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Hace pocos días, el ministro Corbacho ha anunciado que para este año 2009 el dinero destinado a la integración de los inmigrantes bajará con respecto al 2008 en un 30%: los 200 millones de euros del año pasado se quedarán en 141. Este drástico recorte supone el 80% de lo que corresponde al Ministerio de Trabajo e Inmigración en la reducción total de 1.500 millones acordada en Consejo de Ministros y que ha de repartirse entre todos los ministerios. El acuerdo incluía la promesa, incumplida, de que la reducción en ningún caso afectaría a la protección social.
El anuncio, hecho en vísperas de la celebración del Día Mundial contra el Racismo, mide cuál es la importancia que este Gobierno socialista da a la integración dentro de su política inmigratoria. Porque, ¿va a ahorrarse también en el SIVE (Servicio Intensivo de Vigilancia del Estrecho), en el número de patrullas por tierra y mar, en las donaciones a gobiernos de países africanos para que impidan a sus ciudadanos salir de ellos sin contrato de trabajo (aunque esto viole el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)? Nada se ha dicho al respecto y no parece que las cosas vayan a ir por ese camino. Se ratifica que de las llamadas políticas de inmigración lo que interesa realmente es el control de los flujos -algo ilusorio, por otra parte, mientras no se transforme el actual orden mundial- y muy poco la integración.
La gravedad de la medida es máxima porque los fondos que se recortan, y que ya, de entrada, eran muy limitados, pertenecen a partidas dirigidas a las necesidades de acogida, al refuerzo educativo y a los menores inmigrantes no acompañados. Serán estas partidas las que se tambaleen con los 70 millones de euros menos que para ellas recibirán los ayuntamientos. Sólo el servilismo partidista más mezquino puede explicar que la Federación de Municipios de Andalucía y las entidades equivalentes de otras comunidades autónomas, con la excepción, que sepamos, de la de Cataluña, no hayan manifestado ya su más enérgica protesta. Porque el recorte no supone sólo un desprecio a las personas inmigrantes (tanto irregulares como residentes) y a sus hijos, sino un torpedo contra la cohesión social en los pueblos y barrios de las ciudades donde un porcentaje significativo de sus habitantes proceden de otros países. En una época de grave crisis del empleo, como la que sufrimos, se necesitaría precisamente un refuerzo de los servicios públicos -sanitarios, educativos, asistenciales- dirigidos al conjunto de la población para que no avanzaran las actitudes de rechazo al otro culpabilizándole, injustamente, del empeoramiento de estos servicios.
Pese a toda la palabrería de que hacen gala nuestros actuales gobernantes, la falta de interés por hacer avanzar la necesaria integración social -que no hay que confundir con la inaceptable asimilación cultural forzada- es evidente. No hay ni habrá integración si no se fortalecen los medios para la cohesión social a todos los niveles: dentro de los propios colectivos de inmigrantes y de estos con el conjunto de la sociedad. El proyecto de reforma de la actual Ley de Extranjería refleja hasta qué punto se retrocede: nuevos obstáculos a la reagrupación familiar, desigualdad respecto al derecho a la vivienda entre los diversos tipos de residentes, posibilidad de repatriación sin garantías de los menores inmigrantes no acompañados, ampliación en un 50% del tiempo actual de "retención" de irregulares en los Centros de Internamiento (pequeños guantánamos cuya existencia no sólo es ilegítima sino anticonstitucional) y la escandalosa equiparación, y penalización, de la ayuda humanitaria y la solidaridad con quienes nada tienen con la explotación y el tráfico mafioso de personas (lo que obligará a la desobediencia civil a cuantos conserven un poco de ética o de caridad cristiana).
España es uno de los cinco países de Europa que no documenta oficialmente los incidentes racistas. Frente a 55.000 casos declarados en 2005 por el Reino Unido, el Estado español notificó sólo 12 a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. ¿Vivimos en un paraíso plurirracial y multicultural o será que invisibilizamos los problemas, adoptando la táctica del avestruz? Al debilitar la cohesión social, la decisión del Gobierno, y más concretamente del ministro Corbacho, que fue alcalde durante muchos años de una ciudad con un alto porcentaje de inmigrantes, se inscribe en esta ceguera voluntaria y alimenta objetivamente las bases sobre las que se desarrolla la xenofobia y el rechazo a los otros. Curiosa forma de celebrar el Día Mundial contra el Racismo.
El anuncio, hecho en vísperas de la celebración del Día Mundial contra el Racismo, mide cuál es la importancia que este Gobierno socialista da a la integración dentro de su política inmigratoria. Porque, ¿va a ahorrarse también en el SIVE (Servicio Intensivo de Vigilancia del Estrecho), en el número de patrullas por tierra y mar, en las donaciones a gobiernos de países africanos para que impidan a sus ciudadanos salir de ellos sin contrato de trabajo (aunque esto viole el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)? Nada se ha dicho al respecto y no parece que las cosas vayan a ir por ese camino. Se ratifica que de las llamadas políticas de inmigración lo que interesa realmente es el control de los flujos -algo ilusorio, por otra parte, mientras no se transforme el actual orden mundial- y muy poco la integración.
La gravedad de la medida es máxima porque los fondos que se recortan, y que ya, de entrada, eran muy limitados, pertenecen a partidas dirigidas a las necesidades de acogida, al refuerzo educativo y a los menores inmigrantes no acompañados. Serán estas partidas las que se tambaleen con los 70 millones de euros menos que para ellas recibirán los ayuntamientos. Sólo el servilismo partidista más mezquino puede explicar que la Federación de Municipios de Andalucía y las entidades equivalentes de otras comunidades autónomas, con la excepción, que sepamos, de la de Cataluña, no hayan manifestado ya su más enérgica protesta. Porque el recorte no supone sólo un desprecio a las personas inmigrantes (tanto irregulares como residentes) y a sus hijos, sino un torpedo contra la cohesión social en los pueblos y barrios de las ciudades donde un porcentaje significativo de sus habitantes proceden de otros países. En una época de grave crisis del empleo, como la que sufrimos, se necesitaría precisamente un refuerzo de los servicios públicos -sanitarios, educativos, asistenciales- dirigidos al conjunto de la población para que no avanzaran las actitudes de rechazo al otro culpabilizándole, injustamente, del empeoramiento de estos servicios.
Pese a toda la palabrería de que hacen gala nuestros actuales gobernantes, la falta de interés por hacer avanzar la necesaria integración social -que no hay que confundir con la inaceptable asimilación cultural forzada- es evidente. No hay ni habrá integración si no se fortalecen los medios para la cohesión social a todos los niveles: dentro de los propios colectivos de inmigrantes y de estos con el conjunto de la sociedad. El proyecto de reforma de la actual Ley de Extranjería refleja hasta qué punto se retrocede: nuevos obstáculos a la reagrupación familiar, desigualdad respecto al derecho a la vivienda entre los diversos tipos de residentes, posibilidad de repatriación sin garantías de los menores inmigrantes no acompañados, ampliación en un 50% del tiempo actual de "retención" de irregulares en los Centros de Internamiento (pequeños guantánamos cuya existencia no sólo es ilegítima sino anticonstitucional) y la escandalosa equiparación, y penalización, de la ayuda humanitaria y la solidaridad con quienes nada tienen con la explotación y el tráfico mafioso de personas (lo que obligará a la desobediencia civil a cuantos conserven un poco de ética o de caridad cristiana).
España es uno de los cinco países de Europa que no documenta oficialmente los incidentes racistas. Frente a 55.000 casos declarados en 2005 por el Reino Unido, el Estado español notificó sólo 12 a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. ¿Vivimos en un paraíso plurirracial y multicultural o será que invisibilizamos los problemas, adoptando la táctica del avestruz? Al debilitar la cohesión social, la decisión del Gobierno, y más concretamente del ministro Corbacho, que fue alcalde durante muchos años de una ciudad con un alto porcentaje de inmigrantes, se inscribe en esta ceguera voluntaria y alimenta objetivamente las bases sobre las que se desarrolla la xenofobia y el rechazo a los otros. Curiosa forma de celebrar el Día Mundial contra el Racismo.
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