Se alquila piso, abstenerse inmigrantes

• Decenas de anuncios de alquileres vetan explícitamente a los inmigrantes en la red

• Sorpresa e indignación en la Administración y entre los colectivos de extranjeros

Imagen de uno de los anuncios donde se veta a los inmigrantes en Madrid capital. (FOTO: ELMUNDO.ES)

ROBERTO BÉCARES | JOSE F. LEAL

MADRID.- No se trata de una broma pesada ni de un comentario aislado sino de una coletilla cada vez más habitual en los anuncios por palabras que proliferan en los portales de Internet. "Abstenerse inmigrantes", "abstenerse extranjeros". Con naturalidad, quienes arriendan pisos vetan a los inmigrantes igual que piden "preferiblemente estudiantes" o "parejas solventes". [VER ALBUM]

"Primera noticia", confiesan con "sorpresa", "preocupación" e "indignación" en la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que dirige Consuelo Rumí al saber de su existencia de la mano de Elmundo.es. "Es la primera vez que tenemos constancia de una muestra tan explícita de racismo en este ámbito", afirma Estrella Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes.

No tanto asombro causa el dato entre las asociaciones de inmigrantes y las ONG's. "Es algo escandaloso", opina no obstante Guillermo Llano, presidente de la Federación Española de Inmigrantes, que reúne a más de 60 asociaciones y representa a cientos de miles de inmigrantes.

"Es la primera vez que tenemos constancia de una muestra tan explícita de racismo en este ámbito", afirma Estrella Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes

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Llanos asegura que en los colectivos de inmigrantes se recogen a menudo testimonios verbales de discriminación a inmigrantes en el alquiler de pisos, pero en ningún caso pensaban que hubiera una "exclusión por raza" tan "flagrante" y por escrito por parte los arrendadores. En la red, estos anuncios se encuentran por docenas.

"Es la primera vez que veo algo así. Es muy grave porque es una muestra tangible de la discriminación existente", explica por su parte Jenny de la Torre, presidenta de la Federación de Comunidades Negras en España.

"Si el anunciante fuera una empresa que se dedica al alquiler de viviendas quizá podría ser constitutivo del delito contemplado en el artículo 512 del Código Penal", afirman en Cuatrecasas

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Generalmente, este tipo de discriminación racista no se registra, pues, como reconocen en la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, "no hay un lugar donde se recoja este tipo de denuncias y discriminaciones".

Brecha informativa y jurídica

Algo no encaja si una realidad tan familiar para unos no llega a quien puede contribuir a erradicarla. Al parecer, faltan indicadores. "No tenemos ni la competencia ni la capacidad para denunciar este tipo de situaciones", lamenta Estrella Rodríguez, "queda un trabajo largo por andar" mientras recuerda la inminente creación de un Consejo por la Igualdad de Trato por Origen Racial y Étnico que, en función de una Directiva europea del año 2000 (la 43/2000/CE del 29 de junio), deberá ocuparse "de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por motivo de su origen racial o étnico".

"En el ámbito civil no se establecen mecanismos específicos", matiza Ramírez, que, por otro lado, asegura que no han recibido denuncias de casos de racismo relacionados con la vivienda en la red. "Claro que tenemos quejas de personas a las que no les alquilan pisos por su condición de inmigrantes, pero es algo difícil de probar. No son denuncias en firme".

Motivo de denuncia

¿Son denunciables de forma eficaz este tipo de anuncios en los que se hace explícito el racismo? ¿Deberían controlarse los contenidos de dichos anuncios, generalmente gratuitos? Para Miguel Martí, consejero de Cuatrecasas, «la discriminación racial es siempre motivo de denuncia», ahora bien, «no tengo claro si una denuncia de este tipo prosperaría, ni sé ante quién debería presentarse".

"Instaremos a las autoridades públicas a que actúen de oficio para ver si hay algún tipo de delito", afirma la Federación de Asociaciones de Inmigrantes

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"Si el anunciante fuera una empresa que se dedica al alquiler de viviendas quizá podría ser constitutivo del delito contemplado en el artículo 512 del Código Penal, que castiga a los que, en el ejercicio de sus actividades empresariales, denieguen a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón, entre otras cosas, de su etnia, raza o nación". Para Martí, si se trata de un particular "no veo que tenga encaje en ningún artículo del Código Penal". De todas formas, aun tratándose de una empresa, dependerá de la valoración del juez.

Desde el Ministerio del Interior precisan que es la Justicia quien tiene que determinar si hay un hecho delictivo en esos anuncios.

No hay duda, según el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes: son "totalmente denunciables". "Si se confirma que es así y los dueños de los pisos se niegan a quitar el anuncio, habría que tomar medidas. Instaremos a las autoridades públicas a que actúen de oficio para ver si hay algún tipo de delito", precisa. "Estos anuncios incitan al odio y causan vergüenza", concluye.

El estudio de Inmigración y Vivienda en España -presentado por la secretaria de Estado de Inmigración en febrero 2006- concluía que los inmigrantes ocupaban unas 653.000 viviendas, casi el 50% en régimen de subarriendo -habitación con derecho a cocina y baño- y un 19%, hacinado en menos de 10 metros cuadrados.

¿Volver a su país de origen por 5.400 euros?

* El Gobierno quiere que los inmigrantes cobren de golpe el paro para que regresen
* Los sindicatos piden que se les devuelvan las cotizaciones a la Seguridad Social
* La OIM acompaña el retorno con microcréditos para que monten negocios en sus países

ANA DEL BARRIO

MADRID.- Volver a empezar es caro. Muchos inmigrantes ya han visto asomarse las orejas de la crisis económica a sus bolsillos y se plantean regresar a su país, pero: ¿se puede comenzar una nueva vida con 5.400 euros en el bolsillo?

El Ministerio de Trabajo ha ideado una nueva fórmula para facilitar el retorno de los extranjeros y, de paso, disminuir la lista de parados: que los inmigrantes puedan acumular las prestaciones de desempleo y cobrarlas de golpe, en lugar de recibirlas mes a mes.

La propuesta ha sido recibida con cautela por sindicatos y ONG, que la consideran insuficiente si no va acompañada de un programa asistido o de ayudas extra para que los inmigrantes puedan invertir ese dinero en pequeños negocios en sus países.

Según los cálculos de las centrales sindicales, los extranjeros podrán cobrar una media de seis meses de desempleo, así que, poniéndonos en el mejor de los casos, un empleado que cobre de paro unos 900 euros al mes durante medio año podrá juntar 5.400 euros.
Entre la economía regular y la sumergida

Los inmigrantes, debido a su alta tasa de temporalidad, tienen derecho a una escasa capitalización y, por tanto, podrán acumular poco dinero, según asegura Lola Liceras, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras. "Son trabajadores que han rotado mucho entre la economía regular y la sumergida y su capitalización va a ser pequeña. Además, los extranjeros que reciben prestaciones de desempleo son los que llevan más tiempo en España y han hecho un mayor esfuerzo por integrarse", explica Liceras.

El Gobierno tiene previsto aprobar el documento con el fin de facilitar el retorno de los inmigrantes en el mes de julio. Para poner en marcha la propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, es necesario modificar la normativa.

En la actualidad, sólo se permite acumular las prestaciones de desempleo a los trabajadores para que constituyan cooperativas o se den de alta como autónomos. El INEM concede a los parados el 40% de su prestación en efectivo y otro 60% se lo paga a la Seguridad Social en concepto de sus cotizaciones como autónomos.

La Organización Internacional de las Migraciones proporciona a los extranjeros el billete de vuelta y 1.500 euros para facilitar su reintegración

Para el secretario de Inmigración de UGT en Cataluña, Abdelkader Aslimani, la propuesta del Ejecutivo es insuficiente, puesto que sólo se está dando a los inmigrantes el dinero que les corresponde, sin ninguna ayuda extra: "No es una medida eficaz y no va a influir en el retorno de los inmigrantes. Si les dan el dinero de golpe, los inmigrantes van a volver al cabo de un mes", afirma Aslimani.

Este dirigente sindical considera que el Ejecutivo también debería devolver a los inmigrantes las cotizaciones a la Seguridad Social, puesto que si se marchan a sus países ya no tendrían derecho a cobrar la jubilación.

Ante la crisis económica, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) está recibiendo una gran avalancha de peticiones de inmigrantes que desean volver a sus países, pero muchas de ellas no las pueden atender por falta de financiación.

Desde que este organismo comenzó a trabajar en España en el año 2003, un total de 2.844 extranjeros han retornado a sus países bajo su paraguas. La OIM tiene firmados convenios con el Ministerio de Trabajo, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Valencia y la Comunidad de Madrid y para este año cuenta con 815 plazas.

Los inmigrantes pueden optar a dos programas: uno básico, que les proporciona un billete de vuelta, más 450 euros en el bolsillo, y otro más ambicioso, que además del pasaje, les facilita 1.500 euros para que monten empresas en sus países.

Este dinero no se concede directamente al inmigrante sino que lo gestionan las oficinas de la OIM en los países de origen, que supervisan la marcha de los negocios (locutorios, taxis, locales de comida o viveros). De esta forma, tienen una nueva oportunidad para empezar de cero en el país que les vio nacer.

España encabeza el ranking europeo en inmigración ilegal y economía sumergida

Y dentro de España es Cataluña junto a Madrid la región europea con mayor índice de ilegales. Entre un 25 y un 30 por ciento de la población inmigrante que reside en Cataluña está en situación irregular y un 20 por ciento de ellos trabajan en la economía sumergida’, según afirma Jordi Sánchez, relator del estudio ‘Líderes en inmigración’ y director de la Fundación Bofill. Sánchez reconoce que tanto la cifra de extranjeros sin permiso de trabajo o residencia como la de inmigrantes que trabajan de manera ilegal en Cataluña es la ‘más elevada’ de Europa, donde la economía sumergida es un fenómeno ‘residual o inexistente’. Cataluña, con un 15 por ciento de inmigrantes, se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a porcentaje de ciudadanos de origen extranjero.

Madrid por su parte supera a Cataluña, ya que la capital de España contaba ya en 2005 con un 15 % de su población inmigrante y toda la región con el 12,7 %. Las cifras para el presente año podrían rondar el 17 % en la capital y en torno al 15 % en el resto de la región. Muy por encima de la media del conjunto de España, que es del 10 %.

Por su parte, ERC apuesta por un modelo integrador de los inmigrantes, que la izquierda rechaza para el resto de España. Según Carod Rovira, ’si lo hacemos bien, los inmigrantes de hoy serán los catalanes de mañana, igual que los inmigrantes de ayer son los catalanes de hoy’.

El tercer y cuarto lugar en el ranking de inmigración lo ocupan Valencia y Andalucía, con índices en torno al 12 % de extranjeros en su población. [minutodigital]

Un millón de inmigrantes consiguió en el último año permiso para residir en España

Nada parece frenar el flujo de inmigrantes que llega a España. Los últimos datos a 31 de marzo hechos públicos por el Ministerio de Trabajo revelan que en los últimos doce meses recibieron su tarjeta de residencia casi un millón de extranjeros (956.092 personas), lo que supone un incremento del 29,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Es más, sólo en el primer trimestre del año, cuando el empeoramiento de la situación económica -sobre todo del sector de la construcción- era ya más que evidente, se produjeron 213.821 nuevos registros, un 5,3% anual más. La cifra global de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor alcanza ya los 4.192.835 millones.

En los tres primeros meses del año, los rumanos han sido los que más han aumentado en presencia. Obtuvieron su tarjeta de residencia 60.991 más que en diciembre de 2007, un aumento trimestral del 10,1%, lo que sitúa el contingente total en 664.880. En los últimos doce meses su presencia crece nada menos que un 150,9%. De mantenerse esta evolución, podrían superar en breve a los marroquíes, que tradicionalmente han liderado a los extranjeros por nacionalidades. En el primer trimestre del ejercicio recibieron permiso de residencia 27.171 marroquíes, un alza de apenas el 4,1%, que deja el número total en 675.906.

Tras los rumanos, los mayores incrementos porcentuales han correspondido en el último trimestre a bolivianos y portugueses (ambos con el 7,6%). No obstante, los ecuatorianos siguen siendo los terceros en guarismos totales –alcanzan los 413.642-, seguidos por colombianos y británicos. Llama la atención, la evolución en los últimos doce meses de las entradas de búlgaros, con un alza del 84,8%. Su presencia total llega a los 136.504

Concentración en Cataluña, Madrid y Valencia

La causa que mejor explica la imparable intensidad de la inmigración es el reagrupamiento familiar, con la consiguiente presión que genera sobre el gasto en ámbitos como educación o sanidad. De este modo, del 46,81% del total de certificados de registro o tarjetas de residencia en vigor corresponde a aquellos pertenecientes a un ciudadano comunitario o familiar. El 21,5% afecta a autorizaciones de trabajo por cuenta ajena y el 20,43% es de tipo permanente, lo que permite trabajar y residir en las mismas condiciones que los españoles. Un 10,83% constituye residencia no lucrativa y no da derecho a trabajar.

Por comunidades autónomas, la residencia se concentra en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, que agrupan al 65,5% de los extranjeros con tarjeta en vigor; es más, sólo Madrid y Barcelona reúnen al 32,7%. Las autonomías con mayor porcentaje de extranjeros con autorización de trabajo son Madrid, Murcia, Cantabria y País Vasco, superando el 25% en todos los casos. La media de edad es de 33,2 años, siendo los marroquíes los que arrojan una media más joven, con apenas 27,5 años. [el confidencial]

Rubalcaba: 'Si somos laxos con la inmigración ilegal no hay quien la pare'

* Nueve países no contemplan en su legislación ningún límite para la retención
* El ministro del Interior asegura que 'no habrá un recorte de los derechos'
* Rubalcaba ha informado de que en España hay un límite de 40 días para el internamiento

Actualizado jueves 08/05/2008 09:34 (CET)

MADRID.- "Si somos laxos con la inmigración ilegal la avalancha no hay quien la pare". Así de tajante se ha mostrado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la polémica propuesta de la UE para la repatriación de los inmigrantes clandestinos.

El ministro del Interior ha defendido el apoyo de España a la nueva directiva de los Veintisiete asegurando que de aprobarse la propuesta -este miércoles no se logró un acuerdo- "no habrá un recorte de los derechos de los inmigrantes" sino que permitirá "superar obstáculos en el procedimiento".

El objetivo de la nueva norma planteada por la UE es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos.

Por ejemplo, en estos momentos, un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.

A este respecto, Rubalcaba ha informado de que en España hay un límite de 40 días. Un límite que el ministro ha calificado de demasiado corto si se tiene en cuenta todos los obstáculos que se presentan a la hora de llevar a cabo la repatriación.

"La directiva de la UE establece un máximo de seis meses, pero eso no quiere decir que España vaya a utilizar los seis meses, aunque debido a los obstáculos que nos encontramos, sí que ampliaremos el pazo que tenemos a día de hoy de 40 días", ha asegurado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser.

"Hemos sido siempre muy estrictos con la inmigración ilegal. Hemos sido muy duros"

Según ha explicado Rubalcaba, cuando se produce la llegada de inmigrantes ilegales existen dos opciones, bien dejarle entrar o bien repatriarlos, "España opta por repatriarlos". Sin embargo, el proceso parece ser más que complicado.

En primer lugar, se interna a los inmigrantes ilegales bajo tutela judicial para poder ser identificados, y una vez que se les identifica las autoridades se ponen en contacto con el país de origen que envía una comisión de identificación para verificar que es quién dice ser y que regresa a su país para preparar todos los papeles para su repatriación.
Un proceso largo y complicado

Un proceso "largo y complicado" y que en muchas ocasiones no se culmina por el breve tiempo de internamiento, en el caso de España los 40 días. De ahí el apoyo de España a la nueva directiva.

Rubalcaba también ha explicado el incremento de la dureza en las políticas de inmigración, sobre todo en repatriaciones, que se ha producido en España. "Hemos sido siempre muy estrictos con la inmigración ilegal. Hemos sido muy duros".

La normativa europea permite ahora que los internamientos sean acordados también por las autoridades administrativas y no sólo las judiciales

"Es una de las decisiones más duras, pero tenemos que ser así porque si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quien la pare", ha añadido Rubalcaba, aunque también asegura que "para repatriar hace falta procedimientos que respeten los derechos".

La nueva directiva europea, cuya votación se ha aplazado una semana, es más estricta que el proyecto anterior, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento de los 'sin papeles'. La norma permite ahora que los internamientos sean acordados también por "las autoridades administrativas" y no sólo las judiciales.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada.

Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días. La directiva de retorno se aplica también a los menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.