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A la caza del inmigrante


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La sutil represión de los controles a extranjeros en el INEM

A pesar de que existen normas legales que preven la exigencia de comparecencia del beneficiario de prestación o subsidio por desempleo a requerimiento de la Oficina de Empleo, y, a pesar de que es causa de extinción del derecho a prestaciones y subsidios por desempleo el traslado al extranjero por un plazo superior a 15 días, nos encontramos ante un uso inquisitivo del derecho que convierte a simple tramitadores en una "policía para desempleados" y a las mismas desempleadas y desempleados en unos "delincuentes presuntos", en unos "defraudadores del Estado", cuya infracción se sanciona con la retirada del único medio de subsistencia que tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en paro: esto es, la prestación por desempleo.

No creo que el Sr. Ministro de Trabajo haya escogido por casualidad a los extranjeros y a los emigrantes retornados (españoles que, habiendo trabajado en el extranjero, tienen derecho a su vuelta al Estado español a un subsidio de dieciocho meses) como el primer objetivo de tales controles. Realiza la presunción -cuyo fundamento es claramente discriminatorio e inculpatorio- de que tanto los extranjeros como los españoles de nuevo acogida aprovecharán para irse al extranjero con las manos llenas y disfrutar de un derecho recien adquirido. Cabe preguntarse, si no pudiese pasar lo mismo con otros beneficiarios de prestaciones, españoles de viejo cuño, que también saliesen al extranjero con la recién obtenida prestación por desempleo. Pero, no obstante, todavía éstos no van a ser objeto de dichos controles, controles que lo único que persiguen es la búsqueda del Estado de ahorrarse dinero en el pago de prestaciones para personas que, sin embargo, han trabajado arduamente para cotizar en las arcas del Estado.

Ahora bien, si la normativa estaba vigente desde hace años, ¿qué es lo específico de dichos controles? Lo específico de tales controles es que requieren el pasaporte de extranjeros y españoles retornados para ver cuáles son las salidas y entradas al Estado español. Así, cual control de fronteras israelí, los trabajadores del INEM han de ver si efectivamente se produce una salida de más de quince días y si siendo en período inferior o igual a quince días, se comunicó o no. En caso de ser una salida por plazo superior a quince días o sin permiso, se extingue el derecho de prestación, generando una deuda del ex-beneficiario de prestaciones con la obligación de devolver toda la prestación.

Evidentemente, tal control inquisitivo tiene innumerables inconvenientes para los extranjeros en el Estado español, cuyas familias se encuentran alejadas a miles de kilómetros y cuyo derecho a reagrupar o a la emisión de una simple "carta de invitación" se está restringiendo cada día más. Es más que dudoso que, dado el precio de los billetes, ningún extranjero salga a su país por un período inferior a quince días para ver a los suyos. E, igualmente, cabe recordar que para la renovación de los permisos de residencia y trabajo, es necesario acreditar una suficiencia económica que, en el caso de este país de cuatro millones de desempleados (en las cifras oficiales), lo da una prestación por desempleo.

Por tanto, se da una doble consecuencia de tal control para los extranjeros: por un lado, el impago de prestaciones por desempleo a extranjeros que han ayudado a mantener las cotizaciones a la Seguridad Social y, por otro, la más que plausible futura ilegalización de inmigrantes "con papeles" cuyo destino irá a parar a los Centros de Internamiento para Extranjeros y la consiguiente expulsión.

Claro que tal contradictoria medida con la situación actual anunciada por el Gobierno de "superávit de la Seguridad Social" y de racismo institucional ayudará a criminalizar aún más a la inmigración y a crear en la sociedad del Estado español una conciencia aún más racista, más clasista y más reaccionaria: los elementos más necesarios para poder aprobar la próxima reforma laboral que abarata el despido y prolonga la edad de jubilación.

Estamos pues, ante una medida que maquillada de simple medida "administrativa", lo que hace es machacar al conjunto de derechos de trabajadores en general -generando más economía sumergida y bajando las cotizaciones a seguridad social ante la más que plausible ilegalización de inmigrantes- y a un sector de la población en particular, cuyo retrato social acentúa cada vez más la necesidad de este Gobierno de un chivo expiatorio...

¿Provocará la escalada de racismo institucional un fenómeno como el acaecido en el Sur de Italia bajo el Gobierno Berlusconi? A los hechos expuestos me remito...



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