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Ser inmigrante en Asturias

Ecuador, Colombia, Portugal, Brasil, Rumanía, Argentina y Marruecos son los países de origen de la mayoría de los 29.656 inmigrantes que residen en Asturias. De ellos, 15.985 son mujeres y 24.779 tienen permiso de residencia. A 28 de febrero, 12.615 estaban afiliados a la Seguridad Social, lo que supone el 0,67 por ciento del total nacional, que asciende a 1.876.401 inmigrantes.

Asturias es la tercera comunidad autónoma con menor número de inmigrantes. Sólo computan menos extranjeros Extremadura, con 10. 789 (el 0,57 por ciento del total nacional), y Cantabria, con 11.435 (el 0,61 por ciento).

La situación en la que residen muchos de los inmigrantes que residen en el Principado fue denunciada ayer por la secretaría para la igualdad de UGT Asturias, coincidiendo con la celebración, hoy, del «Día contra el racismo y la xenofobia». Según los datos aportados por este sindicato, de las 24.779 tarjetas de residencia en vigor, el 52,16 por ciento son de mujeres. El tramo de edad más amplio de los que las poseen va de los 16 a los 34 años (1.243), los menores de 16 años (2.636) y las de personas mayores de 64 (907). Quedan, si se cruzan los datos con los de empadronamiento, 4.877 personas sin permisos en vigencia.

Seis de cada diez trabajadores inmigrantes tienen estudios primarios o secundarios y las mujeres están, generalmente, más preparadas que los hombres. En muy pocas ocasiones consiguen, sin embargo, un trabajo acorde con su formación, ya que su principal objetivo es lograr unos ingresos que les permitan vivir y, además, enviar dinero a sus familias en sus países de origen.

Los inmigrantes son, por su situación, vulnerables «a sufrir situaciones de abuso y explotación por parte de sus empleadores y empresarios», dice el informe. Largas jornadas laborales con bajos salarios y sin derecho a replica. En las zonas agrícolas a veces son los propios empresarios los que les alquilan construcciones para que puedan vivir, «a precios abusivos o descontándoles dinero del sueldo». Una situación que, según UGT, se da también en la construcción, «sector en el que muchos trabajadores residen en barracones cerca de la obra».

La gran mayoría de inmigrantes vive en régimen de alquiler y suele compartir la vivienda con compatriotas o con sus propios familiares. Según UGT, con los datos que se barajan se calcula que cinco de cada diez inmigrantes comparten piso. Además, y según esta organización sindical, los dueños de las viviendas en las que residen no suelen especificar las condiciones del alquiler en el contrato, por lo que les resulta fácil su desalojo. «Ante la más mínima incidencia o cuando por cualquier motivo no les interesa seguir alquilando la vivienda a los inmigrantes, los dueños recurren a la amenaza de cobrar el alquiler para poder justificar la expulsión por impago», asevera UGT en un informe basado en el trabajo realizado por su departamento de migraciones.[lanuevaespaña]

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