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España estudia delimitar derecho a la reagrupación familiar de inmigrantes

Madrid, 22 jul (EFE).- El Gobierno español planea modificar la actual normativa con vistas a delimitar las condiciones para la reagrupación familiar de los inmigrantes que residen en territorio español.

"Nadie cuestiona el derecho reconocido y garantizado que tienen los extranjeros a vivir en familia pero es necesario delimitar claramente qué familia y en qué condiciones", dijo hoy el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

En una comparecencia extraordinaria en la Cámara Baja del Parlamento, el ministro subrayó que lo primero que hay que hacer es "reflexionar" sobre cómo modificar las actuales condiciones de reagrupación.

El ministro se declaró recientemente partidario de cambiar la ley para limitar el derecho a la reagrupación y acotarlo exclusivamente a las personas que integran el núcleo familiar, es decir, a padres e hijos menores de 18 años.

Corbacho también defendió que la citada normativa incluya un permiso de trabajo para los hijos de inmigrantes de entre 16 y 18 años que no estén escolarizados.

En su comparecencia parlamentaria, el ministro dejó claro que "la mejor forma de alcanzar las deseadas cotas de control y legalidad, y de cohesión social, integración y convivencia, es a través de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas" que permita alcanzar un pacto de estado sobre inmigración.

Corbacho defendió el programa voluntario de retorno de los inmigrantes no comunitarios, que permitirá a los extranjeros en paro cobrar por adelantado su prestación de desempleo para regresar a su país de origen, y recordó que quienes se acojan a este sistema y después quieran volver a España, conservarán los derechos adquiridos.

Otro de los asuntos que planteó es la directiva europea de retorno, que tantas críticas ha suscitado en distintos partidos políticos y, sobre todo, en diversos países extracomunitarios.

El ministro español reiteró que la legislación española de extranjería es "mucho más garantista" que la comunitaria y que, "por tanto", no hay por qué cambiarla.

Sobre la posible ampliación del periodo máximo de detención de los inmigrantes, Corbacho precisó que el Gobierno "no aprovechará la directiva para rebajar las garantías" de los inmigrantes y que cualquier cambio de la normativa lo tendrá que decidir el Congreso de los Diputados (cámara baja), no el Ejecutivo.

Recordó que la citada directiva establece "mínimos comunes" pero respeta las legislaciones nacionales con niveles de protección de los derechos de los inmigrantes superiores a la misma.

"Por lo tanto", insistió Corbacho, "no tiene por qué afectar a nuestra legislación, que es mucho más garantista".

Reconoció, sin embargo, que "hubiese preferido" que el periodo máximo de internamiento que establece la directiva (de dieciocho meses) fuera "menor" y justificó el apoyo del Gobierno a esa norma en la necesidad de "progresar hacia una política común de inmigración" que, en su opinión, "es lo importante".

El ministro de Trabajo e Inmigración también se refirió al "drama", tanto en el origen como en el destino, que representan las pateras o cayucos (embarcaciones pequeñas y frágiles que suelen navegar con exceso de peso) procedentes del norte de África que tratan de alcanzar las costas españolas.

Corbacho aseguró que no es indiferente ante ese drama pero aclaró que "venir en un cayuco no es de ninguna de las maneras motivo para una regularización".

Si se regularizase a todos los que llegan en cayuco sería una "irresponsabilidad" del Gobierno que además provocaría un efecto llamada, añadió.

Con estas declaraciones, el ministro zanjó el debate sobre la posible legalización de los supervivientes de la patera que llegó el pasado 9 de julio a las costas de Almería y en la que habían fallecido quince personas, entre ellas nueve bebés.

En la misma sesión parlamentaria, el portavoz de la principal fuerza de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), Rafael Hernando, advirtió de que el nuevo "modus operandi" de las mafias es llenar las pateras de mujeres y bebés y que, por tanto, sería "gravísimo error" legalizar a los supervivientes. [EFE]

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