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La crisis amenaza con enviar a la ilegalidad a los inmigrantes en paro


LR | Noticia |

La inmigración es una crisis en sí misma. No necesita una debacle financiera, un desplome bursátil, una caída del PIB. Pero si todo esto se produce, su crisis perpetua se ahonda. No hay flujo migratorio que no nazca de la insatisfacción, el atolladero, la depresión, y que no intente un desplazamiento hacia un escenario más próspero. Por eso la inmigración no cesa. Como mucho, varía su rumbo. 'La crisis -subraya Antonio Aguarón, subdirector xeral de Inmigración- afecta a todo el mundo por igual. En el actual contexto, con un mercado laboral restringido, las dificultades también las paga la inmigración'.
Los ciudadanos inmigrantes representan el 4,6% de la población empadronada en la provincia de Ourense. (Foto: XESÚS FARIÑAS)
Los ciudadanos inmigrantes representan el 4,6% de la población empadronada en la provincia de Ourense. (Foto: XESÚS FARIÑAS)

En el último recuento del Padrón, con fecha de 1 de enero de 2009, el número de ciudadanos extranjeros en Ourense se había incrementado un 11% respecto al año 2008, hasta quedar en 15.558 inmigrantes. Esto significa, según Víctor Iglesias, presidente de la ONG Terra de Acollida, que 'aquí tal vez no están del todo bien, pero están mejor que allí, en los países de origen, donde la situación es caótica'. Entre lo malo y lo caótico, se quedan con lo primero.
En la misma fecha, los extranjeros con permiso de residencia en vigor eran 12.781. Restados a los registrados en el Padrón, el resultado es el número aproximado de inmigrantes en situación irregular. Es decir, el 18%. Es de esperar que la crisis eleve este porcentaje. 'El proceso de entrada en la irregularidad se dará, entre otras razones, como efecto de la pérdida de empleo por parte de quienes tienen los papeles', afirma Miguel Fernández, presidente del Foro Galego da Inmigración. Antes o después, perder el empleo conducirá, si la crisis persiste, a 'la pérdida del permiso de residencia'. Porque aquellos que tramiten la renovación deberán acreditar un contrato laboral. De hecho, 'hay gente que ya está perdiendo el permiso. Lo que es un drama, porque en muchos casos les costó demasiado conseguirlo'.

El proyecto vital de todos los inmigrantes pasa por quedarse aquí. 'Prefieren aguantar la crisis, pagar sus consecuencias, antes que retornar', observa Miguel Fernández. Lógicamente no son inmunes a las acometidas de la crisis. 'Ellos poseen un problema que nosotros no: tienen menor capacidad de ahorro porque deben enviar remesas a los países de origen'. Aunque a la vez poseen otra ventaja: una mayor facilidad para adaptarse al mercado. No hallan inconveniente en 'cambiar de trabajo incluso a costa de cambiar de ciudad'.

La parálisis económica la sufren quienes tienen un trabajo legal, porque lo pierden, pero también los indocumentados, que antes 'hacían trabajos de economía sumergida, y ahora ni eso'. ¿Consecuencias? El ahogo. En Terra de Acollida, por ejemplo, si hace dos años atendían una media de 500 personas, ahora ya llega a 860. Cada vez son más los que acuden en busca de elementos de emergencia social, como ropa o alimentos.

Trece solicitudes de retorno voluntario

La crisis ha estado muy lejos de generar un proceso de retorno a los países de origen. 'Su objetivo es resistir como sea el embate de la falta de trabajo', señala el presidente del Foro Galego da Inmigración. Lo acreditan los datos. El Gobierno de España puso en marcha, en noviembre de 2008, un plan de retorno voluntario, con el objetivo de aumentar la protección de los trabajadores inmigrantes que deseen volver a sus países de origen. Con esta nueva medida podían cobrar por anticipado toda su prestación por desempleo y computar todas las cotizaciones realizadas en España y en su país de origen a efectos de su pensión futura. Según datos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno en Ourense, sólo se registraron 13 solicitudes de retorno, de las que seis fueron aprobadas.
A lo largo del año 2009 se tramitaron, según fuentes de la Oficina de Extranjería de Ourense, un total de 2.505 solicitudes de autorizaciones de residencia. También en 2009, se iniciaron 180 expedientes de expulsión de ciudadanos extranjeros, y realizaron 25 sustituciones de expulsión por sanción.



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