Los sindicatos mayoritarios concluyeron hoy los preparativos de la huelga general convocada para este miércoles en España, la primera que afronta este país desde 2002 y la primera que sufre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han recurrido a la huelga general, la séptima de la etapa de la democracia, para mostrar su oposición a la reforma laboral aprobada el pasado mes de junio.
UGT y CCOO consideran que esa reforma "abarata los despidos" sin contribuir a flexibilizar el mercado laboral, como pretende el Gobierno del socialista Zapatero, que desde su acceso al poder en 2004 situó las políticas sociales entre sus prioridades a la vez que mantuvo una buena relación con los sindicatos.
Los casi 15,5 millones de trabajadores asalariados existentes en España están llamados a un paro de veinticuatro horas este 29 de septiembre, día en que hay programadas más de 110 concentraciones y manifestaciones por todo el país.
Los sindicatos advirtieron hoy al Gobierno de que la huelga general no pondrá punto final a las movilizaciones, a menos que rectifique sus políticas económicas y sociales.
Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se mostraron hoy, en su último acto público antes de la huelga, convencidos de que el paro tendrá éxito.
Méndez destacó que la huelga servirá para que los trabajadores conozcan los efectos "mortíferos" de la reforma laboral.
Pese a la huelga, Zapatero, que el pasado fin de semana apostó por mantener el diálogo y la concertación con las centrales sindicales, asistirá mañana al Congreso (Cámara baja) para someterse a la sesión semanal de control al Gobierno.
El Ejecutivo dejó hoy claro su respeto tanto al derecho a la huelga como al que tienen los ciudadanos a acudir mañana a su puesto de trabajo, y aseguró que no entrará en una guerra de cifras con los sindicatos sobre el seguimiento del paro.
No obstante, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se declaró "lógicamente" preocupado por la huelga.
La huelga es vista como una prueba de fuerza no sólo para el Ejecutivo, sino también para los propios sindicatos, que convocaron el paro el pasado junio, cuando se presentó la reforma laboral, y a los que se reprocha haber tardado demasiado en hacer la protesta.
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El Gobierno aprobó la nueva ley con el fin de flexibilizar el mercado laboral español y acabar con la gran precariedad de muchos puestos de trabajo, aunque los sindicatos arguyen que la reforma no creará nuevos empleos, sino que abaratará los despidos.
España está inmersa en una grave crisis económica que ha elevado la tasa de desempleo al 20 por ciento de la población activa y ha obligado al Ejecutivo -presionado por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- a aplicar medidas austeras para rebajar el déficit, como la congelación de las pensiones
Aunque los sindicatos confían en que se produzca un respaldo "masivo" al paro, los sondeos de opinión hechos en España apuntan a que la mayoría de los trabajadores no secundará la huelga.
Más de 250 organizaciones han comunicado a los sindicatos su adhesión a la huelga general, y entre ellas figuran movimientos ecologistas y formaciones políticas de izquierda, así como asociaciones del mundo de la cultura y de la inmigración.
Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dijo hoy que esa organización -que representa a medio millón de trabajadores- rechaza la huelga general "porque es inútil" y porque su único efecto será "desgraciadamente el gran coste económico".
Este paro es atípico no sólo por haberse preparado con tanta antelación, sino porque es también la primera huelga general de la democracia en la que el Gobierno y los sindicatos consiguen pactar unos servicios mínimos en el transporte.
El acuerdo, por ejemplo, garantiza el 40% de los vuelos intercontinentales y el 20% con la UE, mientras que habrá igualmente servicios mínimos en los transportes ferroviario y marítimo.
La última huelga general que vivió España se remonta al 20 de junio de 2002, cuando UGT y CCOO convocaron un paro de 24 horas contra la reforma de la protección por desempleo aprobada por el Gobierno del conservador José María Aznar.
El Ejecutivo aseguró entonces que paró algo más del 16% de los trabajadores, cifra que los sindicatos elevaron al 84%.
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