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España teme una nueva crisis migratoria tolerada por Marruecos

 - Público.es -

Los policías responsables de evitar la inmigración irregular han elevado al Ministerio del Interior su preocupación por el "evidente" repunte de la llegada de embarcaciones a las costas españolas durante el verano. En sus informes apuntan en una sola dirección: Marruecos. Y a una causa: la pasividad del reino alauí en evitar la salida de pateras de sus costas, en comparación con otros periodos.

Ceuta y Melilla constituyen el indicativo más preocupante. Interior informa, a través de las delegaciones del Gobierno, de las llegadas de pateras que se producen casi a diario, pero no ofrece cifras globales con el argumento de que la validez estadística se da en la comparación entre ejercicios completos. En todo 2010, la cifra de entradas irregulares a Ceuta y Melilla fue de 1.567. Según los datos a los que ha tenido acceso Público, desde el 1 de enero hasta ayer, ya alcanzan las 1.564. Atendiendo al ritmo de entrada en la suma de las dos ciudades autónomas 5,2 al día, en las próximas horas se superará el número de llegadas en situación irregular a Ceuta y Melilla de todo 2010.
Mauritania y Senegal sí han frenado la salida de cayucos a Canarias
El verano, recuerdan los expertos, es la temporada propicia para el intento de los más desfavorecidos por alcanzar Europa en precarias embarcaciones, debido a la tranquilidad que ofrecen las aguas. Pero a continuación destacan que este motivo también debería valer para los países del África occidental, cuyas costas fueron utilizadas a partir de 2006 por las mafias para introducir subsaharianos en las Islas Canarias. Sin embargo, esa vía ha remitido hasta casi desaparecer. La razón, añaden las fuentes consultadas, es la estrecha colaboración que ofrecen gobiernos como los de Mauritania o Senegal desde que España alcanzara con ellos acuerdos de cooperación, cumplidos satisfactoriamente por ambas partes.
La inmigración como arma

No ocurre lo mismo con Marruecos. El rey Mohamed VI ha utilizado tradicionalmente la inmigración como arma arrojadiza en las relaciones bilaterales. A veces, en clave interna, para distraer la atención de problemas domésticos y buscar un clima de cohesión frente al adversario español. En otras, para condicionar las negociaciones con el vecino del norte. Es precisamente un problema interno, las protestas de los jóvenes marroquíes por la precariedad en la que viven, el argumento que utiliza Rabat frente a Madrid para explicar la relajación de la vigilancia costera.
La situación ha empeorado desde la última reunión con el Gobierno marroquí
Esa fue la explicación que escuchó de primera mano el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, en su viaje relámpago a Rabat el 19 de julio pasado. El motivo de la visita fue la preocupación del Gobierno socialista por la permisividad detectada con la inmigración irregular en las últimas semanas y el temor a que esta se prolongue y las llegadas sigan creciendo hasta que el mar recupere por completo su bravura, allá por el mes de octubre.

Las autoridades del país vecino, que no dieron ninguna publicidad a la visita oficial de Velázquez, se comprometieron a reforzar el control fronterizo y excusaron la intensidad del flujo irregular en la necesidad de desplazar a sus Fuerzas de Seguridad a otros puntos del país, para contener las revueltas vinculadas con la Primavera Árabe. Los policías españoles se han preocupado por confirmar que es verdad, pero lo consideran una excusa insuficiente para lo que está ocurriendo. El fin de semana que siguió a la visita de Velázquez, sólo a Granada llegaron tres pateras con 137 inmigrantes, la gran mayoría subsaharianos. Desde entonces, la situación no ha mejorado. El Gobierno sopesa elevar el nivel de la próxima visita oficial para abordar el problema y que la delegación esté encabezada por el ministro del Interior, Antonio Camacho, según fuentes próximas al Ejecutivo.
Equilibrios en la relación
Los CETI de Melilla y Ceuta superan ya en un 30% su capacidad
La entrada más numerosa a las ciudades autónomas desde que comenzó agosto se produjo el pasado viernes, con 24 subsaharianos que intentaban acceder a nado a Ceuta. La presencia de una embarcación de la Gendarmería marro-quí, inusual en la zona, permitió contener a otros 40 subsaharianos. Estos gestos de las autoridades marrroquíes son interpretados como golpes de efecto por los agentes españoles desplegados en la zona.

El tortuoso camino en el que Marruecos convierte a menudo las relaciones bilaterales obliga a que el Gobierno español tenga que medir sus pronunciamientos y evite siempre utilizar el término "crisis". Un ejemplo de los equilibrios del Ejecutivo son las declaraciones el pasado jueves del delegado del Gobierno en Melilla, Antonio María Claret. "Marruecos y las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas hacen todo lo que pueden para contener la inmigración ilegal. Es cierto que a todos nos gustaría que hicieran más, que pusieran más empeño, pero Marruecos se comporta habitualmente con bastante colaboración", afirmó el representante del Ejecutivo central.

La mayoría de las personas que arriesgan sus vidas para alcanzar las costas españolas proceden de países sub-saharianos. El destino final de su viaje es la costa marroquí, donde las mafias las embarcan con destino a España. Los subsaharianos, previo soborno en ocasiones de los agentes marroquíes, se lanzan al agua o se suben a embarcaciones hinchables, de juguete. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo acuden a su rescate y, tras cumplir con los trámites legales, los inmigrantes son ingresados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La Unión Federal de Policía emitió un comunicado el pasado 2 de agosto denunciando que los agentes marroquíes "empujan al agua" a los subsaharianos para que los rescate la Guardia Civil.
Los CETI, desbordados

Aunque con capacidad para 550 personas, como máximo, el CETI de Melilla alberga ahora a unas 700. En Ceuta, la situación es similar. Fuentes policiales confirman que cada semana se trasladan a la Península entre 40 y 50 inmigrantes para aliviar la sobreocupación de las instalaciones, pero aun así los propios inmigrantes han denunciado que las habitaciones se llegan a ocupar por hasta diez personas.

El Gobierno de Felipe González firmó un acuerdo con Marruecos el 13 de febrero de 1992 que rige las repatriaciones entre ambos países. En él se indica que el país de donde hayan salido los inmigrantes de terceros países se hará cargo de la repatriación. Sin embargo, no llegan a la decena las ocasiones en las que Marruecos ha cumplido ese acuerdo a lo largo de las últimas dos décadas. Agentes españoles califican de "absurdas" y "surrealistas" las excusas que han llegado a presentar en las reuniones de trabajo las autoridades marroquíes para negar que una patera hubiera salido de sus playas, a pesar de las pruebas que se les presentaban.

En 2004, la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí comenzaron a patrullar juntos el Estrecho en aplicación de un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos, pero el pasado verano, durante la enésima crisis artificial, el Gobierno marroquí decidió suprimir esa colaboración. Los responsables de luchar contra la inmigración irregular echan de menos la efectividad de aquella iniciativa.

Fue en el cierre de esa última crisis cuando el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acordó la puesta en marcha antes del verano de 2011 de dos comisarías conjuntas, una en Algeciras y otra en Tánger. Ninguna de las dos ha comenzado a funcionar, ni está previsto que lo haga a corto plazo, a pesar de que España ha cumplido su parte y ya tiene designados a los agentes que va a destinar a la experiencia conjunta.

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