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El 24% de los niños nacidos en
España en el 2008 eran hijos de padres inmigrantes, por lo que el
gobierno busca integrar a las nuevas generaciones en la sociedad
El gobierno español anunció el jueves la puesta en marcha en el 2010 del segundo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para inmigrantes, una iniciativa dirigida fundamentalmente a los hijos de extranjeros nacidos en el país.
La responsable de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo, Consuelo Rumí, recordó que el 24% de los niños nacidos en España en el 2008 eran hijos de padres inmigrantes y subrayó la importancia de integrar a las nuevas generaciones en la sociedad.
"La incorporación plena de estas generaciones a los mecanismos de movilidad e integración social resultará crucial para asegurar la convivencia y evitar el fracaso colectivo en el que se han visto inmersas muchas sociedades de nuestro entorno'', dijo en un acto organizado por la Organización Internacional de Migraciones en Madrid.
Por todo ello, Rumí argumentó que el gobierno considera la integración como uno de los pilares básicos de su política migratoria y se felicitó por el éxito del anterior plan estratégico.
"En España, entre todos hemos hecho la transición a la diversidad, a una sociedad en la que conviven personas procedentes de cientos países'', añadió.
En el país ibérico residen más de 4,5 millones de extranjeros, el 12% de la población. En ese sentido, Rumí destacó la decisiva contribución de los inmigrantes al desarrollo económico y social de España en la última década.
Sobre la reciente entrada en vigor de la nueva ley de extranjería, muy criticada por los colectivos de inmigrantes, respondió que la reforma apuesta a "la integración y el respeto a los derechos de todas las personas desde una visión ordenada de las migraciones''.
La nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los inmigrantes indocumentados en los llamados centros de internamiento y restringe los criterios para la reunificación de familias.
También se reconocen nuevos derechos laborales.
Varias asociaciones sociales consideraron que la nueva legislación recorta derechos fundamentales de las personas, aunque Rumí insistió en que el texto es un avance.
"Hemos sido capaces de aprobar una ley que es positiva para los inmigrantes y para el conjunto de la sociedad española, contando con un debate abierto y sin fracturas sociales'', precisó.
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