Los derechos de los inmigrantes no admiten rebajas

En los últimos meses, la crisis económica mundial se ha convertido en un tema de actualidad con gran calado en la opinión pública. En este contexto, la especial sensibilidad de la población hacia los problemas económicos puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de más medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos humanos de las personas migrantes. También puede generar una percepción pública negativa de las personas inmigrantes que puede exacerbar su vulnerabilidad frente a la discriminación, el racismo, la xenofobia y otros abusos de derechos humanos. El Gobierno tiene la obligación de contrarrestar ese fenómeno. Sin embargo, aunque ha anunciado la elaboración de una Estrategia Nacional e Integral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, ni siquiera ha adoptado todavía medidas efectivas para documentar los incidentes de índole racista a manos de particulares o agentes del Estado, ni ofrece datos periódicos sobre estos fenómenos.

En los próximos meses se van a discutir en España tres importantes reformas legislativas (Ley de Asilo, Ley de Extranjería y Código Penal), que pueden implicar recortes para los derechos de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, presidenta de Amnistía Internacional (AI) en España, explica que “en dichas reformas legislativas, el Gobierno no debe dar un paso atrás en las garantías de protección reconocidas hasta ahora. No tener papeles no significa no tener derechos. En ningún caso se pueden rebajar los derechos de las personas migrantes ni de quienes defienden sus derechos”. La presidenta de la organización ha realizado estas declaraciones durante un acto simbólico celebrado hoy en Madrid frente al Congreso de los Diputados, bajo el lema: “Inmigración: rebajas en derechos humanos”.

Amnistía Internacional también ha lanzado hoy una ciberacción en www.actuaconamnistia.org en la que invita a toda la ciudadanía a dirigirse al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresar estas preocupaciones.

Asilo: tendencia a la baja en la protección internacional Amnistía Internacional ya ha denunciado en anteriores informes la existencia de una tendencia preocupante a la baja en el marco de la Unión Europea. En los últimos años, los Estados miembros han adoptado políticas comunes de control migratorio y de fronteras que no sólo socavan los derechos humanos de quienes abandonan sus países de origen en busca de unas condiciones de vida más dignas. También contribuyen a dificultar el acceso a los canales de protección internacional para quienes huyen de violaciones de derechos humanos.

“En el caso de España, resulta muy preocupante el reducido número de estatutos de refugiado concedidos en los últimos años. El año 2008 se ha cerrado con unas 4.000 solicitudes de asilo y tan sólo unos 100 estatutos de refugiados concedidos. Estas cifras, comparadas con otros países europeos, son muy bajas y resultan aún más preocupantes al comprobar que no responden a la especial situación de tantas personas que siguen huyendo de violaciones de derechos humanos en todo el mundo”, afirma Ruiz-Giménez Arrieta. El escaso número de solicitantes de asilo se debe al impacto de las políticas de control migratorio, puesto que estas personas comparten los medios y rutas utilizados por inmigrantes, en los que cada vez se encuentran más obstáculos También corren la misma suerte de sufrir abusos e incluso perder la vida.

La organización considera que el Proyecto de Ley actualmente en discusión en el Congreso de los Diputados supone un claro paso atrás respecto a la Ley de Asilo actual y un retroceso en las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Entre las preocupaciones de AI sobre este proyecto se encuentran: la imposibilidad de que ciudadanos europeos puedan pedir asilo, la desaparición de la posibilidad de pedir asilo en embajadas, la inclusión de cláusulas contrarias a la Convención de Ginebra o la creación de varios procedimiento acelerados que reducen las garantías para los solicitantes de asilo, entre otras.

En palabras de Ruiz-Giménez Arrieta, “en el actual proceso de reforma de la Ley de Asilo es importante recordar a las autoridades españolas que deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos tal y como se ha comprometido con la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el pasado 12 de diciembre de 2008”.

Extranjería: menos derechos, más disposiciones restrictivas

Aunque los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y regular la entrada y permanencia y salida de personas extranjeras, no se trata de un derecho ilimitado y no puede hacerse a costa de los derechos humanos. La prohibición de discriminación, de la tortura y los tratos inhumanos, y el respeto a la vida de las familias o las normas internacionales sobre detención de migrantes, entre otras cuestiones, no pueden ser ignoradas.

La organización ya denunció cómo en anteriores reformas se adoptaron medidas restrictivas de derechos y contrarias a las obligaciones internacionales de España. También viene alertando del aumento del racismo y la xenofobia y de la necesidad de adoptar medidas que protejan efectivamente a las mujeres inmigrantes ante la violencia de género o la trata de seres humanos.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la tendencia que se observa en la iniciativa gubernamental de reforma de la ley de extranjería, aún no formulada como proyecto de ley para su tramitación parlamentaria. Ésta supone un recorte de derecho y recoge disposiciones restrictivas que incrementan la vulnerabilidad de las personas inmigrantes. Entre otros, es especialmente grave en lo que concierne a los menores no acompañados y los menores en conflicto con la ley, la ampliación del periodo de internamiento en los centros de extranjeros, la limitación al derecho a la reagrupación familiar, así como la ampliación del catálogo de sanciones graves.

Amnistía Internacional quiere recordar a las autoridades españolas (Gobierno y Parlamento) sus obligaciones contraídas con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados. La crisis económica no puede servir de excusa para dar un paso atrás en la protección de los derechos humanos. Las próximas reformas legislativas no deben suponer una rebaja en derechos, en especial en el caso de los menores no acompañados y los menores en conflicto con la ley. Por el contrario, es el momento de aprovechar la oportunidad para ofrecer mayores garantías de protección a las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.