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Human Rights Watch acusa a España de no permitir que los inmigrantes ilegales soliciten asilo político

La organización afirma que el Gobierno "simplemente manda a la gente" y advierte de una posible violación del derecho internacional

EFE

Viernes 12 de enero del 2007.

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha dicho este jueves que el Gobierno español podría estar violando el derecho internacional al repatriar a los emigrantes clandestinos sin permitirles pedir asilo político. "El gobierno español simplemente manda a la gente de vuelta, a Senegal o de donde vengan, sin darles la oportunidad de solicitar asilo político", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, con sede en Nueva York.

En una rueda de prensa en el Club de la Prensa en Washington, Roth ha explicado que algunos de los emigrantes llegan a España por motivos económicos y esas personas "no tienen derecho" de entrar en el país o la Unión Europea. Sin embargo, otros escapan de persecuciones en sus naciones de origen.

"España, como cualquier otro país, tiene la obligación de darles una oportunidad de pedir asilo político y nuestro temor es que al mandarlos de vuelta de forma sistemática y sumaria, España podría estar violando sus obligaciones en base a la Convención sobre refugiados", ha explicado Roth. La Convención, adoptada en 1951, establece el derecho de asilo para las personas que salen de su país de origen por miedo de que sean perseguidos por su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social específico o por sus opiniones políticas. España ratificó el tratado en 1978.

Roth ha presentado el informe anual de la organización, una de las más prestigiosas en derechos humanos, en el cual se destaca que la falta de espacio en los centros de recepción de inmigrantes en España ha obligado a colocar a cientos de menores que viajaban solos en centros improvisados. Según los datos oficiales, en 2006 llegaron más de 30.000 inmigrantes indocumentados en barcazas desde África hasta las Islas Canarias.

Además, en ese informe, la organización denuncia el aumento de los abusos policiales en muchos países de América Latina. "Demasiados gobiernos están optando por responder a las amenazas reales a la seguridad pública de forma violenta y abusiva", ha indicado Roth. El director ejecutivo de HRW ha manifestado que "cuando se pone a gente de forma arbitraria en las prisiones, las prisiones se convierten en universidades criminales".

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