EL MINISTRO del Interior fue ayer irresponsablemente desacertado cuando, para intentar justificar la directriz que obliga a la Policía de Madrid a detener un cupo mínimo de inmigrantes irregulares a la semana, admitió la existencia de «objetivos cuantitativos en la lucha contra la delincuencia». Tan desafortunado resultó Rubalcaba que, a las pocas horas de estas declaraciones, dictó e hizo pública una «instrucción clarificadora de la actuación policial en la aplicación de la Ley de Extranjería» que, si bien bendice los «objetivos numéricos» como metodología, corrige la discrecionalidad con que se han venido practicando los arrestos e identificaciones desde hace seis meses, al imponer un «criterio delincuencial». Es decir, la Policía seguirá marcándose cupos de detenciones de delincuentes en situación ilegal, pero no acosará sin más a la población inmigrante en busca de sin papeles. Este zigzag entre la primera intervención del ministro y su posterior orden de clarificación ilustra lo errático y contradictorio de una gestión migratoria en la que el Gobierno se ve ahora abocado a corregir con urgencia las nefastas consecuencias de la política de puertas abiertas de la anterior legislatura.
Las declaraciones de Rubalcaba en su primera comparecencia no dejan lugar a dudas del espíritu que ha guiado la actuación de la policía ante la orden de cumplir sus objetivos numéricos.Si el máximo responsable del funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad pretendía presentar como lógica la metodología de los cupos, cuya puesta en práctica se ha saldado con redadas indiscriminadas de inmigrantes en el metro y en las puertas de los colegios, y con identificaciones masivas de viandantes sin otro criterio de sospecha que el de sus rasgos físicos, lo cierto es que consiguió todo lo contrario.
Al equiparar la actuación policial contra la inmigración ilegal con la actuación policial contra los delincuentes en situación irregular, Rubalcaba hacía suyos los clichés xenófobos con que tantas veces la izquierda ha intentado atacar al PP. Con sus declaraciones el ministro contribuía a criminalizar la inmigración, al identificar como delito lo que no es más que una falta administrativa: carecer de papeles. Aunque había explicado que la prioridad de la Policía es «detener ilegales cuando estos inmigrantes están vinculados a la delincuencia», su ejemplo sobre lo habitual que resulta que en una comisaría «se pida un mayor esfuerzo a los agentes cuando se incrementa el número de robos» abundaba en una asociación peligrosa y contraproducente.
No se trata de sacar de quicio las declaraciones de Rubalcaba, sino de exigirle el máximo de sensibilidad y rigor a la hora de valorar la oportunidad de una consigna política que ha levantado ampollas entre las asociaciones de inmigrantes, y que llevó a cuatro sindicatos policiales a reclamar al Defensor del Pueblo una «clarificación legal» para determinar cuándo, en qué supuestos y por cuánto tiempo se puede impedir la libre circulación de un ciudadano, ante el temor de que la orden interna del Ministerio, tal como ha estado siendo trasladada hasta ahora por los mandos policiales, pudiese vulnerar la legislación vigente. Cabe recordar que los agentes eran incluso premiados o castigados en función de que cumpliesen o no sus cupos.
No podemos sino apoyar que la policía haga cumplir la Ley de Extranjería y localice a los inmigrantes en situación irregular en España para proceder a su extradición. Pero ello no puede servir de pretexto para justificar una instrucción interna que convertía en potencial delincuente a cualquier extranjero y que empujaba a las Fuerzas de Seguridad a asumir procedimientos rayanos en la ilegalidad.
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