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Torrejón también veta el padrón a los irregulares


· ELPAÍS.com

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), gobernado por el PP, también prohíbe el empadronamiento a los irregulares como pretende hacer el de Vic. Su negativa es aún más sangrante que la del municipio barcelonés, ya que impide el empadronamiento a aquellos inmigrantes en cuyo pasaporte figure el visado de turista. También, para evitar los llamados pisos patera, les exige que acrediten que disponen de un mínimo de 20 metros cuadrados útiles por persona para compartir piso, siempre que no sean parientes cercanos del inquilino principal.

Una de las promesas de Pedro Rollán, alcalde de Torrejón (117.000 habitantes), fue la de limitar la inmigración en el municipio, que roza el 20%. Para ello modificó en octubre de 2008 las normas de empadronamiento, y las endureció con todos estos requisitos. El colegio de Abogados de Madrid los considera "ilegales".

Izquierda Unida lleva denunciando el caso más de un año, ha presentado contra él dos mociones e incluso lo ha llevado al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor por todos los problemas de escolarización que generan estas limitaciones, tanto a inmigrantes como a españoles. José Fernández Benito, portavoz municipal de IU, califica los vetos de "medidas xenófobas" y opina que la situación en Torrejón es peor que la de Vic "porque es imposible cuantificar cuántos inmigrantes viven en la ciudad". "Tampoco se ha conseguido reducir los pisos patera", dice, "justo lo que pretendían los populares". Valentín Gómez, concejal del PSOE en Torrejón, afirma que estas medidas "vulneran los derechos del inmigrante".
"Son casos diferentes"

El Ayuntamiento de Torrejón negó ayer que sus normas de empadronamiento tengan alguna similitud con las de Vic, e insistió en que "son casos absolutamente diferentes", además de ser aplicables no sólo a los extranjeros, "sino a todas las personas que quieran empadronarse en el municipio". Según un comunicado distribuido ayer por la corporación de Torrejón, la normativa se basa en "un informe jurídico" y "está encaminada a lograr una mejor convivencia" y "una inmigración regulada en la ciudad". Dulce García, dominicana de 37 años y vecina de la localidad desde hace 11, cree todo lo contrario. "No quieren que nos integremos [los inmigrantes]. Mi hermana intentó empadronarse, pero no nos dejaron porque su visado era de turista. Esto no había pasado hasta que llegó el PP".

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