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El Estado pagó el billete a 79 inmigrantes en 2009 para que abandonasen Asturias

Cruz Roja señala que este año las peticiones «van a más y son de familias enteras, con sus cinco miembros ya integrados en la región»

«Vuelva usted mañana» decían los funcionarios de Mariano José de Larra, pero a ojos del desesperado, ese mañana no existe. Lo tiene comprobado Cruz Roja. El año pasado más de doscientos inmigrantes se acercaron hasta sus oficinas haciendo uno de los caminos más difíciles: «Asumir que te tienes que marchar es lo último para nosotros; hemos dejado tantas cosas atrás, que volver de vacío es una derrota», describe Berta Montoya, de la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias.

Sin embargo, la crisis empuja cada vez a más extranjeros a ese desengaño. En 2007 Cruz Roja sólo tramitó once casos. En 2008 llegó a los 60. El pasado año, marcó ese récord de 200 «y creemos que la cosa irá a más en 2010», pronostica Lucía Artime, responsable de extranjería de la asociación. «Al principio eran casos sueltos, alguno que había pasado una mala historia; ahora llegan familias enteras, con cuatro o cinco miembros, y años integradas en la región», relata.

A todos, la ONG les explica las dos maneras que hay de conseguir que la administración financie la retirada. Desde noviembre de 2008, el Ministerio de Trabajo e Inmigración le ofrece un pacto a quienes aún tienen derecho al subsidio por desempleo: le adelanta en España el 40% del paro que aún le correspondía y, una vez llegue a su país de origen, le ingresa el resto del dinero. Según las cifras del ministerio, por esta vía estudió 64 casos tramitados en Asturias, de los que aprobó 45.

Son cifras modestas que se repiten en otras comunidades. En todo el país son 7.193 los extranjeros que han logrado conmutar su paro por una ayuda para regresar a su país. Cuando lanzó la medida, el Gobierno estimaba que existían 100.000 potenciales solicitantes.

En todo caso y desde Asturias otros 34 extranjeros lograron una ayuda destinada a los casos más angustiosos: «O eran ilegales sin gente cerca que los ayude a resistir el desempleo, o habían agotado el paro, contaban con hipotecas, deudas... de todo», recuerda Artime.

La salida se la pone también el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que ante el aumento de casos ha tenido que imponer medidas de racionalidad: antes ofrecía al retornado una ayuda de entre 400 y 1.600 euros para que se reasentara en su país, pero ahora ha cerrado ese grifo. Unos y otros se comprometen, eso sí, a entregar sus permisos de residencia en España y a no intentar de nuevo la aventura hasta dentro de un mínimo de tres años.

Tres semanas de plazo

¿Es un trato justo? Un dato permite valorarlo. Fueron más de doscientos los que iniciaron desde Asturias el procedimiento para recabar esa ayuda pública. Sólo 79 llegaron hasta el final «en parte porque hasta mediados de año, el proceso burocrático tardaba unos cuatro meses en resolver», apunta Artime. En ese tiempo, Trabajo estudiaba cada caso, comprobaba si el solicitante tenía causas pendientes con la Justicia o acreedores que lo reclamaran.

Era una espera «que muchos no pueden aguantar», indican en Cruz Roja. Pasadas las semanas, la mayor parte de los extranjeros 'desaparecía' por sus medios. «Ves que pasan las semanas y no te cogen el teléfono, y te preguntas cómo, a costa de qué nueva deuda habrán logrado regresar por sus medios», teme Artime. La presión de Cruz Roja ha logrado acortar esa espera a unas tres semanas, «y ahora sí que funcionamos: de las 13 solicitudes de este año, ya se han aprobado 6».

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