La repatriación voluntaria facilitará a la inmigración su regreso a España

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La repatriación voluntaria de los inmigrantes desempleados en España, con facilidades para que puedan retornar cuando remonte la economía, será incentivado por la Ley de Extranjería, cuyo Reglamento fue aprobado hoy por el Gobierno.

El Reglamento de esta Ley, aprobada en 2009 y vigente desde enero de 2010, es el articulado con los pormenores legales y la manera en que deben ser ejecutadas por la Administración las regulaciones relativas a asuntos como residencia, reagrupación familiar, contratación de trabajadores en origen o las infracciones a la Ley.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que el Reglamento "alienta" el retorno voluntario, de manera que el inmigrante desempleado que desee volver a su país "no pierda" los años de trabajo en España, sino que eso "le contabilice a todos los efectos" si regresa y "la economía, como parece, empieza a repuntar y se necesita mano de obra".

El Reglamento, dijo Rubalcaba, se basa en la relación entre inmigración y mercado de empleo y ha sido "ampliamente" consensuado con sindicatos, empresarios y ONG.

Para las personas que se acojan a los programas de movilidad y retorno voluntario habrá un procedimiento "más ágil y con más garantías", dice el Gobierno en una nota de prensa divulgada poco después de la aprobación del Reglamento en el Consejo de Ministros.

La figura del retorno voluntario implica no sólo la repatriación en el marco de un programa público, sino también "la posibilidad de beneficiarse de sus efectos si se hace al margen de éste".

La normativa de la Ley española de Extranjería facilitará el retorno mediante un procedimiento "más ágil" y mantendrá los tiempos anteriores de residencia "de cara a la eventual obtención de la tarjeta de larga duración".

El articulado del Reglamento establece, además, "mayor rigor, transparencia y objetividad" en los procedimientos, elimina la doble presentación de documentos y permite la presentación y la recepción de notificaciones a través de medios telemáticos, entre otras novedades.

Al comentar estas nuevas normas, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior dijo que "no es justo" que el inmigrante que ha contribuido al crecimiento económico de España "se vaya y nadie le reconozca que ha estado trabajando y se la equipare con aquellos que vienen por primera vez".

Otras disposiciones legales de la Ley contemplan que los inmigrantes que tengan a su cargo un hijo nacido en España podrán regularizar su situación gracias al denominado "arraigo familiar".

Con respecto a los hijos no nacidos en España de un residente, podrán ser reagrupados tras acreditar una permanencia continuada en el país de un mínimo de dos años, siempre que sus padres o tutores cumplan los requisitos de medios de vida y alojamiento.

En cuanto a la reagrupación familiar, un residente podrá pedir la residencia para su cónyuge siempre que no se encuentre separado y que el matrimonio no sea fraudulento; si se encuentra separado, sólo podrá reagrupar a su nuevo cónyuge, a sus hijos o los de su cónyuge o pareja, incluidos los adoptados, menores de 18 años.

También podrán ser reagrupados los padres o los de su cónyuge o pareja, cuando estén a cargo del residente, siempre que sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.

Por otra parte, el Reglamento de la Ley de Extranjería amplía la protección de las inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien su situación.

Hoy, coincidiendo con la aprobación del Reglamento, ochenta organizaciones sociales expresaron su "rechazo" a la normativa, que consideran una "nueva oportunidad perdida para avanzar en la protección de los derechos y libertades, deberes y garantías jurídicas de los inmigrantes".

Estas organizaciones dicen que el Gobierno socialista no garantiza a los inmigrantes "su dignidad, su derecho al trabajo y a ser parte activa de la sociedad", le reprochan que no les haya "escuchado" antes de redactar el Reglamento, y le critican por aprobar un texto que "no garantiza los derechos democráticos" de los inmigrantes.