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Las trabajadoras del hogar podrán cotizar

Periódico Diagonal

El pacto del Gobierno con los sindicatos mayoritarios es el primer paso hacia el fin del régimen de semiesclavitud en que viven muchas empleadas del hogar.

Las trabajadoras del hogar tendrán un contrato que estipule horario, salario, condiciones y derecho a baja desde el cuarto día de enfermedad. 26 años después de la creación del Régimen Especial de Empleados del Hogar, la plena equiparación de derechos de las trabajadoras domésticas con el resto de personas asalariadas del Estado español parece más cerca. El 26 de junio, Comisiones Obreras y UGT acordaban con el Gobierno la integración del empleo de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social dentro del Proyecto de Reforma de la Seguridad Social. El acuerdo entrará en vigor en enero del próximo año con un período de seis meses naturales para que los hogares se adapten a la norma, y se prevé que en 2019 las cotizaciones de las trabajadoras domésticas se equiparen plenamente a los salarios reales.

Las empleadas de hogar tendrán derecho a generar prestaciones como las pensiones y a baja por incapacidad temporal desde el cuarto día. La Seguridad Social pasará a cubrir la baja desde el noveno día (antes lo hará la persona titular del hogar que las emplee), en vez de hacerlo desde el día 25 como hasta ahora. Sin embargo, no tendrán derecho a paro y la indemnización por despido está todavía en discusión.

700.000 beneficiadas

Este es un gran paso en la lucha de las trabajadoras domésticas, ya que brinda derechos a un sector que se regía por condiciones de arbitrariedad y semiesclavitud, como han venido denunciando organizaciones como Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Territorio Doméstico o la histórica Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. El acuerdo beneficiará a más de 700.000 personas, en su gran mayoría mujeres inmigrantes. Según la Encuesta de Población Activa, un 91% de las 294.279 personas dadas de alta en el Régimen Especial en marzo de este año eran mujeres, el 61% de ellas extranjeras. La realidad supera con creces estas cifras: el empleo doméstico sigue siendo el nicho de la economía sumergida que permite a muchas migrantes mantener a sus familias aquí y en sus lugares de origen, y más en el actual contexto de crisis económica. Economistas como Amaia Pérez Orozco han documentado la transferencia del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados de las mujeres autóctonas a las migradas debido a la “irresponsabilidad social ante el cuidado de la vida”. De hecho, un estudio de 2008 del colectivo Ioé encargado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) constató que “por cada 1% que crece la tasa de inmigrantes en la población española, aumenta un 0,6% la tasa de actividad femenina” y “de los 12 puntos que aumentó la actividad femenina de 1996 a 2005, al menos cuatro se deben a la inmigración”.
Por cada 1% que crece la tasa de inmigrantes en la población española, aumenta un 0,6% la tasa de actividad femenina

Pérez Orozco se pregunta “con qué mecanismos de inspección laboral se va a cumplir el acuerdo”. Considera “una discriminación indirecta por sexo y una deficiencia gravísimas el no acceso a paro” y recuerda que sigue pendiente “una compensación por despido en caso de desistimiento del empleador”. En todo caso, apunta, “el Gobierno estaba obligado a hacer desaparecer los regímenes especiales” debido al Pacto de Toledo.

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