Suma y sigue. El año 2006 se cerrará con la entrada irregular de unos 800.000 inmigrantes, una cifra similar a la registrada en los últimos años. De ellos, apenas la cuarta parte, unos 220.000 inmigrantes, serán dados de alta en la Seguridad Social a lo largo del año, lo que significa que la bolsa de inmigración irregular se situaría en estos momentos entre 1.500.000 y 1.600.000 ‘sin papeles’, la cifra más alta desde que el Ejecutivo aprobó en 2005 el último de los cuatro procesos de regularización.
Según fuentes solventes que han tenido acceso a los registros oficiales que sirven para confeccionar el Padrón, estos son los datos que maneja el Gobierno, que ha visto cumplido en 2006 el peor escenario de los posibles: la inmigración irregular lejos de remitir ha seguido creciendo, y lo ha hecho de una forma espectacular. Sobre todo la procedente de algunos países. “Los bolivianos y los rumanos están entrando a saco”, dicen esas fuentes. Por el contrario, se habría producido una sensible caída en la entrada de ciudadanos procedentes de Colombia y Ecuador; mientras que el número de marroquíes sin documentación alguna continúa creciendo “a buen ritmo”.
De nada ha servido aquel pronunciamiento que hizo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras un Consejo de Ministros, cuando afirmó con tono solemne que, “antes o después”, los inmigrantes irregulares tendrían que volver a sus países de origen.
Lo cierto es que entre enero y noviembre de este año, según los datos que ayer dio a conocer el Ministerio de Trabajo, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumentó en 192.103 trabajadores, de los cuales prácticamente el 70% procede de países de fuera de la Unión Europea. La cifra se sitúa muy por encima de la registrada en los años inmediatamente anteriores a la regularización (entre 70.000 y 130.000), lo que da una idea, según las fuentes consultadas, de la intensidad del fenómeno de la inmigración irregular.
Aquellos años entraron ilegalmente y de forma casi homogénea por las fronteras entre 600.000 y 800.000 ciudadanos de otros países. El año 2005 algo más de 613.000 trabajadores ‘sin papeles’ se acogieron al proceso de regularización abierto por el Gobierno.
De la Seguridad Social a la economía sumergida
En 2006, sin embargo, se está produciendo un fenómeno a la inversa, ya que muchos trabajadores que estuvieron dados de alta a la Seguridad Social como condición indispensable para obtener el permiso de residencia han vuelto a la economía sumergida.
Este fenómeno se está produciendo con especial énfasis en el Régimen de empleados/as de hogar, cuya afiliación ha caído nada menos que un 16,14% respecto al 31 de diciembre del año pasado. Dicho en otros términos, si al acabar el año pasado había inscritos 364.754 cotizantes, ahora hay 58.865 menos, la inmensa mayoría inmigrantes.
Fuentes que conocen bien los entresijos del mundo de la inmigración sostienen que se está produciendo un fenómeno previsible, toda vez que se firmaron miles de falsos contratos que únicamente buscaban la regularización, pero sin que hubiera una oferta real de un puesto de trabajo. Mientras que para ‘legalizar’ a un inmigrante irregular dentro del Régimen General se requería una oferta de empleo por parte del empresario, en el caso de los empleados/as del hogar bastaba con una carta del empleador, lo que a la postre ha favorecido el fraude.
Esos trabajadores contratados se han dado de baja a partir del preciso momento en que han obtenido el permiso de residencia para los dos próximos años, lo que les da margen para ser contratados de forma irregular, ahorrándose tanto el empresario como el trabajador el pago a la Seguridad Social.
Este fenómeno de inmersión -o mejor dicho, de regreso a la economía sumergida- se puede también estar produciendo en el régimen agrario por cuenta ajena, donde la afiliación ha caído en un 4,7%.[El Confidencial]
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