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España aprueba un cupo de 27.000 empleos para extranjeros

Asturias está entre las autonomías que menos mano de obra piden, con 26 peticiones.

El Consejo de Ministros aprobó ayer fijar en 27.034 el número de empleos estables que podrán cubrirse en el 2007 con extranjeros contratados en origen a través del cupo o contingente, sistema de contratación colectiva por el que se organizan procesos de selección en el extranjero.

La cifra supera largamente los 16.878 empleos en que quedó fijada el 2006, aunque la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió de que podrá modificarse a lo largo del año según evolucione la demanda del mercado de trabajo.

MADRID Y CATALUÑA Madrid es la comunidad con mayor demanda de trabajadores (10.713 empleos), seguida de cerca por Cataluña (9.694). Otras autonomías con más demanda han sido Galicia (1.285) y la Comunidad Valenciana (1.260). Las que menos, Canarias (20), Asturias (26) y Extremadura (55).

Al número de empleos estables habrá que añadir también el de contrataciones temporales que se realicen a través del contingente. El Gobierno no fijó ninguna cifra para estas porque prefiere aprobarlas según evolucione la coyuntura de cada sector, pero estimó que podrían alcanzar las 61.000 contrataciones.

Por la vía del denominado régimen general --contratación en origen con ofertas individuales y nominativas--, vendrán otros 92.000 extranjeros, según prevé el Gobierno, con lo que el total de inmigrantes que entrarán en España para trabajar legalmente serán unos 180.000. Unos 20.000 más que los que lo han hecho durante el 2006.

El Ejecutivo aprobó también una cifra inicial de 455 visados de búsqueda de empleo durante el 2007 para el sector del empleo doméstico, así como de 500 visados del mismo tipo para hijos y nietos de los españoles de origen. Los trabajadores que accedan a esta vía de contratación dispondrán de un máximo de tres meses para encontrar ocupación. Si no lo consiguen deberán regresar a sus países.

Como ya había anunciado el pasado sábado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el Consejo de Ministros dio luz verde al decreto por el que se impide la libre circulación de trabajadores de Rumanía y Bulgaria durante un máximo de dos años pese a que estos dos países ingresan en la Unión Europea (UE), tras un largo y duro proceso de negociación, el próximo uno de enero.

El veto se revisará cuando la moratoria lleve un año en vigor y según como haya respondido el mercado de trabajo y los flujos migratorios podría reducirse a solo un año. [La Voz de Asturias]

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