiosa tarea que, desde luego, como ya he tenido la oportunidad de trasladarles a sus responsables, seguirá contando con el apoyo de la nueva administración que, además, precisa de su concurso.

En cualquier dimensión de la vida española nos hallamos con la realidad de la inmigración; con ciudadanos extranjeros que decidieron emprender un trayecto, una aventura muchas veces incierta, para abrirse un camino a un porvenir que sueñan mejor a nuestro lado.

Sintetizo mi perspectiva en torno a la pujanza del fenómeno migratorio en nuestros días, señalando que en el ciclo actual confluyen tanto la realidad de la pobreza, de la marginalidad, incluso de la irrelevancia en sentido estricto en que viven instalados millones de seres humanos, con el formidable desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación que trasladan imágenes de unas zonas a otras del planeta en tiempo real y prácticamente sin limites en cuanto a su acceso.

Nunca habían convivido como ahora lo hacen, la manifestación concreta y tangible de la pobreza con la expresión virtual del bienestar y hasta de la opulencia. Quienes viven haciendo frente a toda suerte de dificultades, tienen al mismo tiempo acceso a un mundo en el que ya se han instalado muchos de sus antiguos vecinos. Por supuesto, con esta explicación no se agotan las causas que están dando lugar a las grandes migraciones de estas dos últimas décadas aunque sí se me antoja como una aproximación que puede dar cuenta de la naturaleza de este fenómeno que hoy atraviesa a nuestras sociedades.

El inmigrante, los inmigrantes, se han convertido en un signo distintivo de las sociedades avanzadas. Si es difícil abrirse paso aún desde la legalidad en un país lejano y extraño al propio, lo es mucho más cuando la condición de irregularidad convierte al inmigrante en una suerte de ser invisible. Gozan, es cierto, de derechos como la salud y la educación pero su existencia cotidiana está marcada por la irregularidad.

Lo que realmente singulariza el caso de España, no son la cifras de inmigrantes, todavía inferiores a las de la mayoría de los países de nuestro entorno, sino la casi súbita irrupción del fenómeno, la aceleración experimentada por la llegada a nuestro país de ciudadanos extranjeros. Es aquí donde podría radicar fundamentalmente la causa de cualquier manifestación de desconfianza hacia la inmigración con la que podamos toparnos, antes que en otras de mayor calado y gravedad.

Las soluciones a esta realidad no son sencillas porque ya contamos con alguna experiencia para desechar la falsa dicotomía entre el espejismo de las restricciones a ultranza y la irrealidad de las puertas abiertas. Son modelos caducos, trasnochados, que no sirven. Las sociedades avanzadas, en concreto la española, precisa e la llegada de flujos laborales para mantener su modelo social y su economía, hasta para recuperar la senda del crecimiento demográfico.

Sin embargo, los poderes públicos están obligados a canalizar y ordenar el acceso de la corriente migratoria porque la liberalización incondicional sería tanto como generar un sistema imposible, además de provocar un malestar colectivo de imprevisibles consecuencias. Este es el reto del tiempo histórico en el que vivimos y ante un fenómeno que a cada paso gana en dimensiones: ajustar el caudal de lo que llega a las capacidades reales de acogida. Así resumo en un solo trazo cual es el objetivo de una política de inmigración que pretenda mantener los equilibrios y garantizar, a su vez, los derechos de todos.

Porque, en este punto quiero ser muy precisa, no siempre quien más alardea de defender a los inmigrantes, es quien mejor protege sus intereses. Las posiciones más radicales de papeles para todos parecen no llegar a comprender que sin control, sin llegadas ordenadas, sin canalización de los flujos migratorios, no hay integración social posible en la realidad del país de destino.

Desde esta convicción es con la que quiero pronunciarme con claridad en razón de mis responsabilidades de Gobierno: cualquier ámbito de nuestra política de inmigración se llevará a cabo sin detrimento alguno de las tareas de control y de lucha decidida contra la inmigración irregular.

Que nadie entienda en nuestra voluntad de cambios, mensajes de corte permisivo que desde luego se encontrarían con un franco desmentido en nuestra propia actuación. Los responsables del actual Gobierno - contrariamente a las insidias que tantas veces se difunden - siempre hemos situado la lucha contra la inmigración irregular como una de las prioridades estratégicas de la política de inmigración que queremos llevar a cabo.

Hemos criticado severamente una gestión que estimamos errática y una tendencia muy marcada a posiciones de corte ejemplarizante - como aquella del efecto llamada - que a la luz de la experiencia se han revelado como todo un fracaso. Durante los últimos ocho años, la inmigración irregular ha crecido de manera espectacular y ni las regularizaciones extraordinarias decretadas por el Gobierno ni las sucesivas reformas legislativas han logrado plasmar resultados positivos.

Por ello, la voluntad de este Gobierno es revisar a fondo los criterios y el desarrollo de las actuaciones en cuanto a política migratoria. No han funcionado hasta este momento y, por ello, requieren de cambios en profundidad. Hablamos de un nuevo enfoque en el tratamiento publico de la inmigración para que las políticas funcionen, que sirvan, que puedan aportar resultados en tiempos razonables.

En cuanto a la canalización legal de los flujos; si conseguimos que las vías regulares funcionen con normalidad estaremos construyendo un potente mensaje dirigido hacia las sociedades de origen de los inmigrantes y sentando las bases para disuadir la presión migratoria hacia nuestro país.

Para ello, es imprescindible mejorar los instrumentos centrales que conforman la política migratoria, desde la política de acuerdos, hasta el contingente anual de trabajadores que no ha ofrecido los resultados esperados.

Debe mejorarse sustancialmente la gestión del propio contingente porque no es posible ni que las previsiones se vean desbordadas flagrantemente al alza o bien a la baja ni que un oferta tarde meses y meses en materializarse. Flexibilizar los procedimientos y la gestión es una necesidad imperiosa para que el contingente funcione mejor. Es preciso que las contrataciones colectivas, cuando se quiera contratar a un numero relevante de trabajadores extranjeros, encuentren en el contingente una respuesta agio y rápida, algo más que una lista de espera demasiado prologada. Estamos prestando una especial atención al diseño del nuevo contingente.

Por otra parte, el Gobierno estima que los acuerdos de readmisión con terceros pases son un instrumento imprescindible de la política de inmigración y desde esta perspectiva ya he enunciado que nos proponemos ampliar los ya suscritos a Ghana, Cabo Verde y Guinea, países de donde procede un numero importante de inmigrantes irregulares

Asimismo, debo manifestarles mi satisfacción por el resultado del viaje de trabajo que realice la pasada semana a Marruecos, donde tuve la oportunidad de mantener reuniones con un buen numero de responsables del Gobierno de aquel país. Vamos a profundizar la cooperación en materia de inmigración y vamos a obtener resultados de manera progresiva, estoy segura de ello. Soy consciente de que siempre esperamos que los resultados se materialicen en un espacio de tiempo mucho más corto pero existen dificultades objetivas que lo impiden. Sin embargo, si les manifiesto que he encontrado a unas autoridades plenamente conscientes de que abordamos un problema común, que su país se ha convertido en un lugar de transito de la inmigración hacia Europa con las dificultades que ello conlleva, y que es la cooperación entre España y Marruecos debe incrementarse de inmediato para que los resultados no se demoren.

Poner orden, fijar criterios esenciales y dotar de medios a nuestra administración, serán elementos básicos de nuestra política de inmigración.

La segunda vertiente central de cualquier política de inmigración debe concentrarse en la promoción de una política activa de integración de los inmigrantes en la realidad española, lo que no implica asimilación sino, más certeramente, sentar las bases para hacer posible la convivencia, superando las desconfianzas que siempre puede presentar un fenómeno como el de la inmigración que ha irrumpido con fuerza y inusitada aceleración en nuestra sociedad.

Puedo avanzar que vamos a pasar de la política de enunciados a la de realizaciones y para ello nos hemos dotado de un estructura institucional más adecuada con la creación de la Dirección General de Integración.

Debemos ser capaces de construir complicidades muy firmes para despejar los riesgos en un proyecto que requiere de esfuerzos en una doble dirección, tanto por parte del propio inmigrante por adaptarse a la sociedad de acogida, como de esta última para respetar y entender costumbres y culturas que en modo alguno representan un impedimento para la convivencia civilizada.

La lucha contra el racismo y la xenofobia y contra cualquier forma de discriminación se hará presente en las actuaciones del Gobierno a lo largo de la presente legislatura que no quiero dejar de mencionar hoy aquí. Y les anuncio que vamos a poner en marcha el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, un instrumento que sin duda mejorará nuestra capacidad para prevenir fenómenos que, aún de manera residual, son siempre un riesgo y deben atajarse de manera inmediata.

Entre las primeras de nuestras responsabilidades se halla la elaboración del Reglamento que debe dar desarrollo a la Ley de Extranjería y que el Gobierno anterior no llevó al Consejo de Ministros. Es un asunto de actualidad y ello me lleva a dedicarle algunos momentos.

Queremos construir un texto que cumpla dos condiciones:

La primera que sea un buen Reglamento, que sirva para dar respuestas a las problemas que se nos presentan. Contamos con una contribución de partida que a mi me resulta de un extraordinario valor como es el Informe del Consejo Económico y Social que cuenta con el aval de los dos principales sindicatos y de los empresarios y que estoy segura que camina en la dirección correcta.

La segunda, que responda a una voluntad de dialogo y que sea fruto de un acuerdo generalizado. Hemos recibido ya un buen numero de aportaciones desde todos los ámbitos y estamos trabajando con toda la intensidad en su elaboración pero no vamos a precipitarnos porque, lisa y llanamente, no queremos repetir la experiencia del anterior en lo que se refiere a la anulación de alguna parte de su articulado que ustedes conocen sobradamente,.

Es cierto y lo he dicho que un correcto tratamiento en el Reglamento puede solventar algunos de los problemas más acuciantes que se nos presentan hoy en día en torno a la irregularidad. Pero también debo reiterar que no debemos suscitar expectativas en el colectivo de los inmigrantes que más tarde no se van a materializar. No me cansaré de apelar a la responsabilidad de todos para evitar que se generalicen interpretaciones equivocadas y profundamente inconvenientes.

Por tanto, vamos a intentar construir una amplio consenso en torno al Reglamento, no lo dilataremos en exceso pero queremos llevarlo a cabo con el tiempo que se precisa para hacerlo bien, y confío que un acuerdo básico en este capítulo constituya un valioso precedente para abordar con posterioridad un objetivo estratégico como es la elaboración de un Pacto de Estado de Inmigración.

El Presidente viene defendiendo desde hace años esta propuesta que nace de una marcada convicción en torno a que deberíamos retirar la inmigración del escenario de la confrontación política.

Estamos convencidos que la inmigración, por su pujanza e intensidad, marcará los perfiles de la convivencia colectiva en nuestro país durante las próximas décadas y que, por ello, deberemos evitar cualquier confrontación gratuita, y profundamente inconveniente para encauzar el fenómeno de la manera más adecuada para todos, españoles e inmigrantes, sellando un consenso político y social básico que en modo alguno puede percibirse como incompatible con la legitima critica que asiste a los distintos grupos políticos en relación a unas u otras decisiones en el ámbito de la acción de Gobierno.

Por otra parte, es probable que, máxime en este ámbito, algunos se pregunten cual es nuestra posición con respecto a la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, la norma básica de la extranjería.

Debo recordar que la inestabilidad legislativa fue un rasgo que caracterizó fundamentalmente la anterior legislatura en lo que respecta a los asuntos migratorios. Reforma tras reforma se puso de relieve que el marco legislativo no representaba el foco de los problemas sino que estos se hallaban asociados centralmente a la gestión.

Nuestra prioridad en la acción de Gobierno no es abordar una nueva modificación de la Ley. En tanto Grupo Socialista, en el año 2001 presentamos recurso de inconstitucionalidad a la Ley 4/2000 en relación a determinados preceptos de aquella norma. Estamos, por tanto, a la espera de lo que dictaminé el Alto Tribunal porque abrir ahora una nuevo debate de reforma sería tanto como generar un espacio añadido para la confrontación política que en modo alguno resultará positivo.

Por añadidura, a lo largo de la presente legislatura nos veremos obligados a abordar alguna reforma en nuestra legislación como resultado de la transposición de directivas europeas que como Gobierno vamos a impulsar en el ámbito de la Unión. Así pues, se impone la prudencia. Ni la reforma legislativa es una prioridad, reitero que para nosotros ésta se encuentra en una sustancial mejora de la gestión, ni existen hoy bases suficientes de consenso como para suponer que acometeríamos una hipotética reforma sin dar lugar a nuevas divisiones políticas y sociales. En cualquier caso, las propuestas de reforma deberán inscribirse en las conversaciones del Pacto de Estado a las que daremos inicio nada más concluir la elaboración del Reglamento que es, hoy por hoy, una tarea prioritaria.

Tan sólo unos instantes para incidir en el protagonismo que este Gobierno se propone conceder en el ámbito de la política de inmigración a la Unión Europea. En estos momentos nos hallamos en el inicio del proceso del denominado Tampere II que definirá las prioridades en materia de inmigración para los próximos años. Además de reforzar los mecanismos conjuntos de lucha contra la inmigración irregular, estamos trasladando a los restantes países miembros de la Unión que la política europea deberá avanzar a su vez en materia de ordenación y canalización de los flujos migratorios

Nuestro compromiso es abordar la política de inmigración con seriedad y transparencia. Mejorando nuestra capacidad para hacer frente a los problemas de la manera más adecuada. Como ha puesto de manifiesto el colapso de las oficinas de extranjería que hemos heredado, el prologado abandono de las políticas públicas acaba por tener un precio muy alto.

Queremos conceder un nuevo tratamiento a la inmigración en España y en este objetivo estoy trabajando desde que asumí mis responsabilidades. Sin dramatizaciones interesadas aunque actuando con transparencia, informando a los ciudadanos de la naturaleza de nuestras dificultades y de la envergadura del reto al que nos enfrentamos. Está en juego nuestra propia capacidad como país, como sociedad avanzada, para abordar lo nuevo y encauzarlo de manera que sirva a los intereses generales.

Para ello queremos contar con el concurso de todos y, de manera especialmente significada, quiero hacerlo y reclamo la implicación de aquellos profesionales como los del derecho que a diario se topan y trabajan con esta nueva realidad.