España fue cuestionado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de Naciones Unidas sobre la posibilidad de la regularización de más de un millón de inmigrantes ilegales que se calcula viven en el país europeo.
Durante la revisión del informe del gobierno español sobre la discriminación racial, el relator y miembro del CERD Francisco Calitzai preguntó si se ha contemplado regularizar la situación de estas personas a quienes consideró vulnerables de discriminación en el país.
Otra de las principales preocupaciones de Calitzai y otros miembros del CERD es el de la precaria situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a los que se lleva a inmigrantes sin papeles y en donde máximo se deben quedar 60 días según la ley.
Calitzai subrayó que durante 2009 fueron internadas en los nueve CIE de España un total de 16 mil 590 extranjeros, de los cuales sólo ocho mil 935 fueron expulsados del territorio español y preguntó sobre la suerte de los restantes, “si siguen detenidos o ¿en dónde se encuentran?”.
De igual forma Calitzai preguntó sobre el número de inmigrantes irregulares que fueron detenidos en 2010 en los CIE y cuántos fueron expulsados.
Para el experto de la ONU la detención preventiva es “ilegal e injusta” por una falta administrativa y cuestionó si el gobierno español no considera esta medida como “desmedida”.
Asimismo, preguntó sobre la situación y el respeto a la dignidad de los detenidos en estos centros en donde la sociedad civil ha denunciado malos tratos, hacinamiento, separación de familias, falta de higiene y de servicios médicos.
Además señaló que en muchos casos los detenidos no tienen acceso a un abogado, a sus familiares, al juez o a intérpretes.
Por otra parte, el miembro del CERD habló sobre la situación vulnerable de las mujeres inmigrantes que no denuncian delitos relacionados a la violencia sexual, abuso, explotación, acoso y trata, entre otros, debido a que se les abre un expediente para después expulsarlas.
Calitzai preguntó a la delegación española encabezada por el representante permanente ante la ONU y organismos internacionales, embajador Javier Garrigues, sobre las medidas del gobierno para evitar conductas xenófobas y propaganda racista en la sociedad española.
El experto se refirió a denuncias sobre policías que llevan a cabo identificación de documentos basados en el perfil racial y preguntó qué hace el gobierno español para evitarlo.
Calitzai lamentó que no se tuvieran datos sobre la composición étnica de la población española, solamente se cuenta con datos del número de la población gitana, pero no de otros grupos raciales lo que sería enriquecedor para comprender los problemas de discriminación en el país.
El diez por ciento corresponde a los gitanos, pero es necesario tener números sobre otras minorías y cuántos son, señaló otro de los miembros del comité.
Al tomar la palabra otros de los 18 miembros del Comité demandaron a la delegación española proporcione cifras sobre la composición étnica de la población carcelaria lo cual consideran que es un dato clave para poder comprender cuáles son los grupos étnicos más vulnerables a la discriminación.
Finalmente, el relator para el reporte de España destacó que informes recibidos por el gobierno y los de la sociedad civil contrastan de tal manera que parece que hablaran de “dos países distintos” y lamentó que no se haya tomado en cuenta a la población civil para redactar el documento.
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