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Vic pospone la normativa que impide el empadronamiento de inmigrantes ilegales

 - 20minutos.es

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha anunciado este miércoles que el ayuntamiento pedirá otro informe externo para decidir si aplica la nueva normativa sobre empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal, que apoyan CiU, PSC y ERC y que se volverá a debatir en el pleno del 4 de febrero.

El alcalde ha manifestado que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta

Los grupos de CiU, PSC y ERC, que integran el equipo de gobierno del ayuntamiento de Vic, han expresadosu apoyo a esta nueva normativa, avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. A pesar de ello, el alcalde ha manifestado que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta.

El Ayuntamiento de Vic ha celebrado este miércoles un pleno ordinario, en el que en principio no se iba a debatir esta polémica medida, pero finalmente se ha acabado discutiendo en el turno de ruegos y preguntas, donde los grupos del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) han mostrado su conformidad, al igual que la ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición. La Candidatura d'Unitat Popular e Iniciativa Per Catalunya Verds (ICV) se han manifestado en contra.

El grupo de ICV había presentado una moción para "garantizar el derecho al empadronamiento y la convivencia en Vic" que debía debatirse en el pleno de hoy, sin embargo ha decidido retirar temporalmente la moción después de que el alcalde aceptara debatirla en el próximo pleno, previsto para el mes de febrero. Vila d'Abadal ha manifestado que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad.

Plataforma per Catalunya es insuficiente ya que consideran que los inmigrantes ilegales "sólo aportan gasto social y delincuencia"

El alcalde ha destacado que la voluntad del equipo de gobierno es que "la inmigración no sea una cosa negativa sino positiva" para el municipio y ha reiterado que "los inmigrantes ilegales no pueden trabajar y por eso no los podemos empadronar". "Mi obligación y la de cualquier persona con responsabilidades públicas es hacer cumplir la ley", ha agregado el alcalde, que ha añadido que esta medida "se limita única y exclusivamente a eso".

Plataforma per Catalunya apoya esta medida, pero la considera insuficiente, tal y como ha destacado su concejal Josep Anglada, que ha considerado que los inmigrantes ilegales "no aportan nada bueno al país y sólo aportan gasto social, delincuencia y economía sumergida". Sin embargo, el grupo municipal de la CUP considera que la medida "es poco ética, insolidaria, electoralista y afecta al 2% de la población", y considera que no "solucionará el problema de la inmigración", mientras que ICV ha pedido su retirada.

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