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Público.es - La Ley de Extranjería castiga el apoyo a la inmigración ilegal pero no la acogida

El Gobierno ha aprobado este viernes un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal, pero no al "acogimiento humanitario", y que amplía el plazo de internamiento a 60 días, pero aumenta las garantías y garantiza el apoyo de las ONG.

El proyecto de Ley, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria.

"Con este proyecto se pasa de una ley de extranjería a una ley de inmigración" que es "equilibrada y garantista", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la conferencia de prensa posterior a la reunión.
Reforma inaplazable

Por medio de un comunicado, el Gobierno ha explicado que esta reforma era "inaplazable" por la necesidad de adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a las directivas aprobadas en la Unión Europea.
"No se van a perseguir conductas de acogida humanitaria"

El texto incorpora las aportaciones de organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes, ha añadido.

Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley reformula la sanción que persigue la promoción de la inmigración irregular "para dejar fuera de toda duda que no se van a perseguir conductas de acogida humanitaria", pero mantiene la persecución de quienes provocan la entrada y estancia de un extranjero como turista, y además, sostienen su estancia irregular.
Procedimientos de expulsión

El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.

En cuanto al internamiento de los inmigrantes ilegales, el nuevo texto aumenta de 40 a 60 días el plazo máximo, pero "se han aumentado las garantías y la necesidad de justificación del mismo" y se incorpora la posibilidad de entrada de las ONG a los Centros de Internamiento, ha destacado el Ejecutivo.

Además, se acota las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o habeas corpus, por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.

En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación, de manera que los mayores de 16 años podrán intervenir en dichos procesos.
Mejoras en la lucha

Asimismo, el proyecto contempla una serie de mejoras en la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.
Las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días

Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.
Reagrupación familiar

Entre la modificaciones de la futura ley, el Ejecutivo también ha destacado las relativas a la reagrupación familiar, que "mejoran la futura integración y dan prioridad a la familia nuclear".

Así, establece más rigor en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda del reagrupante y otorga desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados.

Además, permite reagrupar por razones humanitarias a los ascendientes menores de 65 años y computar de manera conjunta los ingresos familiares para facilitar la reagrupación.

Finalmente, entre las modificaciones también cabe destacar la que regula la autorización de residencia a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, para que el temor a la expulsión no sea un obstáculo para la denuncia.

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