Los obispos muestran su predisposición a colaborar, aunque desmienten que exista un pacto
R. Ruiz /J. R. Navarro Pareja
Uno de los cerca de 61 inmigrantes llegados ayer a Canarias
Madrid- El Gobierno no consigue resolver el problema de dónde reubicar a los menores inmigrantes que han llegado a Canarias a lo largo de 2006 y que mantienen sobreocupados sus centros de acogida. Son casi 900, pero hasta el cinco de enero sólo ha conseguido recolocar a 242 en otras comunidades autónomas solidarias. Éstas, a su vez, también están saturadas por lo que sólo han comprometido 31 plazas más. Así se expone en el balance de política migratoria del Ejecutivo sobre el año pasado que ha sido remitido a las administraciones públicas para que sea discutido en la III Conferencia de Presidentes que se celebra hoy. Es decir, más de 600 menores todavía permanecen en las islas, que sólo están en condiciones de acoger a un máximo de 300.
En un intento por buscar una solución a este problema, sobre el que Canarias está presionando, el Ejecutivo ha pedido auxilio a la Iglesia. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aludió ayer en los desayunos informativos de Europa Press a que se están buscando «líneas de trabajo» con la institución eclesiástica para la acogida de estos menores. «Estamos buscando una colaboración en un tema muy sensible que es el de acogimiento y atención a los menores. Ya hemos acordado algunos elementos y vamos a continuar una línea de trabajo en esta materia». Aunque las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo de acogida, «no es suficiente», dijo De la Vega. «Tiene que ser mayor y es por ello por lo que estamos buscando todas las vías sociales que podamos para abordar este problema tan serio». La vicepresidenta alabó la «importantísima labor» que en este sentido están realizando la Iglesia y las ONG que reciben financiación del Estado.
Sin embargo, fuentes de la Conferencia Episcopal matizaron un poco más tarde las afirmaciones de De la Vega. Aunque agradecieron el reconocimiento que la vicepresidenta hizo de la labor de la Iglesia en el campo de la inmigración, señalaron que de sus afirmaciones en el desayuno informativo «no se puede deducir que se vaya a firmar un acuerdo marco sobre este tema». Las mismas fuentes confirmaron que el Ejecutivo «ha sondeado y ha pedido ayuda» a la Iglesia para la guarda de estos menores inmigrantes, en especial de los provenientes de Canarias. En este sentido, la predisposición de la Iglesia «ha sido muy positiva. ¿Cómo vamos a decir que no acogemos a menores, si siempre lo hemos hecho?» señalaron ayer desde la Conferencia. De hecho, una buena parte de los centros de acogida de menores en España están gestionados por las distintas diócesis, Cáritas y órdenes religiosas.
Por esta razón, desde la Conferencia Episcopal se le aclaró al Gobierno que los interlocutores para esta cuestión debían ser cada una de estas instituciones eclesiales. «Nos consta que el Ejecutivo ya ha tenido conversaciones con varios obispos para intentar concretar esta colaboración», señalaron ayer desde la Casa de la Iglesia, y destacaron que «ni se ha negociado ni se ha firmado nada, aunque se ha mostrado una total disposición a colaborar en un tema tan sensible como la inmigración, independientemente del partido que esté en el Gobierno». También recordaron que aunque las instituciones eclesiales puedan hacerse cargo de la guarda de estos menores, la tutela siempre le corresponde al Estado. Ante las posibles reticencias de algunas comunidades autónomas a aceptar esta tutela, desde la Conferencia Episcopal recordaron que no le corresponde a la Iglesia la solución de estos «problemas políticos sobre la inmigración».
Asunto por resolver
Mientras, el Gobierno canario sigue empeñado en recordar al Gobierno de Rodríguez Zapatero que tiene pendiente ese asunto por resolver. Es más, espera solventarlo en la Conferencia de Presidentes de hoy. El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno regional, Miguel Becerra, exigió al Estado el pasado martes que asuma la custodia de los niños internados en los centros isleños si las autonomías se niegan a asumir su responsabilidad después del hipotético rechazo de las comunidades gobernadas por el PP.[larazon.es]
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