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Gobernar la inmigración

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Crear un Ministerio de Inmigración -los extranjeros no comunitarios apenas suman el 7% en el Padrón-, siempre me pareció una torpeza, supone dar carta de naturaleza a la segregación institucional de una parte, aunque sea minoritaria, de la población española, identificándola de forma artificiosa por su origen nacional, cultural o étnico; esta política “diferenciadora” ha permitido diseñar la integración social de los inmigrantes no como un proceso normalizado y con garantías legales suficientes, sino como una actividad administrativa discrecional y sometida a las condiciones y circunstancias socioeconómicas de cada momento, y en cada lugar.

Vic-CiU y Torrejón-PP, serían sólo síntomas locales de esa política estatal-PSOE equivocada. Las Administraciones deben garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, no sólo por razones de equidad y justicia, sino también para garantizar la eficacia del sistema democrático, coordinarse entre sí para normalizar sus actuaciones sin levantar falsas alarmas y no utilizar a las personas desplazadas como un arma arrojadiza de unos contra los otros. Es lo que esperan de ellos los ciudadanos de bien, hayamos nacido donde quiera que sea, y les hayamos votado o no.

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