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El PP de Badalona sigue el modelo Vic y cuestiona los derechos de los «sin papeles»

ABC.es

La decisión del gobierno municipal de Vic (Barcelona), formado por CiU, PSC y ERC, de prohibir el empadronamiento a los inmigrantes en situación ilegal, ha creado fricciones en el seno de los partidos que la impulsaron, como es el caso de socialistas y nacionalistas, pero ayer contó con el apoyo del PP de Badalona (Barcelona), municipio donde el colecttivo de extranjeros también es muy importante.

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol, que siempre se ha caracterizado por su desacomplejado discurso en materia de inmigración, se opuso ayer a que las personas en situación ilegal se incluyan en el padrón municipal y que puedan acogerse a los servicios sociales igual que el resto de ciudadanos. García Albiol recordó que la no inclusión de los inmigrantes ilegales en el padrón municipal fue una de sus principales reclamaciones, que llevó al Pleno Municipal hace tres años y que fue rechazada por el resto de grupos municipales.

«Injusticia social»

Asimismo, aseguró que en pocos países «se equipara el acceso de los ilegales y de los nacionales a los servicios sociales» y considera que «poner en el mismo nivel de acceso a los servicios sociales a un inmigrante ilegal y a un vecino de Badalona es una tremenda injusticia social». No obstante, el concejal popular se mostró partidario de que los inmigrantes en situación irregular tengan acceso a la atención médica de urgencia.

Le preocupa «ver cómo parejas jóvenes de Badalona no pueden acceder a una plaza de guardería o escolar cercana a sus domicilios, mientras determinadas plazas quedan reservadas a la posible llegada de inmigrantes, en muchas ocasiones ilegales, durante el curso». Sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic de dificultar el empadronamiento de ciudadanos en situación ilegal, dijo que «ya es hora de que algún ayuntamiento catalán empiece a actuar con seriedad y responsabilidad en relación al problema de la inmigración ilegal».

Quienes no lo acaban de tener claro son los socialistas, cuyo portavoz, Miquel Iceta, aseguró que no ve «amparo legal» al acuerdo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic por el que será necesario contar con la residencia para empadronarse en el municipio. No obstante, precisó que su intención no era desautorizar al Ayuntamiento, donde ejercen de oposición CUP, ICV-EUiA y Plataforma per Catalunya (PxC), formación ésta última que promueve un ideario pseudoxenófobo.

Iceta expresó sus dudas de que un ayuntamiento pueda aprobar requisitos extra a los que establece el reglamento estatal sobre empadronamiento y residencia, y consideró que el texto planteado es un «sinsentido». El presidente de la Generalitat, José Montilla, dijo no conocer el caso de Vic, pero «lo que hay que respetar son las leyes y si no gustan, se cambian».

Por su parte, el número dos de Converg_ncia, Felip Puig, exigió al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal (UDC), que «se cumpla la ley. Estamos convencidos de que será así. Esperamos que no haya ningún ciudadano en situación de indefensión», La dirección de Unió defendió la actuación de su edil y recordó que «son los ayuntamientos los que, en virtud de su proximidad al territorio y a los problemas de los ciudadanos, conocen mejor la realidad de sus municipios».

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