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Entre la ilusión y el descreimiento

El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que entra en vigor este lunes, pretende legalizar a personas indocumentadas que trabajan en España. La meta es normalizar una situación que pesa tanto en la sociedad como en las arcas públicas.

Los requisitos: disponer de una oferta o contrato de trabajo, demostrar mediante el empadronamiento que se reside en España al menos desde el 7 de agosto de 2004 y no tener antecedentes penales en el país de origen ni en España.

Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Extranjería del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, explica que "el empleo ilegal es el que más gastos sociales está teniendo como consecuencia de que las personas trabajan en la economía sumergida".

El objetivo prioritario es por lo tanto "emerger el mayor número posible de la economía sumergida" para poner fin a este "gravamen para toda la sociedad española", según la máxima autoridad en materia de inmigración.

"El empresario decide"
"La capacidad de acogida (de los inmigrantes) de España la marca las necesidades de nuestro mercado laboral", dice Rumí, lo que para el abogado Javier Rois, quien asesora en este tema en el Colegio de Abogados de Madrid, implica que los inmigrantes "quedan en manos de la voluntad del empresario".

Pero como explica a la BBC Aníbal, un colombiano que lleva años residiendo "sin papeles" en España, esto no necesariamente va a cambiar con el nuevo reglamento de ley.

"Las personas no se quieren comprometer. Uno tiene trabajo hasta que le diga al patrón que uno quiere trabajo con contrato, ahí se le acabó a uno el trabajo".

Aníbal concluye: "Primero que todo (el empresario) tiene una persona ilegal, le paga un salario minimal, cuando lo hace legal le tiene que pagar más y darle sus derechos y eso no le conviene".

Pero el gobierno ha dicho que esta es la última oportunidad que tienen los que contratan mano de obra para ponerse al día. Luego, las sanciones previstas por dar trabajo a "ilegales" podrán llegar a 60.000 euros por trabajador.

Para el abogado Rois, los que no obtengan documentación en regla en este proceso volverán a ingresar a "una bolsa de economía sumergida que este proceso no va a solucionar".

El gobierno no da cifras, pero los expertos consultados por la BBC calculan que un 50% de los indocumentados residentes en España obtendrán un permiso de residencia con esta nueva legislación.

No hay cifras oficiales, pero el número de indocumentados supera el millón de personas.

"Clima de ilusión"
La polémica ha llegado también a los medios de comunicación. El diario El País, más cercando al partido socialista que ocupa el gobierno, señala este lunes que la "iniciativa no tiene por qué distorsionar el mercado laboral", ya que la mayoría de estas personas ya trabajan.

La publicación destaca además que "muchas cosas no funcionarían hoy en España sin su trabajo".

Pero el diario conservador La Razón opina que este proceso "se abre en medio de la inquietud y preocupación sobre sus consecuencias sociales, económicas y en materia de seguridad".

El gobierno no se atreve a dar cifras exactas, pero diferentes organizaciones y sindicatos estiman en más de un millón el número de indocumentados en España, en una población total de poco más de 40 millones.

El colectivo de extranjeros más numeroso es el ecuatoriano, con cerca de medio millón de personas, de las cuales sólo unas 200.000 tienen "papeles".

Rumí
Política hipócrita
"Nuestra valoración es positiva, ha habido una disposición a colaborar por parte del gobierno español", dijo a BBC Mundo el embajador de Ecuador en España, Francisco Carrión Mena, quien constata un "clima de ilusión mezclada con la esperanza" entre sus compatriotas.

Las organizaciones sociales saludan el esfuerzo del gobierno, pero lamentan que la medida no incluya a gran parte de esa masa de trabajadores sin papeles.

"Es una mano de obra que necesita el mercado laboral, pero si sólo se regulariza a pocos, es una política bastante hipócrita, porque muchos sectores económicos no podrían seguir creciendo sin esa mano de obra", dijo a la BBC Yolanda Villaviencio, presidenta de la Asociación América España, Solidaridad y Cooperación (AESCO).

Desde organizaciones como AESCO, ante la legislación de inmigración y la situación en las fronteras, el mensaje para quienes piensen abandonar sus países es claro:

"Hay que buscar otras alternativas en los países de origen, porque es una aventura que no sólo cuesta mucho dinero, sino que también hay un costo social, de desarraigo, de pérdida y desestructuración familiar que no vale la pena", concluyó Villavicencio.
Fuente: [Terra.es]

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