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División en el gobierno de Vic por las denuncias a 'sin papeles'

 · ELPAÍS.com

Joan López, concejal de Acción Social y Ciudadanía del Ayuntamiento de Vic (Osona) y portavoz de Esquerra Republicana (ERC), contradijo ayer al alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d'Abadal (UDC), al asegurar que el Consistorio no notificará a la Delegación del Gobierno los casos de inmigrantes irregulares empadronados. Preguntado sobre si el municipio enviará información al Estado español de inmigrantes sin papeles, López respondió que Vic seguirá siempre leyes "como la de la protección de datos".

La policía teme que se colapsen las oficinas de extranjería


En la presentación de la campaña electoral de ERC para las elecciones municipales de 2011, López reiteró: "aunque puede haber interpretaciones diferentes, lo que se ha estado haciendo se hará también hoy y mañana". El Consistorio, afirmó, puede pasar de forma esporádica información sobre sus ciudadanos al Gobierno central, pero nunca en relación con su nacionalidad, sino "por informes técnicos, como ya se hace".

En el origen de esta polémica está la respuesta dada por la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de CiU Ramon Tremosa sobre la legalidad de la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a extranjeros sin visado, en el sentido de que no es tolerable la inscripción de inmigrantes irregulares en el censo, porque o bien debe regularizarlos o expulsarlos.

Con este aval, el alcalde Vila d'Abadal dijo el viernes que comunicará "sin miedo" a la Delegación del Gobierno en Cataluña los casos de inmigrantes sin papeles. Se seguirá empadronando "a todo el mundo tal como pidió el Estado", añadió, pero a partir de ahora, y tras el respaldo de Bruselas, el municipio comunicará "sin miedo" a la Delegación del Gobierno los casos de inmigrantes en situación irregular.

López, sin embargo, matizó ayer la advertencia de la Comisión Europea (CE) se trata, en realidad, de un "recordatorio" al Gobierno central. Bruselas, indicó, quiso recordar que antes del 24 de diciembre de este año todos sus Estados miembros deben tener reguladas las competencias administrativas para identificar y resolver los expedientes de extranjería, cosa que, en su opinión, España no ha resuelto.

Por su parte, la Confederación Española de Policía advirtió del efecto dominó que podría derivarse de la postura del Ayuntamiento de Vic, que podría "colapsar" las oficinas de extranjeros. En un comunicado, la organización sindical sostiene que "existe un gran riesgo de que la medida genere entre los ayuntamientos catalanes el denominado efecto dominó y que estas denuncias lleven a los departamentos encargados de la lucha contra la inmigración irregular al borde del colapso". La nota insiste en la necesidad de dotar al Cuerpo Nacional de la Policía en Cataluña y a las oficinas de extranjeros "de más medios humanos ante la avalancha que se avecina".



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