Ochenta organizaciones sociales, que piden la regularización inmediata de los inmigrantes ilegales, rechazan de manera "frontal" el Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado ayer, que amplía la protección de las inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien y estimula el retorno voluntario. Representantes de esas entidades aseguraron en conferencia de prensa que la norma acordada por el Consejo de Ministros es una nueva oportunidad "perdida" para avanzar en derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes, y no garantiza "su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad". También reprochan al Ejecutivo que no los haya escuchado, aseguran, ni que haya negociado el Reglamento. Por el contrario, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirma que la norma ha sido "dialogada" y sale consensuada "ampliamente" con sindicatos, empresarios y ONG, además de insistir en que se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo.
Rubalcaba destaca que se "alienta" el retorno voluntario al país de origen, en el sentido de que quien desee acogerse al mismo por quedar en paro "no pierda" los años de trabajo aquí, sino que "le contabilice a todos los efectos" si volviera a España por necesidades de mano de obra.
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