La reforma de la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno en 2009 ha provocado un brusco descenso de las extradiciones de los inmigrantes ilegales que entran en España. La ampliación de los plazos para los trámites de devolución ha sido la clave.
En noviembre de 2009, El Ejecutivo sacó adelante la reforma de la Ley de Extranjería, impulsada por el ministerio del Interior dirigido entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba. El nuevo articulado establecía nuevos criterios para la expulsión de ‘sin papeles’ –sobre todo si habían cometido delitos después de entrar el país-, y ampliaba los plazos para tramitar la repatriación.
El objetivo del Gobierno era garantizar una mayor garantía en el retorno de los ilegales, para ampliar el número de salidas y mejorar las condiciones de las mismas, evitando posibles engaños en la tramitación de la vuelta. Sin embargo, los resultados ponen de manifiesto que se ha obtenido un efecto contrario al esperado.
Según datos manejados por el ministerio del Interior, y a los que ha tenido acceso El Confidencial Digital, la ley ha provocado que sólo el 9 por ciento de los inmigrantes que han entrado de forma ilegal en España hayan sido extraditados a su país de origen durante el último año. Este dato supone un descenso del 15 por ciento del número de las salidas realizadas antes de la reforma.
Además, desde que el PSOE entró en el Gobierno, el número total de repatriaciones ha caído un 74 por ciento, pasando de los 121.121 ilegales que volvieron a su país en 2004 a los 30.163 que se marcharon el año pasado. Consulte la tabla de repatriaciones durante esta década pinchando aquí.
Los plazos para tramitar la vuelta, clave
Las fuentes consultadas por este diario aseguran que uno de los principales motivos de que los ilegales no puedan ser repatriados a su país de origen es la ampliación de los plazos para tramitar su marcha.
Con la nueva Ley de Extranjería, la Policía Nacional tiene cinco días para saber la identidad real del ‘sin papeles’, ponerse en contacto con el consulado, y pactar su regreso con las autoridades del país del que procede el inmigrante.
Esas nuevas condiciones, explican las fuentes antes citadas, “son conocidas” por los países de origen y los propios ilegales, que “intentan retrasar el proceso para evitar la vuelta del ‘sin papeles’” ya que, acabado el plazo, los centros de internamiento deben dejar libres a los ‘sin papeles’ “a los que perdemos la pista nada más ponen un pie en la calle”.
Presencia de mafias en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes
Los centros de internamiento de ‘sin papeles’, además, aún no cuentan con un reglamento interno que lleva pendiente casi dos años, lo que ha provocado un “vacío jurídico” que ha favorecido la proliferación de mafias dentro de estas instituciones.
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El Confidencial Digital
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