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Fue compañero de José Luis Rodríguez Zapatero en el camino de la renovación ideológica emprendido dentro del PSOE con la corriente «Nueva Vía». En su primer Gobierno el presidente le hizo su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y al frente de este departamento rozó el pleno empleo y firmó leyes de Dependencia, Igualdad y Violencia de Género. Pero en abril de 2008 el PSOE ganó de nuevo las elecciones y su amigo el presidente cambió de planes. Le encomendó una tarea «de la máxima importancia», poner en marcha una fundación para renovar el pensamiento progresista, un «think tank» de la izquierda. Hoy, con los deberes cumplidos, se plantea otras salidas profesionales, que sopesará durante esta legislatura. También hoy reconoce que su relación con el presidente se ha enfriado.
—Muchas han sido las dificultades desde comienzo del año, pero ahora queda por delante un año complicado con huelga general de por medio el 29 de septiembre...
—Efectivamente, va a ser difícil debido a la situación económica, a una economía cíclica ligada a movimientos estacionales. Ahora lo que hay que plantearse es qué reformas hay que poner en marcha para que la situación se vaya corrigiendo. Respecto a la huelga, hay que respetar a quien la ejerce, a quien la convoca, pero creo que hay pocas razones, ninguna, para hacerla porque la situación ya es muy compleja.
—Sí, pero el presidente del Gobierno ha dado un giro de infarto en su política económica: insistió en que no reformaría el mercado de trabajo sin un consenso con los agentes sociales, y lo hizo; dijo que no tocaría las pensiones, y congeló su cuantía, y firmó un acuerdo salarial con los funcionarios y se lo saltó...
—Entiendo la preocupación de la opinión pública, pero la alternativa hubiera sido infinitamente peor. Quien está gobernando tiene que tomar decisiones. Si no se hubieran adoptado estas medidas probablemente este país lo hubiera pasado peor.
—El paro sigue siendo el gran problema ¿cómo solucionarlo?
—No es fácil. España ha aprovechado sus ventajas competitivas para impulsar el crecimiento económico, mediante la actividad turística, aunque genera menor valor añadido, y el desarrollo del sector de la construcción residencial, que ha sufrido muchos excesos, y ha repercutido en gran medida en la destrucción de empleo.
—¿Y la temporalidad?
—Cuando fui ministro de Trabajo se nos criticó por la precariedad de nuestro modelo laboral. Sí, es cierto, es un problema de la economía, pero también es un problema cultural, que es aún peor. Ya se pueden hacer todas las reformas que se quiera, que si los operadores, quien contrata y quien asesora, consideran que el contrato temporal permite flexibilizar la salida del mercado laboral, ya no hay solución. Espero que las sucesivas reformas lleven al ánimo de las empresas la necesidad de hacer este cambio cultural. De lo contrario, no hay solución.
—¿Usted hubiera planteado como ministro la reforma laboral?
—Lo que les puedo decir es que en 2006 intenté poner en marcha un programa de «bonus malus» en las cotizaciones al desempleo para que las empresas que generasen mucho gasto en desempleo pagaran más, es decir, encareciendo la temporalidad indebida o injustificada. No pudo ser. Procuré establecer medidas más estrictas del control del absentismo. No pudimos llegar hasta el final. Quise dar participación a las empresas con ánimo de lucro en la intermediación laboral que es indispensable. Tampoco pudimos. Ahora todo eso se está haciendo con el objetivo de encarecer el empleo temporal injustificado y reducir los costes del empleo estable.
—Con más de 4 millones de parados, ¿considera que una de las vías está en facilitar los despidos objetivos?
—¡Pero si la vía que utilizan las empresas es el trabajo temporal! Yo lo que quiero es cambiar esa cultura. ¿Qué es mejor: que la empresa pierda su posibilidad de futuro y cierre o que la empresa ajuste su plantilla de manera justificada? Hay que definir bien las causas objetivas para que haya un ajuste a la realidad. Esto no resta derechos a los trabajadores, sino que puede suponer salvar empleos. En mi opinión, late una cuestión cultural que es la que tenemos que cambiar y, para eso, hay que generar confianza. No se puede cambiar la desconfianza que proviene de ese análisis que es de carácter cultural que se ha ido asentando mientras todos los operadores piensen que el mercado laboral es rígido, y no vean que, en realidad es una flexibilidad mal utilizada. Hay que garantizar el futuro de las empresas sin que suponga una disminución global de los derechos de los ciudadanos.
—¿Y se va a conseguir?
—No lo sé. Si cambiamos la cultura sí. Es el camino. Los costes de la temporalidad injustificada en España son muy elevados. Hoy tenemos poca formación en los empleos, alta siniestralidad laboral, movilidad profesional limitada, costes ocultos para la empresa. No suponen beneficios y, por lo tanto, no son positivos para la persona, frustrada, que no puede desarrollar su proyecto de vida.
—La palabra clave parece ser confianza. ¿Genera confianza la economía española?
—Yo creo que ya ha pasado lo peor. Ahora hay una tendencia clara hacia la financiación de nuestro déficit público.
—¿Y la confianza extranjera en nuestras empresas?
—Yo creo que ha habido algún interés sobre todo con alguna empresa. Si alguna entidad española importante de este país en un año perdió en Bolsa una capitalización del 50%, se convierte en un dulce para su posible adquisición, lo que hubiera sido terrible para los intereses nacionales. He visto algunos movimientos especulativos en este sentido. Creo que eso se ha parado, aunque no canto victoria. Vamos a tener un último trimestre del año difícil, pero hay voluntad de reformas que se precisan y eso a medio y largo plazo será positivo.
—¿Son las pensiones una reforma ineludible?
—Efectivamente, por varias razones. Una, que la expectativa de vida es la segunda más alta del mundo, por detrás de Japón, incluso ha aumentado más rápidamente que Japón. Entre 1980 y 2000, la esperanza de vida de los hombres en España ha pasado de 70 a 79 años y en mujeres de 78 a 86. Es excelente. El crecimiento de población sigue al alza por movimientos migratorios, pero la tasa de natalidad es bajísima, no se ha recuperado, lo que no garantiza reposición generacional. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Las perspectivas son un tanto sombrías en relación con la evolución demográfica y un gobernante responsable lo tiene que decir. Si hay más expectativa de vida y si la tasa de mayores de 65 años va a pasar del 18% al 21% en diez años, es evidente que el modelo no se sostendría sin reformas. Lo más importante es conseguir un empleo de mayor calidad, que alivie los problemas financieros del sistema y mejore la perspectivas del ciudadano.
—Si usted ahora fuera ministro, ¿qué medidas pondría en marcha?
—Conseguir que se produjeran carreras de cotización completas, evitar periodos muertos de por medio y que no se comience a cotizar cuando a uno le conviene para conseguir una pensión. También desincentivaría las jubilaciones anticipadas poniendo límites, salvo en determinadas actividades. De momento, me conformaría con que la edad legal de jubilación (65 años) coincidiera con la real (63). Y, por último, mejoraría la contributividad, indispensable. Hay que adaptar mejor la pensión que se va a recibir a lo contribuido. también hay que eliminar el fraude. Todas estas medidas nos darían un respiro de bastantes años.
—El Gobierno se ha mostrado partidario de retrasar de 65 a 67 años la edad de jubilación.
—Bueno, tendrá que determinarlo el Pacto de Toledo, pero yo creo que la vía está en conseguir que, en términos reales, la edad de jubilación esté en 65 años.
—¿Es también el momento de reformar el sistema de prestaciones por desempleo?
—Hay empresas que jamás utilizan el sistema de desempleo y cotizan por él toda la vida y otras que lo utilizan en exceso. No es justo. Hay algunas empresas que con el desempleo consiguen rebajar el conjunto de sus costes laborales y esta situación hay que combatirla por bienestar y beneficio de todos. También hay que lograr que las políticas activas primen sobre las pasivas, que todo desempleado siga un itinerario formativo para encontrar un empleo. Yo me enfadaba mucho cuando era ministro de Trabajo porque cuando bajaba la tasa de paro no se reducía el gasto en prestaciones por desempleo. ¿Por qué? Porque existe una gran rotación, porque los empleos temporales no justificados rotan y eso genera gastos al sistema de protección por desempleo. Hay que proteger al trabajador, no tanto al puesto de trabajo para que siempre tenga una alternativa buscando otro empleo.
—Pero con cuatro millones de parados, mantener el sistema de protección por desempleo tal y como está diseñado parece difícil ¿hay que recortar cuantías y duración?
—No es la parte más importante. Si el Gobierno se ve en la imposibilidad de financiar el sistema siempre puede hacer ajustes, pero en la duración o en la rebaja de las cuantías no está el problema de fondo, el problema, como les decía, está en que el sistema se convierta para algunas empresas en un complemento económico para reducir gastos.
—Hablemos de impuestos. ¿Con quién está usted, con el ministro Blanco, que cree que hay que subir impuestos para tener mejores infraestructuras, o con Salgado, partidaria de dejar las cosas como están?
—Entiendo la prudencia del Gobierno porque nuestra estructura fiscal es, lamentablemente, muy cíclica. Las grandes fuentes de ingresos están directamente vinculadas a la situación económica, lo que no ocurre en todos los países europeos. Entiendo que un gobierno piense que si en un momento de dificultades económicas toca la estructura fiscal eso puede suponer un retroceso en la posibilidad de reactivación económica.
—¿Hay margen entonces para otra vuelta de tuerca a los impuestos?
—No se puede tocar más allá de lo que ha tocado. Ni IVA, ni Renta, ni Sociedades... salvo ajustes en materia de equidad. Cuando se salga de la crisis y si vamos a un modelo productivo distinto, habrá que hacer varios cambios.
—Háblenos de su propuesta.
—Sobre todo está enfocada a luchar contra el fraude fiscal, además de ir hacia un sistema más equitativo y tomar nuevas decisiones como gravar más los movimientos especulativos. En el futuro habría que ir a la imposición verde y no me refiero a subir impuestos, sino a primar a quien ahorre consumos energéticos. Y en el futuro para lograr la supervivencia de algunos servicios públicos habrá que establecer algunas tasas.
—¿Como el copago en la sanidad?
—No me refiero a eso, sino a servicios públicos, difíciles de mantener si no hay algún tipo de tasa que contribuya a su financiación.
—Es fiel defensor de las energías renovables pero ¿por qué reniega de la nuclear?
—Desde los años 50 nos vienen contando una quimera acerca de la posibilidad de conseguir la producción de electricidad mediante la energía nuclear sin coste alguno, y eso no es así, no ha avanzado en nada la tecnología en los últimos 60 años. Frente a lo que se dice, en el mundo hay 500 centrales nucleares y se están construyendo 30, pero se van a cerrar diez en los próximos diez años porque son muy caras. Sus costes ocultos los hemos financiado todos, además existe el problema de la proliferación y, como ocurre con Irán, se puede usar para finalidades muy peligrosas. Tampoco hay que olvidar la seguridad y los residuos. Los defensores de la energía nuclear no deben olvidar que cuando hay que poner un almacén nadie lo quiere ¿por qué? Podemos dar alternativas con las renovables y creo que es el mejor camino, aunque entiendo que haya lobbys que quieran defender sus intereses.
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