Sí, SE PUEDE |
La Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado aprobó esta semana por unanimidad una moción a instancias del Grupo Popular que pide al Gobierno que adopte medidas para proteger al colectivo de empleadas de hogar, ya que “sólo el 50 por ciento” de estas trabajadoras son dadas de alta en la Seguridad Social.
ELENA G. MOREDA
Sí se acerca a ellas para saber qué piensan y sienten. Es el caso de Cinthia Condo, que tiene 26 años y llegó a España en 2006 desde su país natal: Bolivia. Desde entonces, vive en la capital, donde limpia cuatro casas, actividad que combina con el cuidado de sus dos hijos pequeños. En una situación parecida se encuentra la ecuatoriana Angeline Vergara, que lleva diez años trabajando en servicio doméstico “totalmente desprotegida y bajo un vacío legal, porque sigue vigente la ley del 85”, explica. “Tenemos que pagarnos nosotras la Seguridad Social, trabajamos demasiadas horas a merced de lo que mande el jefe, en caso de accidentes laborales estamos desprotegidas y cuando nos jubilemos no tendremos pensión o será irrisoria”, denuncia Vergara. “Cada vez tenemos más deberes y menos derechos porque no se cumplen las leyes, hasta el punto de que no nos hacen contrato o nos echan cuando estamos embarazadas”, concluye.
Al igual que ellas, miles de mujeres, más del 60 por ciento inmigrantes, trabajan en España en este sector, bajo unas condiciones laborales muy duras y en una situación de especial vulnerabilidad, ya que el miedo de las irregulares a ser deportadas las lleva a no denunciar a sus explotadores. Además, la legalidad de los contratos orales, en su caso, no valen para la renovación del permiso de residencia. Conscientes de esta situación, los nuevos vecinos han fundado en los últimos años diferentes asociaciones que defi enden los derechos de estas mujeres. La última que se ha creado en Madrid es la Asociación por los Derechos del Servicio Doméstico (Adesedo).
En defensa de las empleadas domésticas “Esta ONG, que se presentó en septiembre, lucha por que las empleadas domésticas cuenten con las mismas garantías que cualquier otro trabajador (derecho al paro, jornadas de ocho horas, jubilación, bajas por enfermedad, etc.)”, explica a Sí Santo Calo Gómez, portavoz de Adesedo. Para conseguir este reto, la organización quiere que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les tome en cuenta. “Queremos que nos regularice e incluya en el régimen general, ya que el especial, al que estamos sujetas, nos discrimina y, en algunos casos, estamos explotadas”, apunta la presidenta de Adesedo, Mercedes Sierra Pérez.
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